El Defensor del Pueblo alerta de los casos de sobredosis en la cárcel
El informe anual de 2014 refleja la problemática con los estupefacientes y el aumento de la "conflictividad" en las prisiones por la falta de personal.
El informe del Defensor del Pueblo 2014 en materia de Instituciones Penitenciarias ha llamado la atención sobre el consumo de drogas y la conflictividad en los centros penitenciarios. Éstas han sido situaciones denunciadas por los sindicatos de prisiones en lo que concierne a la cárcel de Huelva, y llama especialmente la atención sobre los fallecimientos de internos, y especialmente por sobredosis. En este sentido, el informe refleja –con los datos facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, referentes a 2013- que “destaca particularmente el número de fallecimientos por sobredosis. En el caso de Huelva, se contabilizaron dos muertes por esta causa, el mismo número que en Puerto III (Cádiz) y Sevilla II. Tres se registraron en Albolote (Granada) y Palma de Mallorca.
Detalla la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el informe que, en el total nacional, frente a los 31 casos de sobredosis de 2012, en 2013 se produjeron 26 fallecimientos por esta causa, todos ellos hombres y con una media de edad de 34,3 años. No obstante, apunta que la Administración “continúa encontrando dificultades para acceder a los informes toxicológicos correspondientes a estos fallecimientos” y, al igual que el año anterior, “sólo dispone de informes toxicológicos de la mitad de los fallecidos por sobredosis”.
En un apartado especial sobre las quejas recibidas, indica el informe que una organización sindical “manifestó que podrían aparecer casos de intoxicación y sobredosis de medicamentos” en la cárcel de Huelva, pues “al prescindirse de personal externo de colaboración para su entrega en fines de semana, festivos y puentes, los mismos se estaban facilitando por adelantado”. La Administración –prosigue- ha confirmado la rescisión del contrato de colaboración señalado, pero no los efectos adversos afirmados, porque el centro tiene medios propios suficientes para esa tarea”, toda vez que el número de usuarios del programa de mantenimiento con metadona “se ha reducido en los últimos años de 400 a 130”.
CONFLICTIVIDAD. Por otro lado, refiere el informe que en 2014 se han puesto de relieve las “dificultades” que están experimentando algunos centros penitenciarios para poder garantizar las condiciones de seguridad en su interior.
“Se relaciona la restricción de la renovación del personal que presta su servicio en el interior de los establecimientos con un aumento de la conflictividad, lo que a su vez genera un aumento de agresiones entre internos y que en la práctica se traduce en la quiebra del deber de la Administración de garantizar la integridad física de las personas privadas de libertad”. Paralelamente, continúa el informe en este apartado, “se habría producido un aumento de las agresiones a funcionarios que también es interpretado por los representantes de los trabajadores como un efecto derivado de la insuficiencia de personal y de la incapacidad subsiguiente de la Administración de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas desde el punto de vista de la seguridad y la salud laboral, generando a su vez un elevado número de bajas laborales”.
El Defensor del Pueblo ha recordado que la correcta prestación del servicio penitenciario “exige unas adecuadas y suficientes dotaciones de funcionarios públicos”.
En este sentido, no han sido pocas las denuncias de las organizaciones sindicales por la elevada conflictividad registrada el año pasado en el centro penitenciario de Huelva, con agresiones a funcionarios, intentos de motín y hasta un intento de secuestro. Entre las causas que esgrimen se encuentra la falta de personal ante una población reclusa que ronda los 1.400 reos.
