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Carta abierta a las autoridades para que no autoricen otra balsa de lodos ácidos y metálicos en Huelva

La nueva balsa de residuos mineros tendría una vida útil de 15 años, una extensión de 90 ha (más de 180 campos de futbol) y una capacidad de 150 hm3 (mayor que el embalse de Aracena, con 128 hm3). Pone en riesgo la cuenca de abastecimiento de la presa de Alcolea.
Una de las balsas actuales de MATSA
Una de las balsas actuales de MATSA
Carta abierta a las autoridades para que no autoricen otra balsa de lodos ácidos y metálicos en Huelva

Con esta carta pretendemos que las autoridades competentes, así como el conjunto de la ciudadanía, tomen conciencia y sopesen con responsabilidad la trascendencia para el presente y el futuro de autorizar o no autorizar la construcción de una balsa de lodos mineros entre el Andévalo y la Sierra de Huelva, que solicita la empresa Sandfire-MATSA, concesionaria de la mina de Aguas Teñidas.

Una de las balsas actuales de MATSA
Una de las balsas actuales de MATSA

Dirigimos la petición a las personas con competencias directas en la autorización de tal proyecto, que son María del Mar Martín, María de los Ángeles Merino y Jacinto José Vázquez, presidentes de las corporaciones municipales de Cortegana, Cerro del Andévalo y Almonaster la Real, porque la balsa se situaría en sus términos municipales. Y a Lucía Núñez y Álvaro Burgos, Delegada y Delegado en Huelva de la Consejería de Economía y de la Consejería de Agricultura, porque también su decisión será determinante para el proyecto.

Los datos principales de la balsa, extraídos de la documentación que Sandfire ha entregado a la Junta de Andalucía, son los siguientes: tendría una vida útil de 15 años, una extensión de 90 ha (más de 180 campos de futbol) y tendría una capacidad de 150 hm3 (mayor que el embalse de Aracena, con 128 hm3).

Contendría lodos y aguas ácidas “no inertes y peligrosos” procedentes del tratamiento de los sulfuros masivos polimetálicos extraídos de Aguas Teñidas. MATSA vertería en ella, además de los lodos, reactivos diversos no especificados, por lo general también muy tóxicos. Como material aislante del fondo de la balsa tendría plástico (polietileno), y el muro de contención, que alcanzaría los 20 m de altura, aprovecharía material de las escombreras compactado.

Los terrenos sobre los que iría vierten a dos cauces, los barrancos Gonzalo y Tamujoso, ambos de la subcuenca del Oraque, afluente del río Odiel.

Nuestras razones para pedirles que no autoricen la obra son las siguientes:

Primero: se trata de residuos tóxicos y peligrosos, ya que los sulfuros polimetálicos, al extraerse del subsuelo -donde estaban en condiciones anóxicas-, interaccionan con el agua y el oxígeno y pasan con facilidad a estado líquido o gaseoso, siendo entonces biodisponibles, es decir, venenosos para la vida en general y para los seres humanos en particular, en los que, además, se bioacumulan y biomagnifican, por ocupar los últimos eslabones de la cadena trófica.

Segundo: los residuos permanecerían en nuestra tierra para siempre, pero no como “pasivos ambientales”, que es como, engañosamente, les llaman las empresas mineras, porque su toxicidad se mantiene activa por siglos, afectándonos ya a nosotros y constituyendo una gravosa hipoteca para las generaciones futuras. Sin embargo, MATSA solo se servirá de la balsa por quince o a lo sumo veinte años, abandonándola después. Su cortoplacismo queda de manifiesto en que su documentación refiere casi exclusivamente al período en que utilizarían la balsa, obviando lo que ocurriría tras el cese de actividad.

Pero las autoridades, a diferencia de la multinacional, tienen la obligación de velar por la preservación de los bienes fondo y no deben pensar a quince años vista, sino por un futuro posible y digno, para nosotros y para los que vendrán. Las compañías mineras ven el territorio solo como materia prima, como un recurso, pero los ciudadanos y nuestros representantes tenemos el deber moral y político de verlo ante todo como un lugar para vivir.

Tercero: La balsa tendría que estar vigilada y necesitaría labores de mantenimiento por décadas y siglos. Bastará un detalle para comprender esta necesidad: los lodos y aguas ácidas son altamente corrosivas, llegando a socavar en pocas décadas, por ejemplo, el cemento armado. Por eso los diques de contención de estas balsas se hacen con estériles compactados, lo que implica otros muchos inconvenientes, como las filtraciones y el riesgo de fractura. Y respecto del plástico aislante: ¿cuánto tiempo resistiría a la corrosión ácida?

Todo el trabajo de vigilancia y mantenimiento correría, tras el cese de la extracción, de parte del erario y ser arrostrado por los cargos políticos que sucedan a los que ahora tienen en sus manos la decisión. Suponiendo que la supervisión y labores de mantenimiento se ejecuten convenientemente, el sumatorio de los costes sería un buen monto, que no conllevará beneficio alguno para los paganos de las sucesivas generaciones. Sandfire, en pura lógica crematística, no ha incorporado estos costes futuros a su estudio de viabilidad, pero los poderes públicos deberían exigírselo. En verdad, el estudio de viabilidad de Sandfire constituye un caso palmario de privatización de beneficios y socialización de costes, además de una flagrante injusticia ambiental.

Si las labores de mantenimiento de la balsa no se hicieran bien, o dejaran de hacerse, en esa medida aumentarían la dispersión de polvo con trazas metálicas al entorno serrano y andevaleño, que absorberían las plantas, introduciéndose así en la cadena trófica; aumentarían las filtraciones y el drenaje ácido hacia acuíferos y ríos, en este caso hacia el Oraque, que desemboca en el Odiel poco antes de la polémica presa de Alcolea, que los regantes onubenses reclaman para sus frutales y berries.

Les pedimos por eso que se opongan a su construcción. Llamamos también a los vecinos de El Cerro, pues se abastecen del embalse del Tamujoso, aguas debajo de la balsa. Y a los pescadores de las ocho cofradías del Golfo de Cádiz, para que digan ¡basta!, porque ya hoy nuestra bahía es una de las principales receptoras de metales pesados de todos los océanos (https://theconversation.com/rios-tinto-y-odiel-el-principal-aporte-de-contaminantes-toxicos-de-origen-minero-a-los-oceanos-del-mundo-207566), y sabemos el creciente problema de metales pesados en el pescado que consumimos.

Cuarto. No sería descartable la rotura de la balsa y el desastre humano y ecológico consecuente. Se trata del mismo tipo que la siniestrada en Aznalcóllar o las aún más colosales de Río Tinto, ahora recreciéndose, a pesar de que diversos estudios alertan del riesgo creciente de su colapso (https://www.juntadeandalucia.es/sites/default/files/2022-07/Doc_1_INF_IGME.pdf, https://mesadelaria.es/huelva/wp-content/uploads/2021/09/EMERMAN_InformeRiesgoRotura_Mina_Riotinto_Revisado-sellado.pdf). O también de las siniestradas en Mariana y en Brumadinho (Brasil), y muchas más en el mundo. En España, solo desde 1960 se han roto 17 balsas de residuos mineros. El riesgo de rotura de estas construcciones aumenta con el suceder de los años, los movimientos del terreno y la sucesión de seísmos de escala pequeña o media, que provocan fracturas en la estructura. Ya no digamos la ocurrencia de un gran seísmo. Al respecto, las autoridades deben tener presente que el suroeste es un “polvorín sísmico” que ha padecido los terremotos y tsunamis más devastadores de la península Ibérica (file:///C:/Users/usuario/Downloads/ecob,+FITE0303110213A.PDF.pdf).

Quinta: porque, al contrario de lo que sostiene el lobby minero e industrial, más disponibilidad de metales y productos industriales no comporta necesariamente una vida mejor, sino que habría que hacer distinciones y sopesar qué se gana y qué se pierde, y quién gana y quién pierde qué bienes para una vida digna. Por tanto, no es verdad que más minería sea mejor.

Y sexta: porque las autoridades españolas tienen contraídas obligaciones formales con las generaciones futuras, recogidas en la Declaración sobre las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las Generaciones Futuras de la UNESCO, sancionada por España, que establece:

… Las generaciones actuales deben cuidar de que las generaciones futuras no se expongan a una contaminación que pueda poner en peligro su salud o su propia existencia.

Las generaciones actuales han de preservar para las generaciones futuras los recursos naturales necesarios para el sustento y el desarrollo de la vida humana.

Antes de emprender grandes proyectos, las generaciones actuales deben tener en cuenta sus posibles consecuencias para las generaciones futuras.

Por todas estas razones, pedimos a las autoridades concernidas que no aprueben la construcción de la balsa que solicita Sandfire-MATSA.

En Cortegana, a 30 de agosto de 2023

Félix Talego, Guillermo González de Canales, Jesús Maldonado, socios de Ecologistas en Acción Sierra de Huelva