Irregularidades en Giahsa sacuden la gestión del agua en Huelva… y el PSOE defiende la legalidad y transparencia en su etapa de gestión
La auditoría detecta falta de transparencia en algunas contrataciones en 2021 y el PSOE responde a las críticas defendiendo la gestión realizada durante la pandemia.
Giahsa, empresa responsable de los servicios de agua y saneamiento en la provincia de Huelva, se encuentra en el centro de la polémica tras una auditoría externa que ha señalado irregularidades en sus procesos de contratación durante el año 2021. El informe alerta sobre la ausencia de convocatorias públicas y deficiencias en los procedimientos administrativos, lo que ha generado inquietud entre instituciones y la opinión pública. Pese a estas críticas, la empresa ha reforzado sus servicios este verano, mejorando la limpieza de contenedores y manteniendo la calidad del suministro incluso ante situaciones de emergencia, como el reciente apagón eléctrico nacional.
En respuesta, el PSOE ha salido en defensa de su etapa al frente de Giahsa. Juan Antonio García, alcalde de Bonares y portavoz del Grupo Socialista en la Mancomunidad de Servicios y en Giahsa, ha calificado las acusaciones como “injustas, infundadas y descontextualizadas”, y recuerda que durante los años más duros de la pandemia se habilitaron mecanismos excepcionales para garantizar la continuidad de servicios esenciales. García asegura que “las contrataciones fueron excepcionales, proporcionales y ajustadas a derecho”, y que se impulsaron procesos públicos y transparentes para reducir la temporalidad en el empleo, con ofertas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia y convenios con el SAE para mejorar la difusión.
El portavoz socialista también ha aclarado que el informe al que se alude es un análisis parcial, encargado por la propia dirección anterior para optimizar procesos internos, y no una señal de ilegalidad. “Rechazo categóricamente cualquier intento de vincular nuestra gestión con prácticas contrarias a la ley”, afirmó, destacando que todas las decisiones se adoptaron bajo los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad, siempre con el objetivo de proteger el empleo y garantizar el servicio público durante la crisis sanitaria. Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad institucional para que la gestión de un servicio esencial no se convierta en “un campo de batalla política ni en una cortina de humo que perjudique a los ciudadanos”.
