Huelva, la más ‘legal’ con un 26,4% de economía sumergida
Un informe impulsado por una universidad catalana refleja el excesivo incremento del fraude en la comunidad andaluza. Y Huelva no sólo es la provincia con menos economía sumergida de Andalucía, sino también donde menos ha crecido desde que arrancó la crisis.
La crisis económica ha agudizado el problema de la economía sumergida en Andalucía, donde el fraude se multiplica a cada año que pasa. Al cierre de 2012, se situó en el 29,2% del PIB regional, lo que se traduce en más de 40.500 millones de euros ocultos. Huelva, eso sí, es la provincia de Andalucía con menos economía sumergida, concretamente, el 26,4%. Una buena noticia a medias, ya que los valores siguen estando por encima de la media nacional.
Los datos han sido publicados este miércoles y pertenecen al informe 'La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis', presentado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Según se desprende de este estudio (impulsado por cierto por el profesor catalán Jordi Sardà, de la Universidad Rovira i Virgili), la tasa de economía sumergida andaluza, del 29,2%, supera en casi cinco puntos a la nacional, que se sitúa en el 24,6%, más de 253.000 millones de euros.
La provincia de Huelva ocupa el último lugar en la tabla de economía sumergida sobre el PIB, o lo que es lo mismo, que los onubenses cometen menos fraude que el resto de sus vecinos andaluces. Entre las provincias andaluzas más afectadas destacan Almería (33,5%), Granada (32,1%), Córdoba (30,6%), Jaén (29,5%) y Cádiz (29,3%), todas ellas con más fraude que la media andaluza. Les siguen Málaga (28,6%), Sevilla (27%) y, finalmente, Huelva (26,4%).
No son datos sin embargo para sacar pecho, ya que la situación se ha agravado bastante en la provincia. En 2008, albores de la crisis, la tasa de economía sumergida en Huelva se situó en el 18,8%. Cuatro años después, el fraude se ha disparado en 7,6 puntos. En este aspecto también aparece Huelva como la más 'legal' de toda la comunidad, pues también es la provincia donde menos ha crecido el fraude desde el referido año.
Según han detallado desde Gestha, en un análisis de los datos nacionales, el informe revela que el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.
Este importante incremento se debió en gran medida al efecto "arrastre" provocado por el 'boom' inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.
Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.
Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.
En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.
