Solicitan al Ayuntamiento de Huelva nuevas exhumaciones en La Soledad
La labor de los colectivos memorialistas sigue siendo fundamental para la recuperación de la dignidad de cientos de represaliados onubenses tras el inicio de la Guerra Civil. Un nuevo ejemplo de este trabajo impagable está en el colectivo Por la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, quien ha respaldado la lucha de Concha Martín Pérez para recuperar los restos mortales de su abuelo, Miguel Martín Moya, natural de Aracena y asesinado en 1937.
Desde finales de agosto, han unido sus esfuerzos a los de la nieta de Miguel, para solicitar formalmente al Ayuntamiento de Huelva que inicie los trámites para averiguar si el cuerpo del aracenense se halla en una de las fosas comunes del cementerio de la capital.
Aunque nada podrá compensar el sufrimiento de la familia, especialmente los llantos de Carmen, la esposa de Miguel, ya fallecida, al menos se pretende desvelar el final del patriarca de la familia, darle merecida sepultura y el homenaje por sus desvelos hacia los vecinos de Aracena, que le llevaron a la muerte hace ahora ochenta y cuatro años.
La historia de Miguel Martín Moya es similar a la de tantos onubenses que lucharon por sus ideales y que fueron represaliados a partir del Golpe de estado contra la Segunda República Española.
Siguiendo la investigación realizada por Concha Martín y por el colectivo Por La Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, podemos conocer que fue hijo de Manuel y Eduarda, era conocido cariñosamentecomo ‘Mazmarrito’, y nació el 22 de diciembre de 1901 en la localidad onubense de Aracena. De profesión zapatero y campesino, contrajo matrimonio con Carmen Aguilar Torres, natural de Segura de León (Badajoz), con quien tuvo dos hijos, Manuel y Emilio. A su segundo hijo no llegó a conocerlo, ya que nació cuando Miguel ya había sido detenido y sus captores no permitieron nunca que su esposa se lo llevara a la prisión para conocerlo.
Fue miembro de la Sociedad de Obreros, Campesinos y Artesanos, perteneciente a la Federación Española de Trabajadores de la Tierra, de la que llegó a ser su secretario en Aracena. Miguel, a decir de vecinos y familiares, fue un hombre bueno, culto, humilde y sencillo, aficionado a la lectura, al teatro y a la música. Le gustaba acompañar a su hijo Manuel al fútbol y formaba parte de la Banda de Música Municipal de Aracena, en la que tocaba el clarinete. Sensible a la problemática de su entorno, forjó fuertes convicciones e inquietudes sociales, que le llevaron a hacer frente como mejor entendió a las enormes necesidades que sufrían obreros, jornaleros y campesinos.
Esa lucha por intentar mejorar las condiciones de vida de sus vecinos le llevó a suscribir el primero de Mayo de 1936, con motivo del Día del Trabajo, un manifiesto en el que se solicitaban al Ayuntamiento de Aracena una serie de medidas para paliar la desesperada situación de los obreros y campesinos de la comarca. El escrito fueigualmente firmado por otros representantes de los movimientos políticos y sociales del momento, como Rafael Aguilar Morillo, presidente de la Agrupación Socialista de Aracena o Marcelino González Romero, presidente de las Juventudes Socialistas.
Del análisis de su expediente judicial se deduce claramente que el motivo por el cual fue detenido y posteriormente asesinado es haberse atrevido a exigir esas mejoras que necesitaban sus paisanos. Algunas de ellas eran tan elementales como prohibición de la usura, disminución de las rentas abusivas, extensión de los créditos agrícolas, revisión de las leyes de arrendamiento y desahucio, construcción de viviendas sociales tanto urbanas como rurales, jornadas de trabajo de cuarenta horas semanales como máximo, auxilio y ayuda urgente a los desempleados de larga duración del pueblo, instauración de un jornal mínimo, creación del delito de envilecimiento del salario, construcción de escuelas primarias, ayudas a la juventud obrera para el acceso a la universidad y formación profesional para los jóvenes del pueblo.
Antes de la llegada de las tropas fascistas fue miembro del Comité de Defensa de Aracena, desde el que ayudó a aliviar la precaria situación de muchos vecinos de la localidad, repartiendo víveres y suministros que empezaban a escasear. El comité fabricaba pan para la población, instaló una cocina pública con comedor y repartió carne en la plaza de abastos, bajo el control también del sindicato.
Pero, ante la inminente entrada en la población de los elementos de la columna Redondo, el 19 de agosto de 1936, para salvaguardar a su familia tal como así declararía él mismo en el juicio, Miguel huyó en compañía de su primo Manuel Martín y de los también vecinos de Aracena, Lorenzo Álvarez Ortega, Bautista Ginés, Francisco Navarro y José Pastor Domínguez.
La llegada de las tropas golpistas a Aracena dejaba escasas opciones de huida y el territorio más cercano sin su presencia era el sur de la provincia de Badajoz y las zonas limítrofes. En un principio, se refugiaron en el pueblo de Cañaveral de León y de ahí partieron a Fuentes de León, hasta que, ocho días antes de entrar los fascistas en la localidad, volvieron a huir, esta vez a la Sierra de Hinojales. Allí se separaron y Miguel, junto con su primo Manuel, Lorenzo Álvarez y José Pastor, se refugiaron en la Sierra de Carboneras, donde se les unió Cayetano Ginés.
Estuvieron escondidos por las sierras onubenses y por el sur de Badajoz, evitando los piquetes de los sublevados y probablemente buscando alguno de los corredores organizados en la retaguardia para cruzar la frontera portuguesa.
En ese entorno estuvieron Miguel y sus compañeros hasta el 1 de marzo de 1937, día en el que, alertados por confidentes de la posible presencia de rojos huidos por la zona, la Guardia Civil, acompañados de un piquete de Carabineros y otro de Falange Española, organizaron una batida en su busca, dando con el grupo en el lugar conocido como ‘Cuatro Vientos’. En la detención, resultó muerto su primo Manuel y detenidos Miguel, junto con Lorenzo Álvarez y José Pastor. Tras abandonar el cadáver del familiar en el cementerio de la aldea de Carboneras, fueron encerrados en la prisión preventiva de Aracena, para ser trasladados el 4 de marzo de 1937 a la prisión provincial de Huelva, a la espera de ser juzgados en el Consejo de Guerra número 185, cuyas actuaciones se iniciarían rápidamente el 15 de marzo siguiente.
Durante el proceso, en ningún caso quedaron suficientemente demostradas las acusaciones que se vertían contra Miguel Martín, como fueron la de participar en las detenciones y custodias de “personas de orden” tras el Golpe de estado, la de encabezar el asalto a la finca Monte San Miguel, propiedad de la familia Sánchez Dalpcon el objetivo de apoderarse de las armas que allí había, la de participar en el asalto a la casa cuartel de la Guardia Civil de Aracena o en los hechos y daños sufridos en la Ermita y en la imagen de San Roque.
En un proceder extensible a la práctica totalidad de los procesos, los delitos achacados al reo no fueron probados, ni tampoco tenidas en cuenta las acciones que Miguel llevó a cabo durante el citado asalto a la Casa Cuartel, para garantizar la seguridad del capitán de la misma, Manuel Cuadrado Díez, haciendo incluso personalmente guardia en las inmediaciones para que nada le sucediera ni a él ni a su familia. O la protección que también prestó a la esposa del Guardia Civil Damián García, que había quedado sola en la calle durante aquellos disturbios y a la que protegió y consiguió reunir con sus hijos, que ya estaban refugiados en otra casa. También queda constancia en el atestado queMiguel impidió el almacenamiento de explosivos en la sede de su sindicato por parte de un grupo de mineros que habían llegado al pueblo, seguramente evitando así males mayores en la localidad.
Ninguno de estos argumentos exculpatorios tuvo éxito, por lo que el 5 de abril de 1937 se dictó sentencia contra Miguel Martín Moya, Lorenzo Álvarez Ortega y José Pastor Domínguez por rebelión militar, siendo condenados a muerte. En cumplimiento del veredicto, el 13 de abril de 1937, a las 5:30 de la mañana, Miguel, Lorenzo y José fueron fusilados en las inmediaciones del cementerio onubense de La Soledad por seis números de la Guardia Civil con un sargento a su mando, siendo después arrojados sus cadáveres a una de las la fosas comunes allí existentes, concretamente la ubicada en el patio San Antonio de Padua.
El expediente, no obstante, quedó abierto a la espera de definir las indemnizaciones a imputar a los ejecutados, como pago de sus “responsabilidades políticas”, en un habitual y ulterior proceso de confiscación de bienes.
Carmen, su mujer, jamás se recuperaría del trauma que todo esto supuso para ella y para su familia. Tras el asesinato de su esposo, quedó viuda, con un hijo de siete años y un bebé recién nacido, y todavía tendría que enfrentarse al proceso posterior de incautación de bienes. Tuvo que sufrir el también acostumbrado intento de legitimar la muerte de su marido, proponiéndole los representantes del nuevo régimen que declarase que Miguel había muerto en combate, a cambio de conservar su casa. De hecho, en el certificado de defunción de Miguel Martín Moya, el médico forense se limitó a certificar la causa de su muerte como “hemorragia”.
Fallecida ya la abuela Carmen, su nieta, Concha Martín Pérez ha reactivado la búsqueda de la reparación del nombre de su abuelo, buscando datos en fuentes como Todoslosnombres.org, Fundación Pablo Iglesias, ‘Aracena, episodios de una historia olvidada’ (Omar Romero, Eduardo Romero y Miguel A. Villa), ‘La Guerra Civil en Huelva’ (Francisco Espinosa Maestre), ‘La justicia de Queipo’ (Francisco Espinosa Maestre), ‘Las Fosas Comunes del cementerio de La Soledad’ (José M. García y Miguel A. Harriero), Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, Archivo de la Diputación Provincial de Huelva, Archivo Histórico Provincial de Huelva (AHPH), Archivo Municipal de Huelva (AMH), Registro Municipal de Huelva o Archivo de UGT. Y, con el respaldo y la colaboración del grupo de trabajo por la Recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, pretende que el Ayuntamiento de Huelva le ayude a rescatar los restos mortales de Miguel Martín Moya. Lo hace, después de esperar durante más de un año la respuesta de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que no ha contestado a su solicitud de cumplimiento de la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Concha Martín se lamenta de que “casi todo el mundo tiene o ha tenido un abuelo con quién hablar, jugar, que te cuente historias de su niñez o juventud, pero a mí eso me faltó, y sobre todo a mi padre le faltó el suyo y bien que lo acusó durante toda su vida, al igual que mi abuela que luchó mucho, aun cuando ya sus fuerzas fueron enterradas en aquella fosa donde está su marido”. En esta lucha, tiene el apoyo de sus siete hermanos, con el objetivo de que “se dignifique la figura de un hombre bueno, culto, que solo quería el bien para los más desfavorecidos de su pueblo”.
