Detienen a los delegados Empleo en Huelva y Sevilla por los cursos de formación
La Guardia Civil ha llevado a cabo una operación simultánea en las ocho provincias andaluzas que ha saldado con 16 detenidos, entre responsables y ex altos cargos de la Junta.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva, en el marco de la operación por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta que investiga la juez Mercedes Alaya.
Dentro de esta operación, y según han precisado a Europa Press fuentes de la investigación, se han realizado 16 detenciones (con cinco imputaciones), principalmente relacionadas con las personas responsables de formación en cada provincia andaluza, todo ello dentro de un caso que está declarado secreto de manera parcial desde el pasado mes de enero. De esta manera, se han confirmado entre las detenciones llevadas a cabo por la Benemérita las de los delegados territoriales de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Huelva y Sevilla, Eduardo Muñoz y Aurora Cosano, respectivamente, así como ex directores gerentes de los consorcios Ciomijas y Formades, este último en Almonte.
Otros detenidos en la operación son la ex directora general de Formación de la Junta de Andalucía María Teresa Florido, cuñada del ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda, imputado en esta causa junto al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Asimismo, también han detenido al ex delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, también imputado en la causa de los ERE irregulares; el ex delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza, y las ex delegadas de Empleo en Almería, Francisca Pérez Laborda, y Granada, Marina Martín Jiménez.
Desde la Guardia Civil han informado de que la operación, denominada 'Barrado', se ha saldado con 16 detenidos, personas vinculadas a la gestión de fondos de formación, todo ello para esclarecer "diferentes conductas, presuntamente delictivas, relacionadas con los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en las subvenciones. La relación de detenido en la provincia queda así: tres detenidos en Sevilla; Córdoba (2); Cádiz (2); Málaga (tres detenciones y dos registros); Granada (1); Huelva (2); Almería (2); y Jaén (1).
En un auto dictado el 20 de enero, la juez declaró el secreto parcial de las actuaciones ante la "gravedad" de los hechos y tras detectar distintas "bolsas de fraude" que le llevaron a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
Así, el secreto afecta a la investigación sobre la "existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación" y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, "y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración".
En segundo lugar, la instructora aludía a la "existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento", lo que también fue declarado secreto.
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, "se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución".
Posteriormente, en un auto dictado el 13 de febrero, la instructora amplió el secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".
En este auto, la instructora recordaba que el 20 de enero "se decretó el secreto parcial de las actuaciones para seguir varias líneas de investigación", señalando que "del curso de las mismas se hace necesaria abrir una nueva línea tendente al esclarecimiento de los hechos que se están investigando".
En este sentido, indica que, "analizando los informes de la Intervención General que obran en la causa sobre las distintas direcciones provinciales del SAE y las diversas irregularidades denunciadas por la misma, es procedente ampliar el secreto parcial de la instrucción a cuantas diligencias se deriven del estudio de tales informes".
Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".
