Alájar abre expedientes de derribo a seis familias de la ecoaldea de El Calabacino

Desde hace 37 años los vecinos de la aldea de El Calabacino, en Alájar, levantaron sus viviendas y comenzaron a reconstruir el que había sido un importante poblamiento del siglo XIX, lo hicieron sin licencias en muchos casos, sin conectarse a la red de agua o saneamiento y propugnando un estilo de vida alternativo y ecológico.

Esas casas diseminadas en el ámbito rural se han convertido ahora con el tiempo, en 45 viviendas en un pueblo de 114 habitantes que utilizan una economía de autosuficiencia para sobrevivir, agricultura ecológica, energías renovables y pozos para extraer el agua, una oda a la vida rural que ellos califican de saludable y en perfecta armonía con la naturaleza, algo que ni la Fiscalía provincial de Huelva, ni ahora el Ayuntamiento de Alájar, consideran así.

Y es que recientemente la Fiscalía de Huelva ha presentado una denuncia en los juzgados de instrucción de Aracena contra la alcaldesa de Alájar, la socialista Carmen Osorno, por no haber actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la aldea El Calabacino.

Tras la imputación de la alcaldesa ya habría empezado a iniciar los expedientes administrativos llegando ya el primer expediente firme, relativo a una construcción reciente de 2015 una notificación de derribo que se llevará a cabo en aproximadamente un mes. Otras cinco familias ya han sido notificadas por parte del Ayuntamiento de la apertura del expediente y al tratarse en todos los casos de similares características, el destino parece que va a ser el mismo.

"El Ayuntamiento quiere colaborar con nosotros pero se ha visto forzado por las circunstancias" señala Cecilia Rodríguez, portavoz de los vecinos quién asegura que "ahora mismo hay una familia en espera de juicio, y a esa familia, por parte del ayuntamiento se le ha dado un plazo de un mes antes de llevar a cabo el derribo", algo que ha sido dicho a posteriori.

Al margen, explica la portavoz vecinal, existen otras 5 familias con un expediente abierto y que están en peligro inminente y se espera que lleguen órdenes similares para la mitad de las viviendas que se han llevado a cabo en El Calabacino, un total de 22 de las 45 existentes corren riesgo de caer bajo el peso de una excavadora.

Según ha aclarado Rodríguez, "nosotros hemos abierto la vía judicial y lo hemos dejado en manos de un abogado para que haga un estudio y prepare nuestra defensa que se basa en que no somos perjudiciales para el medio ambiente sino todo lo contrario por lo que hemos encargado informes de impacto ambiental, o de prevención de incendios entre otros".

La segunda vía que han abierto los vecinos de El Calabacino es la diplomática, aprovechando los planes urbanísticos que se están diseñando en la zona y que permitiría la recalificación y por tanto legalización de las viviendas.

Para ello, los vecinos apelan a la elaboración del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche y al propio PGOU del municipio de Alájar que también está abierto a modificaciones. Con ello, los vecinos han realizado dos propuestas que intentarán hacer llegar a la Consejería de Medio Ambiente, a través del Ayuntamiento de Alájar, para que la legalidad llegue a este ámbito. Estas peticiones se basan en la figura legal recogida por la Junta de Andalucía de habitat rural diseminado con una serie de requisitos que los vecinos dicen cumplir por lo que de recogerse así en los planes urbanísticos volverían a estar dentro de la normalidad.

Cecilia Rodríguez defiende el modelo de vida de la aldea como "muy respetuoso con el medio ambiente", por lo que, "lo que hay es una normativa obsoleta y hecha como una 'copia y pega' de otros parques naturales", pero nosotros "durante 37 años hemos estado aquí y nadie nos ha dicho nada, nos hemos implantado, hemos construido viviendas bioclimáticas y las denuncias so totalmente desproporcionadas" por lo que creen que lo que haya de ilegal "es perfectamente solucionable".

Una espiral para despoblar la Sierra

En las reuniones y preparativos de los vecinos han estado presentes miembros de la Fundación Savia, quiénes han dado su apoyo a estos vecinos y a su estilo de vida. El responsable de esta fundación, Antonio Aguilera, ha señalado que su fundación, trata de poner en valor lo rural y nuestra entidad nace y se dedica a respaldar desde la sociedad civil este estilo de vida que lucha contra el despoblamiento de las zonas rurales para que la gente que quiera permanecer pueda hacerlo de manera digna y bajo criterios de sostenibilidad y de convivencia".

Según Aguilera, en los últimos meses "nos hemos reunido con los vecinos que están muy preocupados y también y también con la gente del parque natural y con el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, para intentar aclarar la situación".

Aguilera asegura que es posible encontrar una fórmula para vivir en el medio rural y que estos vecinos, bajo criterios de respeto a la biodiversidad, durante estos años han recuperado los acuíferos, han hecho construcciones sostenibles y han utilizado energías renovables, no necesitan alcantarillado ni agua corriente e incluso en su tiempo libre han iniciado trabajos para rehabilitar el camino real.

El responsable de la Fundación Savia, entiende que los vecinos "están dentro de un parque natural  y la normativa es exigente, por lo que no se oponen al cumplimiento de la ley ni a las consecuencias que se puedan derivar de ellas", pero al mismo tiempo cree que hay espacio para el diálogo y para encontrar una solución.

"Hay que encontrar fórmulas para que la gente siga viviendo en el parque, es muy triste el despoblamiento, se ha comprobado que cuando desaparece el hombre, el territorio se ve perjudicado. Si ahora ponemos en marcha este proceso legal que impide que la gente viva aquí, podría afectar a muchos núcleos del entorno también, por ejemplo, si la gente del Calabacino se marchase, la escuela de Alájar tendría que cerrar y al mismo tiempo se cerrarían recursos sanitarios y de otro tipo", afirma Aguilera quién apunta a que se entraría "en una espiral absolutamente negativa que acabaría por cerrar pueblos enteros y si encontramos a gente que tiene ganas de quedarse y encima aportan un modelo sostenible y de autosuficiencia, mejor que mejor".

El responsable de la Fundación Savia apunta a que la Sierra "no puede ser un parque de atracciones para domingueros, estaríamos cometiendo un error histórico de bulto y la realidad es que los pueblos de la Sierra están perdiendo población y esto está llevando a graves problemas".

Por su parte, desde la Junta de Andalucía, aseguran que por respeto al proceso judicial abierto no van a hacer declaraciones sobre esta problemática.