SOS Bebés Robados llama a las puertas de la Eurocámara ante el “abandono” de España
Las asociaciones de Huelva y Cádiz se hacen eco del malestar de medio millar de familias de víctimas de supuestos casos y mandan una queja a Europa por el "desamparo" judicial que aseguran que sufren.
La asociación SOS Bebés Robados Huelva ha manifestado este jueves que más de 500 familias de las provincias de Huelva y Cádiz han decidido presentar en Europa sus quejas contra el Estado español mediante una denuncia conjunta, en la cual se expone el "abandono que como víctimas del robo de recién nacidos están sufriendo". Las asociaciones de Huelva y Cádiz han protagonizado una concentración ante las oficinas de Correos de ambas ciudades antes de certificar el escrito remitido a la Eurocámara.
Se trata de familias que han denunciado la presunta sustracción de sus hijos y hermanos en hospitales y clínicas tanto públicos como privados de ambas provincias, dos de las más afectadas por ratio de habitantes de toda España. En las denuncias remitidas al Parlamento Europeo, las asosiaciones alegan que ha "quedado patente el desinterés absoluto del Estado Español en el asunto, a pesar de existir pruebas contundentes en unos casos, e indicios en otros, de la comisión de los delitos que se denuncian, lo que está haciendo con absoluta indiferencia al derecho a la tutela judicial efectiva y a la indefensión de máximo nivel que pudiera producirse a los denunciantes".
SOS Bebés Robados Huelva ha lamentado el "desamparo por parte de la Justicia de España, y ha criticado la "desigualdad territorial por la que están atravesando, a diferencia de otras ciudades", haciendo hincapié en la problemática existente en dichas zonas, en las que se han dejado de investigar los procedimientos judiciales tras la unificación de criterio a través de un pleno extraordinario en 2012 por parte de ambas audiencias provinciales.
"En concreto -precisan las asociaciones-, se está adoptando un criterio interpretativo de los artículos del código penal español en relación al instituto de la prescripción absolutamente contrario al espíritu de la norma, a los efectos de poder cerrar y dejar de investigar cientos de casos que podrían constituirse como delitos de lesa humanidad". En este sentido, hablan incluso de que pudieran existir tramas organizadas detrás de este asunto. Y por ello han acudido a Europa, para que la Eurocámara vele por los "derechos de las víctimas".
