Un informe del Consejo de Europa sobre explotación laboral agrava la crisis reputacional del sector fresero
Un informe que acaba de publicar el Consejo de Europa y que circula ya por todos los medios de comunicación continentales viene a agravar la crisis reputacional que vive parte del campo onubense ligado a los frutos rojos desde que estalló la ya conocida como 'crisis de Doñana' a raíz de la iniciativa parlamentaria de PP y VOX sobre el aumento de regadíos en la Corona Forestal.
Y es que ahora el Consejo de Europa critica la "inacción" de las autoridades españolas ante las condiciones en las que viven los trabajadores inmigrantes del sector de la fresa en Huelva".
El informe de evaluación de España publicado tras el análisis del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (GRETA) advierte de que, si bien la Administración española actúa contra la explotación sexual de mujeres y chicas, "se hace mucho menos para detectar e identificar a víctimas de otras formas de explotación, en particular la laboral".
Ya hace tres años el relator de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, hizo balance de la visita de dos semanas por España, en la que, según explicó, le dejó "pasmado" la situación de los recolectores de fresa en Huelva, que viven "como animales" mientras grandes empresas "ganan millones de euros". Fue el detonante de una serie de inspecciones internacionales que agitaron el sector.
En el caso actual, una delegación del GRETA realizó una visita del 4 al 8 de julio de 2022 a España y estuvo en las áreas de producción de fresas en Huelva. Momento en el que había 25 asentamientos en los que vivían casi un millar de inmigrantes. De ellos casi un centenar de mujeres, en su mayor parte sin papeles y procedentes de Marruecos, Mali y Ghana.
El Consejo de Europa señala nuevamente que no había acceso al agua potable ni electricidad en los asentamientos, y mucho menos condiciones de salubridad adecuadas, extremo que se pone de manifiesto tras cada incendio.
El informe resalta las denuncias de las ONG sobre explotación laboral y hasta llega a hablar de trata o abusos laborales, con salarios en algunos casos muy por debajo de convenio.
Las ONG también les alertaron de casos de mujeres que eran explotadas sexualmente en los asentamientos y podían ser víctimas de trata para su explotación sexual.
Ahora el el GRETA señala que los inspectores de trabajo no tienen mandato para ir a los asentamientos, operación que se deja en manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la encomienda de identificar residentes en riesgo, mujeres embarazadas o presencia de niños.
En el informe, el Consejo reconoce estar "profundamente preocupado por la inacción de las autoridades con esta situación humanitaria que dura desde hace años y genera elevados riesgos de tráfico de personas".
Los expertos del Consejo de Europa señalan que hay graves carencias de inspectores de trabajo y hasta dice que no están suficientemente formados para detectar la trata de personas.
En su respuesta, el Gobierno español asegura que las autoridades "están extremadamente preocupadas con la situación en lugares con un riesgo potencial de víctimas de trata de personas, como los asentamientos informales de migrantes en Huelva".
Por eso en la provincia de Huelva han aumentado las inspecciones laborales preventivas en los últimos años. En concreto, se ha pasado de 57 en 2018 a 119 en 2019, 111 en 2020 (ejercicio afectado por la crisis de la covid), 250 en 2021 y 329 en 2022.
