lunes. 20.05.2024
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Opinión

La Policía Portuaria adscrita a la Junta denuncia su desamparo y desprotección

Los Policías Portuarios de la Junta de Andalucía denuncian carencia de medios de autoprotección eficaces y exigen mejoras en su trabajo. Se sienten desamparados.
Policía Portuario realizando servicios en solitario
Policía Portuario realizando servicios en solitario
La Policía Portuaria adscrita a la Junta denuncia su desamparo y desprotección

Los Policías Portuarios de la Junta de Andalucía, pertenecientes a la Consejería de Sostenibilidad, Medioambiente y Economía Azul, adscritos a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), a través de sus representantes sindicales, denuncian estar desempeñando sus funciones con la ausencia de reglamentación y medios de autoprotección eficaces. Al mismo tiempo, los servicios se realizan con una acusada carencia de personal y sin contar con una formación adaptada a sus necesidades.

Policía Portuario realizando los servicios en solitario
Policía Portuario realizando los servicios en solitario

Como Agentes de la Autoridad, los Policías Portuarios ejercen funciones de policía, vigilancia e inspección en los recintos portuarios de titularidad autonómica.

En los últimos años, y a consecuencia del incremento de la delincuencia en los puertos andaluces, el colectivo se encuentra en una situación de desamparo y abandono por parte de la Junta de Andalucía.

El hecho de carecer de una legislación propia que les permita actuar con efectividad, y a su vez proteja jurídicamente a los agentes en sus intervenciones, deja en entredicho el compromiso y la responsabilidad que los representantes políticos ocupan en estos agentes.

Así, la Dirección de Puertos de la Agencia Pública hace oídos sordos a la hora de asumir la obligación y responsabilidad de hacer cumplir escrupulosamente la legislación en sus puertos. Esta circunstancia deja en situación de indefensión a estos trabajadores públicos que se esfuerzan cada día en garantizar la convivencia en las zonas portuarias.

Es alarmante la desprotección con la cual prestan servicio estos profesionales. La mayoría de los agentes se encuentran desempeñando sus cometidos en solitario y sin ningún medio de autoprotección a su alcance.

La Agencia Pública, siendo competente en la materia, no les autoriza a portar defensa, ni grilletes, ni facilita elementos de protección individual tales como chalecos o guantes anticorte. A día de hoy, las patrullas entre instalaciones portuarias se realizan en turismos, no disponiendo de vehículos prioritarios para efectuar dichos servicios. Tal motivo supone un enorme agravio comparativo respecto de los Policías Portuarios de titularidad estatal. Queremos subrayar desde este sindicato que la criminalidad no entiende de organización territorial.

Asimismo, las políticas de eliminación de barreras y apertura de los puertos a los distintos núcleos urbanos o el aumento de la oferta de ocio y restauración no están acompañadas de ofertas públicas de empleo que ayuden a paliar las vicisitudes que este tipo de actuaciones generan a los agentes.

Debido a que una mayor afluencia en nuestros puertos genera una mayor criminalidad que es afrontada por el mismo número de efectivos.

De igual forma, el colectivo lleva reclamando durante años el poder recibir una formación actualizada y acorde a las circunstancias específicas de su profesión. En los puertos convergen, además de la propias al dominio público portuario, distintas normativas en conceptos tales como: medioambiente, seguridad vial, seguridad ciudadana, pesca, transporte, etc.. De tal manera, y como empleados públicos, solicitan incluir en el plan de formación del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública (IESPA) a todos sus agentes.

La Policía Portuaria de Andalucía reclama con diligencia ser oída por sus interlocutores políticos. En concreto, por el titular de su Consejería, Ramón Fernández Pacheco, para alertar sobre el déficit e intentar paliar las dificultades propias del colectivo. La situación es insostenible, alegan los representantes sindicales de la Agencia Pública de Puertos, y plantean tomar medidas en caso de que los responsables de la Administración Pública continúen ignorando esta situación.