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Adiós a los jueces de paz

Adiós a los jueces de paz

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Los jueces de paz en Huelva tienen las horas contadas. El anteproyecto para la eficiencia organizativa elaborado por el Ministerio de Justicia ha dado luz verde a la sustitución de esta figura bicentenaria por las oficinas de justicia, un nuevo modelo que aseguran, “será más eficiente que los procesos actuales”.

En la provincia hay actualmente 73 jueces de paz de Paz situados, en su mayoría, en municipios con menos de 6.500 habitantes. Todos ellos cuentan con un juez lego, una persona que, a diferencia del resto de los órganos judiciales, no pertenece a la carrera judicial.

Tradicionalmente estos jueces son elegidos por la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, entre las personas que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten.

Durante un periodo de cuatro años, los jueces lego desempeñan tareas consideradas menores tanto en el orden civil como en el penal. El objetivo último de este órgano unipersonal es prestar servicio allí donde no existe Juzgado de Primera Instancia o Instrucción como actualmente sucede en buena parte de la Sierra o el Andevalo a causa de la despoblación.

Pérdida de competencias 

En los últimos años, las diferentes regulaciones legislativas han ido despojando de competencias a la figura de los jueces de paz. Tras la reforma del Código Penal del Partido Popular en 2015, han quedado relegados a los diferentes trámites del Registro Civil y a la intervención en juicios civiles que no superen la cuantía de 90 euros.

Las tareas de mediación y conciliación en juicios de faltas que previamente llevaban a cabo los Juzgados de Paz, fueron desde ese momento externalizadas y redistribuidas en otros organismos y unidades administrativas y judiciales.

Este año, la nueva reforma pretende sustituir definitivamente a los infradotados jueces por oficinas de la justicia dependientes de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Fuentes del Ministerio de Justicia aseguran que este cambio supondrá “el salto definitivo hacia la digitalización de los juzgados así como un futuro más eficiente y de calidad para los procesos legales”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de abril el anteproyecto de la futura Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia en el marco del programa ‘Justicia 2030’ y que, entre otros aspectos, pretende acelerar la modernización de la Administración de Justicia, mejorar la digitalización y atajar la lentitud actual por la que algunos juicios llegan a alargarse varios años.

La FAMP, en contra

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha mostrado su rechazo ante la supresión del que consideran “un servicio público muy importante para los municipios pequeños”.

En este sentido, la FAMP ha destacado los numerosos trámites indispensables que esta figura realiza en las diferentes provincias tales como la inscripción de nacimientos, defunciones, o matrimonios, la expedición de certificados de vida y libros de familia o la tramitación de expedientes de nacionalidad.

Para el presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, “no parece muy razonable aprobar planes y medidas para combatir la despoblación y, a su vez, legislar para seguir recortando los servicios públicos precisamente en los municipios más pequeños”.

La supresión de este servicio público, consideran desde la Federación,  podría suponer “un fuerte varapalo” para pueblos que recientemente han perdido oficinas bancarias, cajeros automáticos y otros servicios similares.

Por todo ello, el presidente de la FAMP ha solicitado al Gobierno “que se replantee la reforma legislativa en tramitación de forma que se mantenga la figura de los jueces de paz que lleva implantada casi doscientos años en aquellas localidades más pequeñas que no cuentan con juzgado de primera instancia ni de instrucción”.

Y es que, según explica Villalobos “la posible eliminación de los jueces de paz no está justificada desde el punto de vista de la eficacia ni puede responder a una cuestión de ahorro económico, ya que las asignaciones que perciben los jueces de paz no alcanzan los 4.000 euros anuales”, y ha puntualizado que “precisamente, para quienes sí puede suponer un ahorro mantener los jueces de paz y el servicio que prestan, es para los vecinos de estas localidades, quienes al poder realizar algunos trámites relevantes en su pueblo evitan el tener que desplazarse hasta los juzgados de otras poblaciones”.