Demandan al Ayuntamiento por su “actividad antisindical”
El SPPME, que preside la Junta de Personal, asegura que el equipo de gobierno ha ignorado sus demandas de información y negado la negociación colectiva.
El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Huelva presentó el 30 de abril en los Juzgados de lo Social de Huelva una demanda contra el Ayuntamiento de Huelva, contra el teniente de alcalde de Régimen Interior, Saúl Fernández Beviá, y contra el técnico responsable del Área de Personal del Ayuntamiento de Huelva, todos ellos como presuntos responsables de vulneración del derecho fundamental de la libertad sindical establecido en la Constitución española.
Según ha indicado el SPPME, la demanda responde al "perjuicio creado" al sindicato policial, que fue el más votado en las elecciones de funcionarios del Ayuntamiento de Huelva en 2014 y que por ese motivo además preside la Junta de Personal del mismo, al cual desde su creación en 2012, "se le ha privado por parte de los demandados de toda la información necesaria para la defensa de los derechos de los trabajadores, se le ha impedido la defensa de los derechos propios del sindicato, así como se ha menoscabado el derecho al ejercicio de la actividad sindical y privado del derecho de negociación colectiva en el Ayuntamiento de Huelva".
En la motivación de la demanda interpuesta, se hace constar que desde el año 2012, los responsables demandados, no han facilitado ni respondido ninguno del casi centenar de peticiones y oficios cursados en defensa de los trabajadores municipales, y solicitudes de información y atención a los empleados del Ayuntamiento de Huelva.
La demanda interpuesta no es más que la primera, dado que en la actualidad se están elaborando y argumentando otras motivadas por la "dejadez y ninguneo" con el que la corporación municipal presidida por el alcalde, Pedro Rodríguez, trata a los sindicatos profesionales, "privándoles de derechos fundamentales, siendo ésta la práctica habitual de transparencia que lleva a cabo la corporación municipal".
En la demanda se expone que la "actividad antisindical" de los demandados se ha traducido en el impedimento de obtener información sobre política de personal, retribuciones, permisos, liberaciones, horarios y jornadas de trabajo, así como sobre la vigilancia de la organización y las condiciones de trabajo o los procedimientos sancionadores.
Para el SPPME, se trata de un "descrédito" hacia el sindicato, generando así un "clima de desconfianza" de los afiliados y trabajadores del mismo, al entender que no son representados debidamente. Así, asegura que "todo ello ha ocasionado un perjuicio moral al sindicato, que se valora en 6.000 euros, indemnización que exigen en la demanda.
