Trabajadoras de la empresa del ex alcalde de Aljaraque desconocían el cobro de grandes cantidades

Una de las empleadas asegura que nunca vio pago alguno "en efectivo en billetes de 500 euros".

Tres trabajadoras de la empresa, de la que eran socios el exalcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta y A.G.V., economista de profesión, han declarado este miércoles ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva en la tercera sesión del juicio contra el exprimer edil por un delito contra la Hacienda Pública y por otro continuado de falsedad en documento mercantil; contra el que fuera su concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007, Casto Pino, cuya esposa también ha declarado, y contra A.G.V., acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública.

Durante su intervención, informa la agencia Europa Press, las tres han coincidido en señalar que desconocían el cobro de grandes cantidades en metálico en la empresa. De hecho, una de ellas ha remarcado que en la oficina existe "una caja con dinero destinado al pago de pequeñas cantidades", así como que no vio "ningún pago en efectivo en billetes de 500 euros". En este sentido, ha precisado que las empresas que trabajan con esta compañía "no son muy grandes", a lo que ha añadido que "también atiende a particulares". A su vez, ha señalado que "la empresa tiene capacidad de rentas y siempre ha ido bien".

De igual modo, ha detallado la compra de dos pisos en 2004, en Islantilla y en El Portil, por parte de la empresa y que ella misma llevaba su gestión cobrando los alquileres.

Otra trabajadora ha indicado que "algunos clientes pagaban en efectivo" en la misma empresa, pero ha insistido en que desconoce "el cobro de grandes cantidades", no obstante ha precisado que los alquileres los cobraba Orta en el propio apartamento.

Cabe recordar que este martes, declararon, en calidad de testigos, dos guardias civiles. Uno de ellos, de Vigilancia Aduanera, remarcó que en el marco de la investigación hallaron un desfase de 300.000 euros en las cuentas del exalcalde desde 1997 a 2005, teniendo en cuenta los ingresos y los gastos.

El agente aseguró que esta investigación partió de una unidad combinada entre la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, a raíz de una petición de auxilio por parte de la Agencia Tributaria para que se investigaran estos hechos.

Así, durante la misma, este agente señaló que desde noviembre de 2006 hasta febrero de 2007, que fue cuando se dictó un auto de incoación de diligencias previas, estuvieron "investigando sin dar cuenta al juez" y fue cuando "se focalizó la investigación en el desfase patrimonial de 300.000 euros entre 1997 y 2005, entre lo que ingresó Orta y su volumen de gastos", etapa en la que tuvieron en cuenta todas las líneas de crédito de las que tenían conocimiento.

Sobre la empresa, de la que exprimer edil y A.G.V., eran socios, aseguró que para analizar su situación se tuvieron en cuenta los balances, los ingresos legales declarados y las operaciones de compra y venta, concluyendo que "generaban bastante dinero en efectivo y que desde 2002 la empresa trabajó y recibió remuneración por parte de personas que no eran clientes y que rezaba como dinero negro".

De igual modo, insistió en que los administradores "retiraban grandes cantidades de dinero para su aprovechamiento personal, un dinero que a veces repartían y otras veces invertían en bienes inmuebles". No obstante, ambos guardias civiles aseguraron que ninguno de los dos son economistas ni contables.

También declaró la mujer de Casto Pino, quien reconoció la posesión de una finca en Alosno y de dos naves en el polígono La Raya, en Aljaraque, que se compraron "con la economía familiar", a lo que añadió que su marido "lleva trabajando 40 años" y que contaban con el sueldo que ella percibe con su trabajo.

SIN DECLARAR. Cabe recordar que este lunes, tanto el exalcalde como el socio, acusado por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y también contra la Hacienda Pública, reconocieron que, a través de la empresa, recibían dinero que "no declaraban".

Por su parte, el tribunal de la Sección Primera ha declarado nulas las escuchas telefónicas y ha considerado prescrito el delito de falsedad documental, tal y como solicitaron los letrados durante la exposición de las cuestiones previas.

A su vez, el tribunal ha rechazado el recurso de súplica interpuesto por el Ministerio Fiscal y ha admitido nuevas pruebas periciales y documentales propuestas por las defensas. El juicio continuará este jueves con las declaraciones de más testigos.