La provincia registra en tres meses cerca de 400 denuncias por violencia de género
La Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género contempla 250 medidas y cuenta con un presupuesto de 1.539 millones.
En Huelva, durante el primer trimestre de 2014 se han registrado 394 denuncias por violencia de género. La Red Viogen contaba a 31 de julio con 950 casos activos y un total de 293 mujeres con protección policial activa. Además, se han recibido 4.190 llamadas al 016 desde su implantación en septiembre de 2007 y hasta julio de este año había de alta 96 mujeres onubenses en el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, Atenpro.
El subdelegado del Gobierno en Huelva, Enrique Pérez Viguera, ha destacado hoy la “lucha constante y sin descanso” que mantiene el Ejecutivo contra el machismo y la violencia de género, a través de las 250 medidas contempladas en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género que impulsa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Pérez Viguera ha resaltado que este plan cuenta con un presupuesto de 1.539 millones de euros y tiene como objetivo principal “la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y de los hijos menores que sufren también esta violencia”. Para ello, los ejes sobre los que gira esta estrategia son la ruptura del silencio de las mujeres y de su entorno, con distintas medidas como la realización de códigos de autorregulación publicitaria para prevenir conductas machistas; la potenciación del servicio de información 'online' del teléfono de atención a las víctimas 016 y la adopción de actuaciones que permitan una respuesta más eficaz y más personalizada a las víctimas.
“Para el Gobierno de España la lucha contra la violencia de género es una de sus prioridades y no va a dejar de impulsar todas las medidas que esté a su alcance mientras haya una sola víctima de maltrato”, ha subrayado Pérez Viguera, tras recordar que el pasado 1 de agosto entró en vigor, de forma general y para España, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica –Convenio de Estambul–.
Actuación “leal y coordinada”
Asimismo, el subdelegado ha reiterado su apuesta por una “actuación leal y coordinada” de todas las administraciones y entidades implicadas “para mejorar la prevención, la protección a las víctimas y concienciar a toda la sociedad de la importancia vital de denunciar para poner en marcha todos los recursos y mecanismos de los que dispone el Estado”.
En este sentido, Pérez Viguera ha realizando un llamamiento a todos los organismos públicos y privados que, desde sus competencias, trabajan en este ámbito a “sumar nuestras fuerzas, combatir la intolerancia y promover la igualdad”, al tiempo que ha rechazado “la utilización de la violencia de género como arma arrojadiza entre instituciones y como un elemento más de confrontación política”.
En esta lucha contra la violencia de género, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desempeñan un trabajo “indispensable”. Así lo ha resaltado el subdelegado del Gobierno, quien ha alabado y agradecido la labor que llevan a cabo los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil dedicados a la atención de mujeres y menores víctimas de violencia de género, destinados en el SAF, la UPAD y la Emume.
La Policía Nacional, a través del Servicio de Atención a la Familia (SAF), tiene funciones de investigación criminal, con especial atención personal a la víctima, desde la toma de denuncia y la valoración de riesgo de las víctimas hasta el traslado de las pruebas a la autoridad judicial.
La UPAD (Unidad de Prevención, Asistencia y Protección del Cuerpo Nacional de Policía) es la encargada de vigilar el cumplimiento de las medidas de protección concedidas a las víctimas por la autoridad judicial.
Por su parte, la Guardia Civil, a través de los equipos especializados de Mujer y Menores (EMUME) está capacitada para atender los casos de violencia en pareja, delitos contra la indemnidad sexual, tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y la actuación con el menor como víctima dentro de su ámbito territorial.
