El aviso de Podemos-Huelva sobre la situación de los migrantes en las zonas agrícolas

Podemos Huelva quiere expresar públicamente su denuncia de la situación intolerable en la que viven cientos de personas, trabajadores inmigrantes de los campos de frutos rojos de nuestra provincia, que se ha puesto una vez más de relieve ante las inundaciones producidas por las fuertes lluvias que se registran estos días.

El martes 21 saltó la noticia de que el ayuntamiento de Lucena del Puerto había acogido en dependencias municipales a jornaleros que habitan en el campo y se habían visto sorprendidos por el desbordamiento de un arroyo en la noche del lunes. Podemos Huelva ha contactado con Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, y nos ha confirmado que la actuación municipal se produjo a instancias de la Guardia Civil y la Cruz Roja, que habían intervenido, en el marco del Plan de emergencia decretado por la alerta naranja, en respuesta de una llamada al 112.

No es fácil imaginar la situación de angustia que en la oscuridad de la noche asaltó a esas personas que observaban como la riada amenazaba llevarse por delante sus escasas pertenencias y sus vidas.

A este respecto, el portavoz de Podemos en la capital onubense, José Antonio González, ha declarado: "Es indignante que la alcaldía de Lucena del Puerto saque pecho por una supuesta acción humanitaria que fue ordenada por la Guardia Civil y la Cruz Roja, ante el riesgo manifiesto en que se hallaban personas que se ven obligadas, temporada tras temporada, a pernoctar en mitad del campo. Si el sr. Regidor pretende realmente defender los derechos humanos, tiene que terminar definitivamente con el abandono en que se ven encuentran esos cientos de personas que contribuyen con su trabajo a la riqueza del municipio. Si quiere dotar de alojamientos dignos a los temporeros, puede hacerlo, en coordinación con la Junta de Andalucía y la Unión Europea. Solo necesita voluntad política para llevarlo a cabo."

Podemos Huelva llama la atención sobre la situación en que se hallan estos campamentos de trabajadores temporeros, en torno a los municipios de Lepe, Palos, Lucena y Moguer.

Nada ha cambiado en los últimos años respecto a una situación que el relator especial de Naciones Unidas calificó en 2019 como la peor que había visto en toda su trayectoria visitando campos de refugiados en todo el mundo.

A punto de comenzar la campaña fresera de 2025, cientos de trabajadores se aprestan a regresar a estos enclaves chabolistas. En el caso de Lepe, solo van a encontrar el campo raso. El plan de erradicación del chabolismo en esa ciudad ha destruido las infraviviendas, pero no contempla ninguna alternativa habitacional para el colectivo inmigrante. "Hablamos de una cifra cercana al millar y medio de personas que trabajan de forma irregular para extraer el oro rojo que sustenta la prosperidad de la comarca lepera. Los albergues, tanto el municipal como el que regenta Asnuci, solo dan cabida a unas doscientas personas. El resto tendrá, una vez más, que dormir en las calles y descampados de Lepe", ha comentado González. "Esta situación clama al cielo porque supone un desprecio a los derechos humanos totalmente inverosímil en un país europeo. Nos enfrentamos a un racismo que atraviesa a las autoridades municipales y a muchas vecinas y vecinos que se cierran en banda a alquilar viviendas a los inmigrantes, y para colmo el ayuntamiento les ha derribado las chozas en que malvivían".

Podemos Andalucía va a registrar de forma inminente una pregunta en el Parlamento de nuestra comunidad en torno al Plan andaluz de erradicación del chabolismo (EASEN), inquiriendo sobre las alternativas de vivienda digna para todo este colectivo. Los parlamentarios andaluces de Podemos (Alejandra Durán, Juan Antonio Delgado y José Manuel Gómez Jurado) proyectan personarse en los campamentos de la provincia onubense para denunciar su situación.

En la misma línea, la eurodiputada de Podemos Isa Serra, que visitó los campos la primavera pasada y se entrevistó con sus habitantes y con Pepa Suárez (como representante de los colectivos ciudadanos), denunciará esta situación ante el Parlamento europeo. Tanto la administración autonómica como la estatal tendrán que rendir cuentas de su inacción ante un problema que desafía nuestro modelo de convivencia como país y como sociedad.