Grave repunte de la violencia contra facultativos este verano: el fracaso del Plan contra agresiones del SAS
En Málaga, donde esta intolerable lacra ha alcanzado este verano unos niveles alarmantes, el 2 de junio una pediatra era amenazada de muerte por el padre de un menor ingresado en la UCI del Hospital Materno Infantil. Ese mismo día, en el Hospital Virgen de la Victoria, una enfermera recibía un puñetazo que la hacía caer al suelo. El lunes 31 de julio un paciente amenazaba con un arma blanca a la médica que lo atendía en las urgencias del hospital Virgen de la Victoria. Una paciente llegó a agredir en 24 horas a dos facultativos los días 31 de julio y 1 de agosto en los hospitales Costa del Sol y Virgen de la Victoria. Los días 13 y 14 de agosto, una médica embarazada fue agredida en dos ocasiones consecutivas, cayendo al suelo como consecuencia de un empujón en la segunda de ellas. El 19 de agosto, en las urgencias del Hospital Regional de la misma ciudad, dos individuos amenazaron de muerte a un médico y protagonizaron una reyerta cuando iban a ser detenidos por la policía.
La situación es particularmente preocupante en el hospital Virgen de la Victoria, cuya Junta de Personal va a iniciar una serie de concentraciones, la primera el próximo viernes uno de septiembre, para exigir a la dirección del centro la implantación de medidas de seguridad efectivas.
Las zonas de costa tienden a presentar un repunte de las agresiones en verano, como hemos constatado en la provincia de Málaga.
También en Huelva se ha producido este fenómeno. El 4 de junio, dos mujeres agredían física y verbalmente a los miembros de los dos equipos médicos que se encontraban en ese momento en el centro de salud de Isla Cristina. El 16 de agosto, un médico de urgencias y un técnico de ambulancias eran agredidos en el ambulatorio de Matalascañas.
En la provincia de Almería, el lunes 21 de agosto un médico sufría un insulto y una bofetada por negarse a ordenar un traslado en ambulancia en el Centro de Salud de Aguadulce Sur, en Roquetas de Mar. En esta ocasión, el agresor fue condenado a una indemnización de 120€, una multa de un mes a 5€/día, una orden de alejamiento y una condena de cárcel de 8 meses, que probablemente no llegará a cumplir. Por desgracia, unas sanciones insuficientes que difícilmente disuadirán a futuros agresores.
En la provincia de Granada se ha constatado un fenómeno similar, con numerosas agresiones este verano, alguna de ellas multitudinaria. En esta provincia, en el primer semestre del año se han producido, solo en el Distrito Granada-Metropolitano, 33 agresiones. 22 de ellas entre marzo y junio. En este Distrito se produjeron 47 agresiones en todo 2022, una cifra que al ritmo actual se verá ampliamente superada.
En la provincia de Sevilla, los datos oficiales muestran un incremento de las agresiones al personal sanitario de un 30% en el primer semestre del año, aunque el Sindicato Médico estima que al menos un tercio de las agresiones que se producen nunca se denuncian. La causa de este hecho es la ausencia de sanciones realmente efectivas a los agresores. El profesional que se expone a una represalia denunciando a su agresor, sufre un daño adicional cuando constata que la sanción es mínima o no se produce.
En la provincia de Córdoba no tenemos constancia de agresiones físicas este verano, aunque, según constatan nuestros delegados, las agresiones verbales son tristemente frecuentes y se producen en un ambiente de constante crispación.
En Bailén, en la provincia de Jaén, una agresión se produjo en un centro que contaba con solo tres facultativos de una plantilla de 11. El paciente no quería esperar su turno. Por desgracia, la falta de recursos crea un caldo de cultivo en el que las conductas agresivas son más frecuentes, aunque muchas de ellas no están relacionadas con retrasos en la asistencia.
Estos hechos demuestran que nos encontramos ante un problema de una extraordinaria gravedad que el SAS no está sabiendo atajar. La Junta debe asumir que el Plan contra las agresiones al personal sanitario no está siendo eficaz y adopte medidas contundentes para la protección de sus trabajadores y el castigo a los agresores.
¿Se imaginan qué pasaría si una sola de estas agresiones se hubiese producido en un juzgado o en las dependencias de cualquier sede oficial de la Junta de Andalucía? ¿Cómo es posible que hayamos normalizado las agresiones prácticamente diarias al personal sanitario? ¿Tiene que ocurrir una desgracia aun mayor para que la Junta se tome en serio este? ¿Cómo es posible que un paciente acceda a un centro sanitario con un arma blanca? ¿Cómo puede entenderse que uno de nuestros sistemas de protección consista en avisar a través del ordenador a los compañeros que se encuentran en las consultas adyacentes?
Los trabajadores sanitarios de la Junta de Andalucía nos encontramos desprotegidos ante los agresores y estos no reciben una sanción realmente disuasoria por atacarnos física o verbalmente. Resulta imprescindible reforzar los equipos de seguridad en las áreas más conflictivas, en las que incluso sería necesario instalar arcos de seguridad. Deben producirse los cambios arquitectónicos necesarios para que las consultas no se conviertan en ratoneras en las que el agresor se interpone ante la única escapatoria del profesional agredido. Es necesario que se produzcan cambios normativos y jurídicos que permitan sancionar con más dureza a los agresores, en muchos casos reincidentes.
Por último, es imprescindible que la Junta proteja y ampare sin paliativos a los profesionales agredidos. Para ello debería realizar denuncias de oficio contra los agresores y adoptar medidas para que las agresiones verbales tengan la consideración de accidente laboral y de atentado contra la autoridad. Ambas consideraciones se ven dificultadas por incomprensibles trabas formales relacionadas con la acreditación de “lesiones psicológicas” en el profesional agredido.
Por desgracia, aunque la Junta proclama su voluntad de proteger el personal sanitario de las agresiones, en la práctica se resiste endurecer el castigo a los agresores y a mejorar la protección física, administrativa, laboral y jurídica de los profesionales agredidos. Esta actitud, tibia hacia el agresor y negligente en materia de prevención de futuras agresiones, resulta cada día más difícil de explicar y se suma a las fuentes de desánimo y desapego de nuestros profesionales hacia el sistema sanitario público.
Comité Ejecutivo del SMA