El PSOE inicia en el Parlamento su lucha por recuperar fondos de la PAC
El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Jesús Ferrera va a defender este jueves en el Parlamento de Andalucía una Proposición no de Ley (PNL), impulsada por los socialistas, para instar al Gobierno central a que exija ante las instituciones comunitarias una PAC 2021-2027 con una dotación suficiente para garantizar tanto las ayudas a las rentas para los productores ganaderos andaluces y, por tanto onubenses, como la implementación de líneas de apoyo orientadas al mantenimiento de la actividad y a fijar la población al territorio. “Hablamos de ayudas a la incorporación de jóvenes ganaderos, de líneas para la modernización de estructuras productivas ganaderas y de infraestructuras de apoyo para esta actividad; a facilitar los caminos de acceso a las explotaciones; al impulso de medidas ambientales en la actividad ganadera; a la transformación y comercialización de las producciones ganaderas o a la promoción de producciones ganaderas andaluzas en los mercados comunitarios y extracomunitarios”.
Del mismo modo, el vocal en la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la Cámara andaluza ha señalado que se pide a las instituciones comunitarias que la PAC post 2020, “sea capaz de aumentar el peso de los productores ganaderos en la cadena de valor, especialmente los productores de leche, facilitando normas que mejoren la organización colectiva de los ganaderos y establezca un marco jurídico sobre competencia y cadena alimentaria, con reglas del juego claras y uniformes a escala comunitaria”.
En esta línea, Ferrera ha apuntado que hay que “exigir una nueva PAC que destine un presupuesto adecuado al relevo generacional en el sector ganadero”, que deberá ser un objetivo principal entre sus planteamientos. Por tanto, los socialistas “vamos a demandar a la Unión Europea la defensa del sector ganadero en los acuerdos de libre comercio, tanto en los vigentes como en los que se estén negociando, pidiendo a las producciones extracomunitarias los mismos requisitos zoosanitarios que cumplen nuestras producciones, protegiendo al sector frente a las posibles consecuencias comerciales de dichos acuerdos, y habilitando ayudas compensatorias justas y proporcionadas ante los posibles efectos comerciales que pudieran derivarse”.
“Todo ello se debe hacer pensando en atender las demandas del sector ganadero andaluz, mejorando las ayudas asociadas en los términos planteados en reiteradas ocasiones por el Gobierno de Andalucía. Y adoptar las medidas necesarias para que el Estado incremente las ayudas para la contratación de seguros agrarios, de manera que al menos se recuperen los niveles previos a la crisis, facilitando la contratación de seguros por parte de los ganaderos y ganaderas”, ha señalado Jesús Ferrera.
Asimismo, el parlamentario andaluz ha indicado que se debe incrementar el apoyo estatal para la erradicación de enfermedades del ganado, prestando atención prioritaria a las necesidades de Andalucía, especialmente vulnerable por ser frontera natural con el Norte de África.
En dicha PNL se contempla también que se debe llevar a cabo las modificaciones oportunas en la Orden HFP/335/2018 de 28 de marzo, por la que se reducen los índices de rendimiento neto aplicables al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, “de manera que se atiendan todas las solicitudes trasladadas por el Gobierno andaluz, dando justa respuesta a las necesidades del sector ganadero, afectado por la falta de lluvias, el coste del pienso o el descenso de los precios en origen de la leche”. Además, de realizar las modificaciones necesarias en el Programa Nacional de Desarrollo Rural para destinar los recursos de los que dispone el Gobierno de España a complementar la apuesta del Gobierno andaluz por la ganadería extensiva, con al menos los mismos recursos destinados por la Administración autonómica al Plan Director de la Dehesa y al Plan de Ganadería Extensiva.
Y, por último, habilitar las medidas necesarias para mejorar de forma efectiva las actuales condiciones de aplicación de la Política Agraria Común en las explotaciones de dehesa reconociendo sus importantes valores ambientales.
