El juez investiga un posible fraude en subvenciones y ayudas en Tharsis

Ha ordenado a la Policía Judicial de la Guardia Civil registros durante horas en la Diputación y la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal.

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La Guardia Civil está registrando las dependencias de la Diputación Provincial de Huelva desde primera hora de este viernes. La operación, iniciada sobre las 7.00 horas y ordenada por el juzgado, que ha decretado el secreto de sumario, parte de una denuncia en el juzgado número 2 de Valverde en relación a documentación del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). La información que proporciona la Benemérita es muy escasa debido al secreto sumarial dictado por el juez. Desde la Cadena Ser han informado de que los registros también se están llevando cabo paralelamente en el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). En el caso de la Diputación, se prevé que el registro de unas cuatro horas, y los funcionarios han tenido que quedarse a las puertas, fuera de las dependencias de la institución en la Gran Vía, y sólo han podido entrar para picar.

Desde el TSJA han detallado que el Juzgado de Instrucción número 2 de Valverde del Camino ha ordenado los registros en la Diputación y en el SPEE en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en ayudas y subvenciones públicas. La investigación que lleva a cabo la Policía Judicial por orden judicial se inició hace aproximadamente un año a raíz de una denuncia de dos ciudadanos particulares sobre contrataciones de un trabajador y de materiales de construcción en el municipio onubense de Tharsis.

La investigación judicial, que se encuentra bajo secreto de sumario, trata de determinar si se han podido llevar a cabo contrataciones de forma irregular con cargo a ayudas y subvenciones públicas y si éstas se han podido destinar a fines distintos.

Los registros llevados a cabo esta mañana tienen por objeto la aprehensión de documentación y de los elementos necesarios para calibrar el alcance del presunto fraude. Las diligencias judiciales se han incoado por los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación y desvío de subvenciones.

Hasta el momento no se han producido detenciones ni imputaciones de ninguna persona, aclara el Alto Tribunal andaluz.

Hay que recordar por otro lado que hace una semana UPyD interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Huelva contra la institución provincial por supuestas irregularidades en contrataciones del PFEA. Desde esta formación, sospechan de que hayan podido cometerse delitos contra la Hacienda Pública, cohecho, fraude, tráfico de influencias o falsificación de documentos. Como argumenta UPyD en su denuncia, la Diputación "sistemáticamente viene obteniendo indebidamente esta subvención de proyectos de obras y servicios de interés general generador de empleo estable, que en el año 2013 ascendió a la cantidad de 282.965,38 euros, presentando el que llama 'Proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' y posteriormente el 'Anexo al proyecto de asesoramiento, tramitación y control de las obras incluidas en el PFEA 2013' por importe de 9.241,26 euros y, además, con dichas subvenciones sufraga y financia las contrataciones de trabajadores afines año a año".

Así, aseguran que con el dinero percibido por esta subvención y las anteriormente obtenidas por el mismo sistema en años anteriores, la Diputación "lleva contratando durante trece, diez y seis años a una serie de personas" que realizan distintas funciones -abogados y arquitectos, entre otras profesiones-, considerándola "una plantilla estable de diez personas que comienzan sistemáticamente sus contratos a partir del día 1 de septiembre donde vuelven a ser contratados por la Diputación con cargo a la subvención del año siguiente hasta junio".
Por todo ello, considera que este proyecto presentado por la institución, "acogido a la modalidad de generador de empleo estable y subvencionado indebida e irregularmente con cargo al PFEA, incumple ampliamente la normativa aplicable".

Para esta formación, las ofertas de empleo que se presentan "carecen de la generalidad que establece la norma y son confeccionadas a medida de los trabajadores que repetidamente son contratados año tras año y ello se consigue realizando cursos específicos de formación durante el periodo en el que están contratados para después incluirlos en las ofertas genéricas de empleo y así asegurarse que serán las mismas personas las contratadas".

Por otro lado, en la denuncia también se refieren a una contratación en concreto, la de una persona con parentesco con un responsable del servicio público de empleo estatal (SPEE).

LA RESPUESTA. Al conocer la denuncia de UPyD interpuesta el pasado día 12, el diputado de Infraestructuras, Alejandro Márquez, aseguró que "la Diputación es beneficiaria de un programa cuyas normas sobre la contratación son impuestas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que "todas las contrataciones se ajustan escrupulosamente a la normativa del programa". En ese sentido, la gestión es "impecable" y todas las administraciones que intervienen en este programa "sólo persiguen la creación de empleo".

En concreto, y en relación a los hechos a los que se refiere la denuncia, la Diputación solicita anualmente al Gobierno central el Programa de Asesoramiento para la gestión del PFEA y, por tanto, la Diputación es beneficiaria de un programa que ejecuta conforme a unas normas de contratación que impone el Servicio Público de Empleo Estatal.

Según el diputado, "hace 13 años que la Diputación gestiona ese Programa de Asesoramiento con los requisitos que impone y concede el Ministerio", según el cual, las contrataciones se realizan a través de una oferta genérica tramitada a través del Servicio Andaluz de Empleo. De hecho, el SAE preselecciona a los candidatos requeridos para cada puesto entre aquellos desempleados que se ajustan al perfil de cada proyecto, y la Diputación contrata "sólo" entre esos candidatos remitidos.

Con cargo Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación de Huelva realiza unas 1.900 contrataciones al año, y, según aclara Alejandro Márquez, la única condición que tiene que verificar la Diputación es que el candidato que envía el SAE se ajusta al perfil solicitado.