Proponen un pacto social para resucitar en Huelva al sector de la construcción

El Colegio de Arquitectos promueve la iniciativa, que busca reactivar un sector "destruido" con la crisis y acabar con la economía sumergida.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva ha celebrado este miércoles un acto en su sede para promover el denominado 'Pacto social por la construcción, el empleo y la vivienda', una iniciativa encaminada a dar vida a un sector que no levanta cabeza. Como ha informado el propio COAH, el sector de la construcción "ha sufrido más de siete largos años de crisis económica, sin una recuperación sustancial de un sector con grandes dificultades para la reconversión de los profesionales de la construcción y gran vulnerabilidad por parte de los grupos de mayor edad". La situación que describe el Colegio de Arquitectos no es para nada halagüeña, y afira que no existen en la provincia sectores "con capacidad para absorber esa mano de obra, cuyas familias se encuentran con una situación de precariedad".

El acto ha contado con representantes de la Administración (local, provincial y autonómica), políticos, empresariales, así como de asociaciones de vecinos, todo ello con el objetivo de dar la vuelta a una situación caracterizada la caída de la actividad de hasta un 98,5% y una desaparición del tejido empresarial en torno al 83%, con una pérdida del 50% de la representatividad y competitividad andaluzas en el panorama nacional. Asimismo, se ha producido una destrucción de empleo en el sector en torno al 93%, más de 300.000 puestos de trabajo, hasta dos tercios del desempleo total andaluz, sin contabilizar los autónomos, que suponen más de un 30% de los afiliados al sector. 

También aluden a la "vulnerabilidad mayor de los sectores menos formados", con un 93% de destrucción de empleo en las personas trabajadoras sin formación, el 80% en los que sólo han alcanzado la educación primaria o el 46,3%, para las personas con formación universitaria. El desplome del sector, detalla el colegio, es responsable del 82% de la caída global del PIB en Andalucía entre 2008 y 2013, agudizado por un descenso de la inversión pública del 83% y altos niveles de endeudamiento de la Administración.

Otros problemas del sector que se destacan son la "inaccesibilidad a la financiación bancaria", el encarecimiento de los productos de construcción del 20%, o el alto intrusismo profesional y economía sumergida.

Las enormes dificultades que vive el sector han llevado al Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva a impulsar  este pacto social por la recuperación del sector de la construcción, la vivienda y el empleo, y para ello propone un "paquete urgente e imprescindible de medidas", que pasarían por declarar la "arquitectura como Bien de Interés General, al albergar aspectos fundamentales inherentes al ser humano como la vivienda, el espacio público, los espacios para la vida y la memoria".

Del mismo modo, se reclama el impulso de un "modelo de autofinanciación basado en la reversión tributaria de las inversiones completas, con el compromiso por parte de la administraciones estatal, autonómica y local, de invertir en intervenciones de rehabilitación y reforma una suma equivalente a los impuestos y cotizaciones recaudadas a partir de la promoción del primer Plan Bianual".

Asimismo, el pacto pide promover una formación continua de excelencia, y una calificación y cualificación profesional especializadas de empresas, técnicos y operarios, como mecanismos de reinserción laboral y fortalecimiento de la competitividad del sector dentro y fuera de España.

El colegio aboga por la optimización conjunta de recursos y estructuras de las administraciones y colegios profesionales para impulsar y consolidar el sistema, apoyándose en la intervención de los técnicos como "garantes del control y eficiencia del proceso".

Para combatir la economía sumergida, se hace necesario el compromiso de asociaciones empresariales y ciudadanas, pues a beneficiarios, empresarios y profesionales, les interesa "facturar y declarar escrupulosamente la cuantía integra de las obras realizadas", ya que las ayudas a la rehabilitación-reforma que recibirán serán iguales a la suma de los impuestos y cotizaciones declaradas.

BENEFICIOS. Con este pacto se aseguraría la consecución de garantías sociales de interés general como la seguridad, la salubridad, la identidad, la preservación del patrimonio y la calidad de la vivienda y el espacio público. Asimismo, se recuperaría la confianza de la ciudadanía en la clase política y las instituciones, a través de una renuncia sostenible a impuestos generados por dicho sector que no afecten su equilibrio presupuestario, en la búsqueda de soluciones universales continuadas en el tiempo.

Del mismo modo, entre los beneficios, se incentivan entre el 20% y el 50% del coste total de las obras de rehabilitación y/o reforma de viviendas, en función de los ingresos familiares, con un retorno del 100% la inversión por parte de la administración vía impuestos y cotizaciones, debido a que el sistema actúa como motor potenciador de actuaciones sucesivas y solapadas en el tiempo.

La propuesta es viable sin vulnerar la sostenibilidad de las arcas del Estado, autonómicas y municipales, puesto que la aportación actual del sistema a las mismas hoy 
es prácticamente inexistente, sin siquiera alcanzar en algunos casos el 3% de ingresos totales líquidos en la esfera local. Por lo tanto, el nuevo modelo consigue simultáneamente activar y recuperar un sector destruido, que pasa a producir los recursos para su propia sustentabilidad y elimina la economía sumergida, lo que constituye un incremento de aportación al sistema de un 30% más adicional.

El incentivo a la rehabilitación/reforma propuesto no sería exclusivo para clases desfavorecidas; más bien al contario, tendría carácter universal, y su objetivo serían
simplemente la viviendas que precisen ser rehabilitadas o reformadas, priorizando aquellas intervenciones sobre viviendas con un avanzado estado de deterioro y vulnerabilidad de las familias que las habitan.

Asimismo, redundaría en el empleo directo en la rehabilitación de viviendas y recuperación del patrimonio edificado, con la consecuente mejora del entorno y calidad de vida de sus habitantes. "Se activa el empleo y se rehabilita el parque de viviendas de forma simultánea: por cada 1000 viviendas rehabilitadas se generan 450 puestos de trabajo anuales, la intervención de 100 técnicos y se consigue un ahorro entre 2.760.480 y 3.500.000 euros al eliminar los subsidios de desempleo de los profesionales que se incorporaran a la actividad, además de reforzar la autoestima y el nivel de vida de la población, lo que repercute sobre la actividad de otros sectores".

Además, se incrementa el poder adquisitivo de las familias y su calidad de vida, si la rehabilitación que se plantea es energética, reduciendo las desigualdades sociales y la pobreza energética y aumentando la cohesión social.

Del mismo modo, destaca el COAH, se frenaría el deterioro del parque residencial, se preservaría el patrimonio y se mejoraría la seguridad, salubridad y calidad de vida de los barrios. Asimismo, aunque el proceso es igualmente válido para obras mayores y menores, la presencia del arquitecto y el resto de los técnicos vinculados al proceso, asegura el control de la intervención y la optimización de los recursos y soluciones empleados, acometiendo las rehabilitaciones y reformas desde un punto de vista global y eficiente.

Por último, el Colegio de Arquitectos señala otros beneficios indirectos y la incidencia de esta iniciativa sobre otros sectores productivos, como pueden ser el mercado de alquiler, y la recuperación del sector servicios en los cascos urbanos, los municipios costeros y los núcleos rurales y menores, con conjuntos históricos "abandonados por ausencia de inversión adecuada que invierta esta tendencia degenerativa y reactive el sector turístico y de servicios en torno a su valor y su potencial".

ASISTENTES. Al acto celebrado en la sede del COAH han asistido José Antonio Márquez, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Huelva; Alejandro Márquez, diputado Provincial de Infraestructuras; Rosario Delgado, directora provincial de la Seguridad Social en Huelva; Juan Carlos Duarte, alcalde de San Juan del Puerto y representante del PP; José Manuel Raya, concejal de Isla Cristina; Pedro Pascual, coordinador de Servicios del Ayuntamiento de Isla Cristina; Rafael Alfonso Palanco, técnico municipal del Ayuntamiento de Aljaraque; Gabriel Cruz, secretario local del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Huelva; Pedro Jiménez, coordinador provincial de IU y portavoz de la formación en el Consistorio de la capital; María Villaverde y Carmen Centeno, de IU; una representación de los colegiados del COAH; Emilio Gil, antiguo jefe de Servicio de Rehabilitación y Vivienda de la Delegación de Fomento; Pablo Quirós, presidente de COAAT de Huelva; Pedro Tejón, vicepresidente del COAAT de Huelva; Julio Díaz, secretario de COSITAL; Javier Mateo, en nombre de la FOE y presidente de AECO; y representantes de 17 asociaciones de vecinos de Huelva capital.