Cuidadoras de ayuda a domicilio en Huelva: así es la precaria situación que soportan las trabajadoras

Podemos Huelva desea salir al paso de las recientes declaraciones de la alcaldesa, Pilar Miranda, en los medios oficiales del ayuntamiento, en las que enaltece la labor realizada desde el servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia. Esta es una función que gestionan los municipios, con fondos procedentes de la Junta.

El ayuntamiento de Huelva ha externalizado el servicio a una de las multinacionales líderes del sector: DomusVi, y nos “vende” ahora las excelencias del trabajo realizado, con el curioso dato de que se han dedicado un millón de horas, durante un año, al cuidado a 3.500 personas. Más allá de que en el cálculo esbozado por la regidora, la cifra resultante no llega a cincuenta minutos diarios para cada usuaria o usuario, la realidad a la que nuestro grupo ha tenido acceso ofrece una estampa más bien desoladora.

Hablamos de un sistema cedido por el ayuntamiento a una corporación que busca ante todo el beneficio empresarial; una entidad que colecciona, por cierto, denuncias diversas por deficiencias en su cometido en todo el territorio nacional.

Nos encontramos, en primer lugar, con la exasperante tardanza en la concesión del servicio a las personas que lo solicitan. Conocemos diversos casos de personas que han fallecido sin que se les llegara a asignar una cuidadora (en femenino, porque por lo general son mujeres las que se encargan de esta función). En el mejor de los casos, han sido sus familiares las que han tenido (también en femenino) que renunciar a sus propios trabajos, o a todo su tiempo libre, para desplegar estos cuidados.

Independientemente del tiempo de asistencia que cada usuaria o usuario tenga asignado (en función de su grado de dependencia y su situación personal) a este se le restan quince minutos, en concepto de desplazamiento del personal.

La empresa adjudica tantos destinos, y en domicilios tan distantes, a cada trabajadora, que estas han de recurrir a este expediente de reducción del tiempo del cuidado.

Las condiciones laborales del personal no están a la altura de la ardua y exigente tarea que llevan a cabo: el sueldo base, a partir de cuarenta horas semanales, es escuetamente mileurista.

Si la trabajadora, de modo ajeno a su voluntad (v. g.: por fallecimiento o por viaje de la persona usuaria) no completa su horario de cada día, tendrá que saldar este déficit trabajando otras jornadas más allá de sus ocho horas, sin compensación económica.

De igual modo, si las trabajadoras sufren baja por enfermedad o indisposición, su sueldo queda penalizado, por lo que, dada la situación de pobreza en la que muchas se encuentran, no pueden dejar de asistir a las personas a su cuidado.

En otras ocasiones, las trabajadoras carecen de la cualificación necesaria para atender a personas que habitualmente son frágiles y se hallan en situaciones sanitariamente complejas (más allá de la excelente voluntad con la que la inmensa mayoría desarrolla su labor). Una actividad necesaria para que todas las personas, sin excepción, puedan conformar sus vidas con un adecuado bienestar y una irrenunciable dignidad.

Un servicio que debe formar parte de las prestaciones que un ayuntamiento social y democrático garantiza a la ciudadanía, sin dejarlo a expensas del afán de lucro de ningún agente privado. No hay tantos motivos para vanagloriarse, señora alcaldesa. Los derechos de la parte más vulnerable de nuestra población es lo que está en juego.

José Antonio González Soriano (Resp. organización Círculo municipal de PODEMOS).