Huelva Deporte votará no a todas las propuestas del club en la Junta del Recre
Una de las muchas incógnitas que presenta la Junta de Accionistas del Recreativo ha quedado despejada. El Consejo de Administración de Huelva Deporte SL ha acordado por unanimidad de todos los grupos municipales representados en su consejo de administración, rechazar todas las cuestiones económicas que se incluyen en el orden del día elaborado por el club.
La razón es que no se le ha remitido información o ésta es insuficiente. Así, en relación al examen y aprobación de las cuentas anuales del pasado año, los miembros de la empresa municipal entienden que para pronunciarse necesitan de una auditoria y mayores datos, ya que no hay aplicaciones sobre los resultados.
En referencia al examen y aprobación de la liquidación pendiente de la temporada 2014-2015, el Ayuntamiento tampoco ha recibido información ni auditoria, y lo mismo ocurre en lo referente al presupuesto de 2015-2016, del que hay un total desconocimiento.
Huelva Deporte ha decidido también no apoyar la validación de los acuerdos de las juntas generales, ya que no se tiene conocimiento de las actas. Y tampoco se dará el visto bueno a la situación patrimonial de la sociedad y la adopción de medidas procedentes, ya que no se ha facilitado al Consistorio el contenido de las mismas.
En cuanto al cese y nombramiento de nuevos asesores, la firma municipal votará en contra del mismo modo, pues no disponen de información para poder expresar opinión al respecto. Por último, Huelva Deporte se abstendrá en el punto relativo a la delegación de facultades al secretario del consejo del Recreativo.
Finalmente, se ha aprobado, con el voto a favor de todos sus miembros, apoderar al Presidente de Huelva Deporte, Antonio Ramos, para que acuda a la Junta general de Accionistas del Recreativo en representación de la empresa municipal.
El posicionamiento de Huelva Deporte, sin embargo, no evitará la aprobación de las medidas contempladas en el orden del día, pues la firma municipal sólo posee el 23% de las acciones, frente al 75% de los títulos propiedad del accionista mayoritario.
