viernes. 26.04.2024
El tiempo
Educación

La rígida norma andaluza que está acabando con las escuelas rurales

El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, advierte en un Informe Especial  que la rigidez de la norma: "O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, o no hay aula, sin excepciones” desemboca en 'Recreos mudos, pueblos muertos'.
Escuela en plena actividad
Escuela en plena actividad
La rígida norma andaluza que está acabando con las escuelas rurales

El Defensor de la Infancia y Adolescencia en Andalucía, Jesús Maeztu, ha presentado el Informe Especial La atención educativa al alumnado en los colegios públicos rurales de Andalucía: retos y propuestas, en el que visibiliza esta realidad educativa, así como advierte sobre la necesidad de su continuidad como medida para evitar la despoblación territorial.

Los Colegios Públicos Rurales (CPR) son centros situados en el ámbito rural, presentan cierto aislamiento, tamaño reducido, escaso número de alumnos y alumnas, instalaciones y profesorado. Las distancias entre distintas sedes y la necesidad de realizar desplazamientos docentes añade trabajo de campo. Están formados por la agrupación funcional de varias escuelas rurales (unitarias, semi-unitarias o incompletas) que, aunque situadas en distintas localidades o aldeas, forman un solo centro, desde el punto de vista de la gestión administrativa, según han descrito directores de estos centros.

Ejemplo de ello es la red de colegios públicos rurales de la provincia de Huelva: Aderán I (Agrupación de Escuelas Rurales del Andévalo) (Cabezas Rubias, Montes de San Benito y Villanueva de las Cruces), Aderán II (El Granado y Sanlúcar de Guadiana), Aderán III (San Silvestre de Guzmán y El Almendro), (Agrupación de Escuelas Rurares de la Sierra) Adersa I (Fuenteheridos, Valdelarco, Castaño del Robledo y La Nava), Adersa II (Los Marines, Cortelazor y Puerto Moral), Adersa IV (Cañaveral de León e Hinojales), Tresfuentes (Alájar, Santa Ana la Real y Linares de la Sierra), Adersa VI (Campofrío y La Granada de Riotinto) y el CPR Valdelamusa-Santelmo.

En 2019 había en ellos poco más de 700 alumnos. Son esenciales para evitar la fuga de habitantes en la Huelva vacía.

Aula de una escuela
Aula de una escuela

Como principal conclusión del informe entregado al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el Defensor ha acreditado la calidad educativa de la atención que recibe el alumnado en los colegios públicos rurales. Esta impresión se ha obtenido a partir de una investigación propia, para la cual el Defensor se ha apoyado en cuestionarios y visitas in situ a todas las provincias.

Existen 106 centros, con 346 sedes, en los que estudiaban 11.483 alumnos y alumnas en el curso 2020/2021. Para las familias el grado de satisfacción alcanza un 95% entre bueno y muy bueno, valoración que disminuye al aumentar el número de alumnos.

Jesús Maeztu ha abogado por una reducción de la ratio y por fomentar el conocimiento de estos colegios con el objetivo de “prevenir que las deficiencias en el ámbito educativo sean un elemento más para el abandono de los pueblos, ya que la escuela es una de las razones de permanencia en el territorio”. “Recreos mudos, pueblos muertos”, ha ejemplificado el Defensor. De hecho, ya está ocurriendo en algunos pueblos.

“El conocimiento de la realidad y bondades de la Educación en el mundo rural debe ser difundido como incentivo para que las familias opten por este tipo de enseñanza y su consiguiente traslado a muchas zonas rurales de Andalucía, contribuyendo de ese modo a frenar los procesos de despoblación”, ha afirmado Jesús Maeztu.

Para asegurar esta apuesta por la enseñanza en colegios rurales, el Defensor de la Infancia ha reclamado “la continuidad o, en su caso, la creación en determinadas zonas andaluzas de estos recursos educativos, proporcionándoles todos los medios necesarios para atender sus singulares y específicas necesidades”.

Jesús Maeztu ha propuesto, entre otras medidas, la reordenación de algunos Colegios Públicos Rurales para su adaptación a la demanda actual y futura, así como una normativa específica que contemple sus peculiaridades, por ejemplo, en cuanto a las medidas para la matriculación (“O se matriculan 15 ó 12 niños exactamente, según si se comparten ciclos o etapas educativas, o no hay aula, sin excepciones”) y para los servicios educativos complementarios (aula matinal, comedor escolar, transporte escolar y actividades extraescolares), muy escasos.

Maeztu ha propuesto un Plan para evitar la pérdida de unidades y la elaboración de un Mapa específico e integral para la identificación de los recursos disponibles.

Asimismo, el Defensor de la Infancia ha hecho hincapié en la mejora de las condiciones técnicas y ambientales de las instalaciones con la colaboración de la Administración educativa y los ayuntamientos, y ha solicitado medidas de discriminación positiva en materia de TIC para evitar la brecha digital, ya que 8 de cada 10 colegios han confirmado dificultades en la enseñanza, más patentes durante la COVID.

Entrega del informe al Parlamento
Entrega del informe al Parlamento

Entre otras propuestas, el Defensor ha pedido protección para el alumnado afectado por discapacidad; un reconocimiento público y la mejora de la estabilidad del profesorado y resto de profesionales que prestan servicios, incluso con incentivos económicos; estimular la participación de las familias; y reflexionar sobre la extensión de la continuidad de las enseñanzas al primer y segundo ciclo de la ESO para favorecer el derecho del alumnado a permanecer en su entorno.

A raíz de la presentación de este informe, desde la Federación Andaluza de Municipios, su presidente, Rodríguez Villalobos comparte la necesidad de apostar por los colegios rurales, “como garantía de igualdad de oportunidades para todo el alumnado, vivan donde vivan”.

Ha asegurado que es absolutamente clave apostar por la educación pública “de forma que cualquier niño o niña de Andalucía, viva donde viva, tenga el mismo derecho y las mismas posibilidades para acceder a una escuela pública”.   

Por otra parte, el presidente de la FAMP ha manifestado que el problema de la despoblación, que en Andalucía ya afecta a la mitad del territorio “hay que combatirlo con hechos concretos” y que la continuidad de los colegios rurales “debe ser una apuesta firme para evitar que nuestros pueblos se mueran”; y ha recordado que la FAMP “ha jugado un papel muy activo, dando la voz de alarma con relación a la despoblación, planteando el problema, ayudando a que se escuche a las instituciones y municipios afectados, generando espacios de debate y proponiendo medidas que ayuden a resolverlo”.

Comentarios