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Las empresas onubenses tendrán tres meses para adaptar la contratación temporal

Las empresas onubenses tendrán tres meses para adaptar la contratación temporal

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La entrada en vigor esta pasada semana de la nueva reforma laboral abre un hilo de esperanza a la flexibilización del mercado laboral onubense.

Durante décadas, la rigidez de las relaciones en el mercado de trabajo ha sido una de las señas de identidad más reconocibles en la provincia. No en vano, los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) advierten de que la temporalidad ha alcanzado ya un 97,81 % en los nuevos contratos firmados en 2020 en Huelva.

Esta escandalosa cifra sitúa ya a la provincia por encima, tanto de la media estatal (90,31 %)  como de la media andaluza (95,30 %) y condiciona visiblemente la calidad y el estilo de vida de las familias onubenses.

La nueva legislación, aprobada por el Consejo de Ministros y consensuada con los agentes sociales, pretende invertir estos términos dejando a la temporalidad como excepción en lugar de cómo la norma que ahora es.

Entre sus principales objetivos, según ha apuntado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, se encuentra, además de la eliminación de la temporalidad salvo casos excepcionales, la reducción de la precariedad especialmente entre mujeres y jóvenes, los grupos más vulnerables en términos de inestabilidad laboral.

Fin del contrato por obra y servicio

A partir de este miércoles, 29 de diciembre, la norma publicada en el BOE recoge que todo contrato tendrá por defecto carácter indefinido mientras que los contratos temporales quedarán relegados a “circunstancias excepcionales de la producción” y “sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo”.

Este tipo de excepciones contemplan, por ejemplo, las campañas agrícolas, en el campo, o de Navidad en comercio y hostelería por un tiempo que no podrá superar los seis meses o un año siempre que está ampliación esté recogida en el convenio colectivo.

Desaparecen así los contratos por obra y servicio, una de las figuras jurídicas más utilizadas para mantener indefinidamente la temporalidad de trabajadores y trabajadoras.

Para las empresas que incumplan estos mandatos, la nueva norma, a través de la Ley de Infracciones y del Orden Social (LISOS), prevé multas de entre 8.000 y 10.000 euros y la obligación de regularizar al trabajador como indefinido.

Una reforma descafeinada

El nuevo marco laboral, a pesar de contar con el consenso del Gobierno, la patronal y los sindicatos no ha convenido a todos. Desde los posicionamientos más críticos se asegura que la reforma no supondrá un freno ni para la temporalidad ni para la estabilización del empleo puesto que no ataja las causas de una temporalidad que se encuentra entre las más altas de los países del entorno. 

Entre dichas causas, se argumentan aspectos estructurales como la ausencia de una regulación que desincentive la contratación temporal o el propio tamaño de las empresas, con tendencia hacia las pymes. También se esgrimen cuestiones ambientales y económicas tales como las crisis económicas que se vienen atravesando en las dos últimas décadas y culturales.

Este tipo de cuestiones no abordadas por la nueva reforma ha llevado en las últimas horas a preguntarse si el gran acuerdo entre los agentes sociales no es en realidad un mero trámite para cumplir con las exigencias de Bruselas y desbloquear así los 12.000 millones de euros de los fondos de recuperación.