sábado. 24.02.2024
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El gran fiasco del Plan Almonte-Marismas: tres décadas de incumplimientos políticos

El despacho De Vega y Asociados, que defiende los intereses históricos de los afectados por el Plan Almonte-Marismas, recuerda los grandes escollos y deudas impagadas a los agricultores hace décadas.
Parque de Doñana
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El gran fiasco del Plan Almonte-Marismas: tres décadas de incumplimientos políticos

El PP de Andalucía incumple los compromisos asumidos con los agricultores que se acogieron a la retirada en el plan Almonte Marismas. Así de tajante comienza su resumen de actualidad a raíz de los Acuerdos de Doñana.

Y explica que, la Junta de Andalucía ha celebrado públicamente y anunciado como histórico el acuerdo alcanzado con el Gobierno central, por el que se incentiva la retirada de cultivos en regadío en la Corona Norte de Doñana.

No obstante, este acuerdo ya tuvo un importante precedente en los alcanzados tras el Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socio económico sostenible del Entorno de Doñana de 1992, que dio lugar a la firma, el 27 de junio de 1997, de un acuerdo con los agricultores concesionarios de los subsectores II-11, II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte Marismas, por los que se preveía dos opciones, el acceso a la propiedad o la retirada de las tierras de cultivo.

En caso de optar por una u otra, los concesionarios debían cumplir distintas condiciones, acogiéndose la mayoría de ellos a la retirada, al ser imposible el cumplimiento de las condiciones para el acceso a la propiedad.

Concretamente 21 cooperativas y 11 agricultores individuales, que representaban 1.023,16 hectáreas, decidieron acogerse a la opción de retirada de tierras de cultivo, realizado una importante labor a favor del interés común, como fue la reforestación de las parcelas de las que eran adjudicatarios, una reforestación considerada ejemplar y que ha beneficiado considerablemente al entorno de Doñana.

Otro grupo menor, concretamente 8 entidades y 22 individuales, optaron por la continuidad, representando aproximadamente 445 hectáreas.

No obstante, una vez que cada cooperativa o individual decidió por una u otra opción, fueron alterados unilateralmente por la Administración las condiciones para la continuidad, permitiéndose el acceso a la propiedad sin cumplir la gran mayoría de los requisitos inicialmente pactados, mejorando claramente dichas condiciones para los acogidos a la continuidad. De haberse sabido esto, las entidades que se acogieron a la retirada hubieran optado, igualmente, por la continuidad, ya que sí hubieran podido cumplir los requisitos que finalmente les fueron exigidos a los acogidos al acceso a la propiedad.

Ante esa situación, los representantes de Cooperativas e individuales acogidos a la retirada de tierras de cultivos, han desarrollado, durante aproximadamente 20 años, una larga actividad reivindicativa que consiguió la aprobación por parte del Parlamento de Andalucía de cuatro Proposiciones no de Ley y una de Ley que instaban al Gobierno de Andalucía a la constitución de una comisión de trabajo a fin de buscar una solución definitiva al problema.

En este largo camino, han estado siempre apoyados por todos los grupos parlamentarios del Parlamento de Andalucía, excepto por el PSOE (que incluso se abstuvo en las últimas votaciones). Muy especialmente han sido apoyados por el Partido Popular de Andalucía, quien además de presentar varias de las proposiciones no de Ley y la de Ley, ha manifestado reiteradamente que si llegaban al Gobierno darían solución al problema, sin necesidad de aprobar ninguna proposición no de Ley, ni Ley.

Sin embargo, el Partido Popular de Andalucía, tras casi cinco años en el Gobierno de la Junta de Andalucía, sigue sin dar solución al problema, utilizando ahora los mismos argumentos que utilizaba en su día el PSOE y contra los que ellos venían reiteradamente luchando.

 

En definitiva, los acogidos a la retira de tierras de cultivo en los acuerdos de 1997, vienen siendo engañados desde el inicio de todo este proceso, fueron engañados cuando se les ofreció venir al plan Almonte Marismas, cuando se ejecutó el acuerdo para el abandono de las tierras, cuando se les prometieron soluciones, cuando se han aprobado las proposiciones de Ley y de no de Ley y las mismas no han llegado a cumplirse y, finalmente, se les ha engañado cuando se les dijo que de acceder el Partido Popular al gobierno se daría solución a su problema, sin necesidad -si quiera- de aprobación de ninguna Ley o proposición de Ley para, realmente, negársele esa solución, utilizando los mismos argumentos contra los que el Partido Popular ha luchado durante muchísimos años.

El propio Juanma Moreno, actual presidente de la Junta de Andalucía, apoyó reiteradamente dar solución a esta problemática cuando estaba en la oposición, pero ahora, una vez en la Presidencia, ignora las reivindicaciones de los únicos agricultores que, a día de hoy, se han retirado del cultivo en el entorno de Doñana y reforestaron sus tierras.

Se vuelve, por tanto, a olvidar a los concesionarios del plan Almonte Marismas acogidos a la retirada de las tierras de cultivo, cuando hubiera sido sumamente fácil incluirlos en los acuerdos ahora alcanzados, máxime cuando sus reivindicaciones se han cifrado en menos de 50.000 euros por hectárea, una cantidad ridícula para los miles de millones que se manejan en el acuerdo alcanzado.

Mucho nos tememos que estos acuerdos tendrán un devenir similar al de los de 1997 y, finalmente, el Gobierno autonómico -sea del signo que sea- los incumplirá y dejará a los agricultores, nuevamente, en la estacada.

No está de más recopilar acuerdos, proposiciones y pactos que hoy siguen de actualidad.

COMISIÓN DE REPRESENTANTES DE COOPERATIVAS E INDIVIDUALES, ACOGIDAS A LA RETIRADA DE TIERRAS DE CULTIVOS DURANTE AL MENOS 20 AÑOS EN LOS SUBSECTORES II-13, II-14 Y II-16 DEL PLAN ALMONTE-MARISMAS

(Con domicilio a efecto de notificaciones en el despacho DE VEGA Y ASOCIADOS C.B., sito en plaza del Punto nº 6, entreplanta derecha, 21003 HUELVA. Con mail: jurí[email protected] y Teléfono 619 223 625)

Los antecedentes del Plan Almonte-Marismas

El Plan Almonte-Marismas se declaró Zona Regable de Interés Nacional por Real Decreto 1.194 /71 de 6 de Mayo.

Una vez entregadas las parcelas a los colonos y cooperativas, se constata que los cultivos previstos no son adecuados para la zona, por lo que se adapta a cultivos intensivos, reduciendo la extensión de los lotes a 18 hectáreas aproximadamente en el Subsector II-17 y a 13 hectáreas aproximadamente en el Subsector II-9.

Dado que en la provincia de Huelva no había la suficiente iniciativa para que la formación de grupos asociativos se recurre a ciudadanos de otras provincias de Andalucía (Sevilla, Cádiz, Córdoba y Jaén) e incluso del País Vasco y de los Países Bajos, de donde se repatría a emigrantes.

Para conseguir personas suficientes para cubrir el total del Plan, se hacen un sinfín de promesas a través de Ayuntamientos y Centros de Capacitación Agraria, como dotarlos de equipo técnico, con campo de experimentación para orientar los cultivos que vayan acordes con la zona y que a su vez sean rentables en el mercado, equipo de profesionales que asesoren en la gestión, comercialización de las producciones, ayudas financieras tanto para las inversiones como para las campañas ya que se exigía en las bases del concurso de acceso a la tierra el ser pobres de solemnidad.

También se prometían viviendas para albergar a las familias de los cooperativistas asentados en la Zona, colegios para los niños, etc

Una vez captadas cooperativas suficientes para empezar a poner el proyecto en marcha, se comienza con los asentamientos en los Subsectores II-11, 13, 14 y 16. Esto se produce entre los años 1986 al 1989 y se consigue adjudicar un 60% aproximadamente de la superficie transformada. El resto de la superficie fue sacado a concurso público en años posteriores, quedando desiertos al no presentarse ninguna entidad asociativa.

Una vez asentadas las sociedades adjudicatarias, surgen abundantes problemas, motivados por el incumplimiento de las promesas en relación con asesoramiento técnico y comercial, viviendas, financiación, falta de infraestructuras como desagües, cortavientos, caminos interiores, naves-almacén, electrificación. Especialmente grave fue la falta de desagües y cortavientos que motivaron que en los primeros años se perdieran casi la mayoría de las cosechas por encharcamientos y voladuras de arena que producían deformaciones en la frutas.

Durante esos primeros años, los agricultores fueron endeudándose para paliar la falta de infraestructuras prometidas, hasta que el día 20 de septiembre de 1990, la Junta de Andalucía decide paralizar de forma provisional el Plan Almonte-Marismas, como actuación para la conservación del Parque Nacional de Doñana.

El día 29 de abril de 1991 se firma un Acuerdo, entre el I.A.R.A. y los Concesionarios del Plan Almonte-Marismas de los Subsectores II-11, II-13, II-14 y II-16 para dar viabilidad a sus explotaciones.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, nombra una Comisión Internacional de Expertos que realizará un estudio que dará lugar, en marzo de 1.992, al Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana,

En esas fechas el Gobierno de la Junta de Andalucía, nombra una Comisión Internacional de Expertos que realizará un estudio que dará lugar, en marzo de 1.992, al Dictamen sobre Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de Doñana, en el que en síntesis, recomienda y entre otros

  • Paralización de adjudicaciones.
  • Reubicación y no sobrepasar regadíos.
  • Alejar la agricultura del arroyo de la Rocina para evitar presión a los acuíferos.
  • El derecho de tanteo y retracto para la administración.
  • Las tierras que reviertan al IARA no deben ser de nuevo concedidas, sino es para uso cinegético.
  • Reubicación evitando el contacto con el PN. de Doñana y alejados del arroyo de la Rocina.

Ello conllevó la paralización de todos los Planes de Inversiones y desarrollo de Proyectos Empresarial-Cooperativos de todas las Sociedades de los Subsectores II-11, II-13, II-14, y II- 16, lo que provocó fuertes daños socioeconómicos para los cooperativistas, quienes mantenían importantes deudas avaladas por el IRIDA y por el IFA, iniciándose en muchos casos reclamaciones judiciales y embargos contra ellos.

Ante esta insostenible situación el Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 14, 15 y 16 de febrero de 1.995, aprueba la Proposición no de Ley 4-94/PNLP- 003306, relativa a las medidas para resolver los problemas de los colonos del Plan Almonte- Marismas.

Finalmente, se firma el Acuerdo de 27 de junio de 1997 entre la Consejería de Agricultura y la Comisión de representantes de los concesionarios de tierras de cultivos en los Subsectores II-13, II-14, II-16 y II-11 del Plan Almonte-Marismas, por el que se daban dos opciones a los agricultores o la Retirada de las tierras de cultivo durante al menos 20 años o el acceso a la Propiedad.

En caso de optar por una u otra, los concesionarios debían cumplir distintas condiciones, optando la mayoría de ellos por la Retirada al ser para ellos imposible el cumplimiento de las condiciones para el acceso a la Propiedad, concretamente 21 cooperativas y 11 individuales, que representaban 1.023,16 hectáreas, decidieron acogerse a la opción de Retirada de tierras de cultivo.

Otro grupo menor, concretamente 8 entidades y 21 individuales, optaron por la opción de la Continuidad, representando aproximadamente 445 hectáreas.

No obstante, una vez que cada cooperativa o individual decidió por una u otra opción, fueron alterados unilateralmente por la administración las condiciones para la continuidad, de forma que se permitió dicho acceso sin cumplir la gran mayoría de las condiciones inicialmente pactadas, mejorando claramente dichas condiciones para los acogidos a la continuidad, de forma que de haberse conocido dichas circunstancias, las entidades que se acogieron a la retirada hubieran optado, igualmente, por la continuidad, ya que sí hubieran podido cumplir los requisitos que finalmente les fueron exigidos a los acogidos al acceso a la propiedad.

La mayoría de los acogidos a la continuidad vendieron de forma casi inmediata y siempre antes del transcurso de 8 años que le exigía el acuerdo, o incluso en uno de los casos, se le autorizo la venta a un tercero, tres meses antes de obtener las escrituras de las tierras, concretamente, de las 8 entidades acogidas a la continuidad, han vendido 6, y de los 21 ex socios de entidades a nivel individual, han vendido todos.

Además, el acceso a la propiedad no se hizo de forma inmediata (lo cual era otra de las condiciones), sino que en muchos casos se demoró varios años, continuando los concesionarios en la explotación de las hectáreas inicialmente concedidas o en las hectáreas donde fueron reubicados, sin pagar canon alguno por ello, igualmente ocurrió, con las hectáreas que se habían adjudicados de más.

Esos incumplimientos y modificación por parte de la administración de los acuerdos inicialmente firmados solamente para los acogidos a la continuidad, ha generado importantísimos beneficios para los acogidos a la continuidad, con el consiguiente agravio comparativo originado a todos los acogidos a la retirada y el perjuicio económico generado a estos.

Se calcula que la diferencia entre las indemnizaciones percibidas por los que continuaron en la explotación y los que optaron por la retirada puede cifrarse en más de 50.000 euros por cada hectárea que tenían en concesión.

Ante dicha situación, los representantes de Cooperativas e Individuales, acogidas a la retirada de tierras de cultivos en los subsectores II-13, II-14 y II-16, del Plan Almonte- Marismas, hemos desarrollado una larga actividad reivindicatoria de aproximadamente unos 20 años.

La problemática a la que hacemos referencia ha dado lugar a que se hayan debatido y votado en el Parlamento de Andalucía, seis Proposiciones No de Ley y una de Ley, siendo aprobadas las cuatro últimas:

17-06-2009.- Proposición no de Ley 8-09/PNLC-000107, relativa al Plan Almonte Marismas. Proponente: G.P. PARTIDO POPULAR de Andalucía.

Votación: No fue aprobada.

23-02-2011.- Proposición no de Ley 8-10/PNLC-000302, relativa a reivindicaciones al Gobierno Andaluz de sociedades cooperativas del Plan Almonte Marismas.

Proponente: G.P. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA por Andalucía. Votación: No fue aprobada.

14-03-2013.- Proposición no de Ley 9-13/PNLP-000015, relativa al Plan Almonte Marismas. Proponente: G.P. PARTIDO POPULAR de Andalucía.

Votación: No fue aprobada.

21-05-2014.- Proposición no de Ley 9-14/PNLC-000119, relativa a la problemática de las Cooperativas de los subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte Marismas y propuesta de medidas compensatorias.

Proponente: G.P. IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES-CONVOCATORIA por Andalucía. Votación: Fue aprobada.

22-03-2017.- Proposición no de Ley 10-17/PNLC-000111, relativa a la reparación de derechos históricos defendidos por la Comisión de Representantes de Sociedades Cooperativas e individuales del Plan Almonte Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) acogidas a la retirada de tierras de cultivos durante al menos 20 años.

Proponente: G.P. PODEMOS por Andalucía.

Votación: Aprobada por la mayoría en Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, en sesión celebrada el 22 de marzo de 2017.

Dado que los gobiernos de la Junta de Andalucía hicieron caso omiso a las dos anteriores proposiciones no de ley, aprobadas por la mayoría de diputados del Parlamento de Andalucía, el Grupo Parlamentario del PARTIDO POPULAR de Andalucía, presentó la PROPOSICIÓN DE LEY 10-18/PPL-000010.- Relativa a la creación de una comisión de trabajo para solución de la problemática existente en relación a los agricultores y cooperativistas del Sector II, de Almonte-Marismas de Doñana que optaron por la RETIRADA de tierras de cultivo, en los subsectores II-13, II-14 y II-16 de dicho Plan Almonte-Marismas.

Dicha PROPSICIÓN DE LEY, se tramitó en el Pleno del PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, tras la sustanciación de las comparecencias de agentes sociales y trascurrido el plazo para la presentación de enmiendas a su articulado, se publicó el informe de la Ponencia designada en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y contaba con los apoyos de los Grupos Parlamentarios (PARTIDO POPULAR, PODEMOS y CIUDADANOS), que sumaban la mayoría, por lo que hubiera sido aprobada.

Por tanto, a dicha LEY únicamente le falto volver al Pleno del Parlamento Andaluz para su debate y votación, donde previsiblemente -como decimos- hubiera sido aprobada, cosa que no fue posible debido a la convocatoria electoral en Andalucía, anunciada el día 8 de octubre de 2018 por la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, la Excma. Sra. Susana Díaz Pacheco, para celebrar las Elecciones el día 2 de diciembre de 2.018 y, por ende, con la consiguiente disolución del Parlamento Andaluz.

Posteriormente, dos años y medio después de la composición del nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, sin conseguir abrir la Mesa de Negociación que tantas veces habíamos solicitado se votó la siguiente Proposición el 21/09/2021 la Proposición no de Ley 11- 21/PNLC-000075, relativa a solución a la problemática de los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivos”.

Proponente: G.P. UNIDAS PODEMOS por Andalucía.

Votación: Esta proposición no de ley fue aprobada por la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2021, con 12 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra.

El día 29 del mismo mes septiembre de 2021, esta Comisión de representantes, mantuvimos una primera reunión con el secretario general de la Consejería D. Vicente Pérez García de Prado, con la secretaria general Técnica de la misma Dª María Jesús Gómez Rossi y con D. Manuel Andrés González Rivera (Parlamentario por Huelva del Grupo Popular) y en ella se acordó, el más pronto inicio de las sesiones de dicha Comisión.

En la primera semana de marzo de 2022, el CONSEJO DE GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (Núm. Expte: 11-22/OAM-000013), a requerimiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, solicitó por escrito a todos los Grupos Parlamentarios la designación de los miembros para la puesta en marcha de la Comisión de Análisis Jurídico Legal, en relación a la Proposición no de Ley 11-21/PNLC-000075. (RF 3154).

Todos los grupos parlamentarios designaron su representante ante la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, para asistir y poner en marcha la constitución de dicha Comisión.

Según teníamos entendido, la citada Mesa de Negociación de la que tenía que salir una solución aceptable a nuestras justas reivindicaciones, estaba previsto que se formara cuando terminara la Semana Santa pasada del año 2.022.

Pero por desgracia para los acogidos a la retirada, la citada Mesa de Negociación no fue constituida, de nuevo, debido al adelanto Electoral en Andalucía, y con la consiguiente disolución del Parlamento Andaluz.

De cara a la nueva legislatura, en la que nos encontramos y a fin de obtener los apoyos necesarios que permitan solucionar la situación originada a los acogidos a la RETIRADA, se firmaron acuerdos con los diferentes partidos políticos. Curiosamente, aunque en anteriores legislaturas, el Partido Popular siempre firmó este tipo de compromisos en parecidos términos, en esta ocasión no quisieron firmarlo. Concretamente, se firmaron los siguientes acuerdos:

  • El día 12 de junio de 2022, con la coalición de partidos POR ANDALUCÍA.
  • El día 14 de junio de 2022, con el Partido CIUDADANOS ANDALUCÍA.
  • El día 18 de junio de 2022, con el Partido SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL ANDALUCÍA.

En dichos acuerdos firmados, entre otros, se fijaron los siguientes compromisos para esta legislatura:

  1. Debido al frustrado intento de dar una solución negociada a las justas reivindicaciones de los cooperativistas e individuales del Plan Almonte-Marisma acogidos a la retirada de cultivos durante al menos veinte años, dada la convocatoria adelantada de elecciones y, la consecuente ruptura de las acciones emprendidas desde la Administración, nos comprometemos a presentar de nuevo una Proposición no de Ley, tan pronto como se constituya de nuevo el Parlamento.
  2. Igualmente, en la Mesa de negociación que se abra apoyaremos para que se llegue a una solución política aceptable para las cooperativas e individuales afectados, concretándose la fijación de un importe por hectárea que haya de ser abonada para restituir el agravio comparativo del que han sido víctimas, y que, con arreglo a lo previsto en las normas y reglamentos vigentes de la Cámara Andaluza, se presentará la correspondiente proposición.
  3. Una vez compuesto el nuevo Parlamento autonómico tras la celebración de las próximas elecciones, y ante la determinación de este grupo político por dar una solución al problema al que se hace referencia y que aqueja a tantas personas durante tantos años, nos reiteramos en el compromiso expreso de interesar, de forma URGENTE, una «solución política» a la problemática originada que resarza a los cooperativistas e individuales de los Subsectores II-13, II-14 y II-16 del Plan Almonte-Marismas, del término municipal de Almonte, acogidos a la retirada de tierras de cultivos, afectados por los agravios y perjuicios sufridos, con el compromiso expreso de que se pueda llegar a un acuerdo que contemple el derecho a ser compensados económicamente por cada hectárea que tuvieron en concesión, a lo que tienen derecho, en virtud de la dispar aplicación del acuerdo firmado el 27 de junio de 1.997.

Una vez compuesto el nuevo de gobierno de la Junta de Andalucía, tras las Elecciones celebradas el pasado día 19 de junio de 2022.

El día 16 de septiembre de 2022, la Comisión de representantes de acogidos a la retirada de tierras de cultivos registró un escrito dirigido Excmo. Sr. Viceconsejero de la Consejería de agricultura, pesca, agua y desarrollo sostenible de La Junta de Andalucía, escrito presentado en la Delegación de Agricultura de Huelva. Con número de registro de entrada: 2022131500003375. Fecha registro: 16/09/2022.

En dicho escrito se solicitaba:

“SOLICITAMOS A ESA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO

SOSTENIBLE: Que, de la forma más URGENTE posible, se reactive y impulse desde esa Consejería la Comisión, en relación con la Proposición no de Ley en Comisión 11-21/PNLC- 000075”.

“Ello en orden a resolver definitivamente la reparación de los derechos HISTÓRICOS que tantos años venimos reclamando y que suponen una absoluta ansiedad en las más de 160 familias afectadas, de cooperativistas e individuales (unas 700 personas), acogidas a la RETIRADA de tierras de cultivos en los subsectores (II-13, II-14 y II-16) del Plan Almonte- Marismas, Sector II de Doñana”.

“Igualmente, y para tal fin u otras aclaraciones, le solicitamos que nos conceda una entrevista personal lo más urgentemente posible”.

A fecha de hoy 26 de junio de 2023, un año después, aún no se ha constituido la mesa de negociación, a pesar de las muchas promesas que en ese sentido se nos ha hecho.

Concretamente el día 7 de febrero de 2023, se nos dijo que se nos llamaría para reunirnos con la secretaria general de la Consejería de Agricultura, para ir preparando la Comisión de Trabajo, para ir negociando la solución.

Seguidamente el pasado día 9 del mes de marzo de 2023, se nos dijo por parte del Partido Popular que estaba preparada una nueva PROPOSICIÓN NO DE LEY para registrarla, pero que previamente debe tener el visto bueno de la Consejería de Agricultura (hasta dicha fecha la necesidad de una nueva PNL era un tema desconocido para nosotros).

Recientemente, se ha tenido comunicación verbal por parte de los representantes del Partido Popular en Huelva, donde se nos dice que por parte de la Consejería de Agricultura, en el sentido de que dicha comisión, finalmente no se va a convocar ni se va a presentar una nueva proposición no de Ley, desmarcándose el Partido Popular del apoyo y los compromisos adquiridos con esta Comisión y que llevan defendiendo veinticinco años.

Esto ha supuesto un durísimo revés para esta Comisión y nuestros representados, que no entienden como puede ser que un Partido político que nos ha apoyado continuamente, que ha defendido siempre nuestro intereses, que ha planteado varias proposiciones no de Ley, e incluso una proposición de Ley, defendiendo siempre nuestros intereses, ahora que gobierna y que tiene mayoría absoluta en el Parlamento, adopte la misma posición que tenía el gobierno Socialista e incumpla descaradamente las promesas que continua y públicamente ha venido realizando.

En síntesis,

Llevamos muchos años siendo apoyados por todos los grupos parlamentarios del PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, incluso, hoy en día también contamos con el apoyo del Partido Socialista de Andalucía que se abstuvo en la última Proposición (11-21/PNLC- 000075) y que ha firmado el acuerdo de intenciones el día 18-06-2022, con vistas a esta legislatura.

Son muchos años presentando y aprobando proposiciones no de Ley, e incluso de Ley, apoyando nuestros derechos y buscando de una vez por todas, una solución a nuestra problemática, solución que requiere determinar y fijar las indemnizaciones que nos corresponden, para finalmente, denegarnos esta justa solución.

Rueda de prensa de Manuel Andrés González (PP) con los cooperativistas
Rueda de prensa de Manuel Andrés González (PP) con los cooperativistas

En definitiva, llevamos siendo engañados desde el inicio de todo este proceso, fuimos engañados cuando se nos ofreció venir al plan Almonte Marismas, fuimos engañados cuando se ejecutó el acuerdo para el abandono de las tierras, hemos sido engañados cuando se nos han prometido soluciones, hemos sido engañados cuando se han aprobado las proposiciones de Ley y de no de Ley y las mismas no han llegado a cumplirse y, finalmente, se nos ha engañado cuando se nos dijo que de acceder el Partido Popular al gobierno se daría solución a nuestro problema, sin necesidad -si quiera- de aprobación de ninguna Ley o proposición de Ley para, realmente, negársenos esa solución, utilizando los mismos argumentos contra los que ellos han luchado durante muchísimos años.

En Huelva, a 01 de diciembre de 2023.

POR LA COMISIÓN – EL PRESIDENTE

Fdo. : Juan Gamero Egea.

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