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Huelva es ya la provincia española con más caminos y vías pecuarias usurpadas

Huelva es ya la provincia española con más caminos y vías pecuarias usurpadas

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El pasado día 3 de julio tuvo lugar en el Parlamento de Andalucía las comparecencias de diferentes grupos sociales y ecologistas para exponer sugerencias y opiniones sobre la nueva Ley de Caminos Públicos que se quiere aprobar en Andalucía. Representando a la provincia Huelva, asistieron tres miembros de la Asociación serrana Los pies en la tierra, grupo que en la actualidad abandera la lucha por la recuperación de los caminos públicos usurpados.

En Huelva este asunto se ha convertido en un problema mayúsculo que ha provocado no pocos enfrentamientos y denuncias. Cabe recordar que en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche son más de 200 los senderos y veredas ocupadas ilegalmente y casi un millar en la provincia entera.

 

Diego Quintero, Rafael Navascués y Antonio Morano señalaron durante su comparecencia parlamentaria la importancia de esta ley y su aplicación inmediata, "ya que es un problema de magnitudes insospechadas, y no olvidemos que Huelva es la provincia con más caminos y vías pecuarias usurpadas de toda España, más que la suma de Aragón, País Vasco, Cataluña y Cantabria juntas".

La Asociación Los pies en la tierra viene denunciando desde hace tiempo los casos, tan destacados, de usurpaciones de caminos y vías pecuarias en Jabugo, Almonaster, Aracena, Puerto Moral y otros municipios, organizando manifestaciones, reuniones con los diferentes alcaldes de varios pueblos, con la delegacion de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, con la Fiscalía, etc.., para que se haga algo al respecto y se pongan medidas que pongan freno a las usurpaciones de vias pecuarias.

Según la Asociación Los pies en la tierra "esta ley, aunque, con algunas lagunas, obligará a los ayuntamientos a velar por sus caminos, y a que las denuncias de los ciudadanos sean más efectivas, ya que hasta ahora quedaban almacenadas en estanterías o simplemente no llegaban a las instituciones correspondientes por lo que los usurpadores campaban a sus anchas con total impunidad".

La Asociación insiste en que "la aprobación de leyes en esta materia, sin su posterior aplicación, no sirven de nada y quedan solo en papel mojado. Confían en que está vez no ocurra eso".

Con respecto a esta nueva normativa en tramitación, el Consejo de Gobierno de la Junta acordó manifestar su criterio favorable a la proposición de Ley de Caminos Públicos Rurales, presentada por el Grupo Socialista del Parlamento andaluz con el fin de cubrir el actual vacío normativo en relación con este patrimonio. El texto incluye disposiciones para clarificar las competencias de cada administración, identificar y catalogar la propiedad, y garantizar la conservación, la libre circulación, la compatibilidad de usos y el respeto a los valores naturales de las zonas por las que discurren las vías.

A juicio del Ejecutivo andaluz, la propuesta dotará de seguridad jurídica a un sistema viario fundamental para el desarrollo de las zonas rurales, que contará con una regulación propia del máximo rango y diferenciada de las leyes autonómicas vigentes para la red de carreteras y para los senderos.

De acuerdo con el texto, se consideran caminos públicos rurales aquellas vías de comunicación terrestre de dominio y uso público que cubren las necesidades de acceso generadas en las áreas rurales, bien dando servicio a núcleos de población o a los predios agrarios, ganaderos y forestalesTambién se incluyen los que están en desuso pero pueden ser recuperados, mientras que quedan excluidos los de titularidad estatal; los de servicio paralelos a carreteras y vías férreas; los privados, las servidumbres de paso en fincas particulares, y las calles y otros viales urbanos.

La regulación recogida en la propuesta se adapta a las funciones que actualmente cumplen los caminos, más allá de las tradicionales como vía de comunicación. En este sentido, se presta especial atención a su utilidad para el turismo rural, la gestión ambiental, las empresas de valorización de productos endógenos y otras actividades económicas emergentes en el medio rural.

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