miércoles. 05.10.2022
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La juez Mercedes Alaya abre nuevas diligencias sobre Astilleros de Huelva

La juez Mercedes Alaya abre nuevas diligencias sobre Astilleros de Huelva

En referencia a una ayuda de cinco millones de euros otorgada en noviembre de 2011, cuya "procedencia y procedimiento merecen un análisis pormenorizado".

La jueza que investiga el caso de los falsos ERE, Mercedes Alaya, ha abierto nuevas diligencias por los avales concedidos por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y por las ayudas del Gobierno andaluz a Astilleros de Huelva, mientras que acuerda incorporar los fondos a la Faja Pirítica al sumario del caso.

En resoluciones a las que ha tenido acceso la agencia Efe, y que ha publicado Ideal.es, asegura que los oficios policiales han revelado "serias irregularidades" en los avales concedidos por el IFA, que "indiciariamente podría constituir una inyección continuada y sistemática de fondos públicos a favor de la aplicación de criterios arbitraros de concesión".

La juez acuerda abrir diligencias separadas para Astilleros de Huelva y el IFA, tal como había pedido la Fiscalía Anticorrupción para no dilatar el caso de los ERE, que ya acumula casi cuatro años de instrucción y 141 imputados.

En cuanto a la ayuda de cinco millones de euros a Astilleros de Huelva, concedida en noviembre del 2011, dice la juez que "la procedencia de esa subvención, así como su excepcionalidad y el procedimiento seguido merece un análisis pormenorizado y separado de la presente causa" para el caso de que la investigación "revele una actuación fraudulenta de la Consejería de Empleo".

El PP, que ejerce la acusación en el caso de los ERE, había denunciado que para dar esa ayuda la Junta había "prescindido total y absolutamente" del procedimiento establecido en la orden de abril del 2011 por la que se aprobaron las bases de las ayudas sociolaborales a trabajadores de empresas en reestructuración.

Alaya señala que aunque la ayuda fue otorgada con cargo a la partida presupuestaria 31L, conocida como "fondo de reptiles", "no se otorgó en aplicación de la orden de abril de 2011".

También apunta la posibilidad de que las ayudas no cumplieran el requisito de autorización previa por parte de la Comisión Europea y que se incumplieran los requisitos de publicidad.

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