Elección de directores/as : Una chapuza administrativa

En una Comunidad como la andaluza que presume con total impunidad de que no existen recortes en la Educación, no podían sino complicar las cosas y ser cómplices en este lento, pero incesante, deterioro de la educación pública. El más reciente ejemplo, que me temo no será el último, es el proceso de selección de directores y directoras en los centros docentes públicos no universitarios de Andalucía.

Tras tres años para la regulación de dicho proceso, conforme a la tan denostada LOMCE, el Decreto 153/2017 y la Orden de 10 de noviembre, han conseguido que a fecha 21 de mayo, sigan paralizados los nombramientos y todo ello debido a la chapuza normativa de la Dirección General “competente” y a la dejadez de aquellos a los que correspondía velar por el correcto procedimiento selectivo, que con toda seguridad, acabará en los Tribunales de lo contencioso administrativo.

Y era tan fácil como contemplar en el Decreto unos requisitos de los proyectos de dirección idénticos a los que la propia Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Innovación y Formación del Profesado de la Consejería de Educación ha exigido en el Curso de actualización de competencias directivas a quienes optan a presentarse a la dirección.……. Pues no, tan solo contempló como requisito formal que la extensión máxima no fuera superior a 50 páginas.

Nada sobre el tipo y tamaño de letra, márgenes superior e inferior, derecho e izquierdo, interlineado, espacios entre párrafos….etc Lo normal en cualquier convocatoria de proyectos o trabajo de fin de grado. Lo que parecía fácil de cumplir, lo ha venido a complicar todo… pero no sólo la culpa es de los candidatos y candidatas a la dirección que no han cumplido el requisito máximo de 50 páginas que establecía la convocatoria.

En efecto, la Orden de 10 de noviembre preveía que una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General competente en materia de gestión de recursos humanos procedería a comprobar, para cada solicitud recibida, que había sido presentada en plazo y conforme al procedimiento establecido, así como a verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la misma. Se ve que el significado de verificar no es claro y preciso, como tampoco debió de serlo el procedimiento de subsanación regulado en el art. 6.3 de la referida Orden.

Sin embargo, la incompetencia puesta de manifiesto es reiterada, ya que obviando su propio mandato, han admitido todo lo habido y por haber, no se ha subsanado y además “han delegado” ilegalmente en las Comisiones de Valoración para que sean éstas las que resuelvan el embrollo. Y cuando ya lo han liado todo y empiezan a llegar las reclamaciones, paralizan el proceso, y esto se va alargando y alargando, a la espera de que los servicios jurídicos se pronuncien.

Y yo me pregunto ¿ahora? Y ¿Sobre qué? ¿Acaso la Orden o la Ley de Procedimiento Administrativo no lo prevén claramente? ....los últimos movimientos de la Consejería parecen indicarnos por donde irá la solución: QUE SUBSANEN LOS PROYECTOS, UNA VEZ VALORADOS…y ya resuelto esto, lo que comúnmente decimos “cubierto el expediente”, nombrar a los candidatos y candidatas que no han reunido los requisitos.

Imagino que todo quedará finalmente igual, nombrarán como si no hubiera ocurrido nada, y los que no estén conformes, pues que recurran, que para algo la Administración litiga “gratis”. Siempre he sido y seré una firme defensora de la educación pública, gracias a la cual he tenido la oportunidad de aprender y formarme, pero con ejemplos como el narrado, me reitero en la triste convicción, de que la educación pública, SÍ, TAMBIÉN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN ANDALUCÍA, pasa por malos momentos, mientras los responsables ni si quiera tienen el valor para dar la cara.

Isabel Mª Román Calero