Los trabajadores de prisiones de Huelva protestan por más seguridad tras una nueva agresión en Sevilla II
Funcionarios de La Ribera y del CIS se concentran para exigir protección y denunciar la escalada de violencia: Huelva ya es la tercera prisión más conflictiva de España.
Los trabajadores del Centro Penitenciario de Huelva, en La Ribera, y del Centro de Inserción Social (CIS) ‘David Beltrán Catalá’ se han concentrado este martes a las puertas de sus instalaciones para exigir más seguridad y denunciar la precariedad laboral que sufren. La protesta, convocada por CSIF y Acaip-UGT, se enmarca dentro de una movilización nacional tras la brutal agresión física y sexual que sufrió el pasado 8 de julio una psicóloga en el Centro Penitenciario Sevilla II (Morón) durante una entrevista individual con un interno.
Los sindicatos denuncian que este caso no es aislado. Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en los últimos dos años se han registrado más de 1.000 agresiones a trabajadores penitenciarios, lo que supone una media de una cada 16 horas. En este contexto, la prisión de Huelva se ha convertido ya en la tercera más peligrosa de España, con 23 agresiones registradas durante 42 episodios conflictivos solo en 2024.
“Estamos ante una escalada alarmante de violencia en las cárceles que pone en peligro la integridad física y psicológica del personal”, ha advertido CSIF, que exige una revisión urgente del sistema penitenciario. Entre las medidas reclamadas destacan la mejora de los protocolos de clasificación de internos, una mayor dotación de medios de emergencia y el reconocimiento del personal penitenciario como agentes de la autoridad.
Los sindicatos denuncian, además, que el agresor de Sevilla II tenía un historial de violencia y delitos sexuales, y pese a ello, permanecía en un módulo de respeto, lo que consideran un grave error de gestión penitenciaria.
La sección sindical de CSIF en Huelva ha lamentado también las carencias estructurales en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), con efectivos por debajo incluso de los servicios mínimos. “Hay días en los que un solo funcionario debe hacerse cargo de dos módulos sin apoyo, lo que pone en riesgo su seguridad”, denuncian.
A esta situación se suma, según los convocantes, la presión constante por parte de la Subdirección de Seguridad, que fiscaliza cada actuación de los trabajadores, dificultando intervenciones efectivas ante incidentes.
Los sindicatos insisten en que tolerar esta situación es “normalizar la violencia institucional” y vulnerar el derecho a un entorno laboral seguro. “Hoy hemos alzado la voz en defensa de nuestra dignidad y por un sistema penitenciario que garantice la seguridad de todos”, han concluido.
