viernes. 29.03.2024
El tiempo

Vox exige respuestas tras la agresión a cinco funcionarios en la prisión de Huelva

Fernández Ríos registra una batería de preguntas en el Congreso y exige el aumento de la plantilla y un nuevo protocolo de actuación frente a la violencia
Vox exige respuestas tras la agresión a cinco funcionarios en la prisión de Huelva

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández Ríos, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso después de que en la mañana del pasado martes un interno recluido en el Centro Penitenciario de la Ribera protagonizara graves incidentes, al arremeter con un arma contra cinco funcionarios y causar heridas graves a uno de ellos, que tuvo que ser trasladado a un hospital y necesitó ser operado de urgencia.

Según la Asociación Profesional de Trabajadores Penitenciarios ‘Tu abandono me puede matar’, el recluso estaba catalogado como F.I.E.S. (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) en 1º grado, y se le había aplicado el artículo 91.3 del Reglamento Penitenciario, que incluye a aquellos penados clasificados en dicho grado y que han sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, poniendo en peligro la vida o integridad de los funcionarios, autoridades, otros internos o personas ajenas a la Instituciones, tanto dentro como fuera de los establecimientos y en las que se evidencia una peligrosidad extrema.

Desde Vox Huelva se viene denunciado que este tipo de incidentes y otros similares “se repiten de manera continuada, tanto en la prisión de La Ribera como en los diferentes centros penitenciarios a lo largo de todo el territorio nacional”.

En este sentido, una de las causas de que cada vez un número mayor de internos esté perdiendo el respeto a la institución e incumpla las reglas es que “los reclusos saben que el actual Protocolo específico de actuación frente a la violencia en los centros penitenciarios les otorga en la mayoría de los casos presunción de veracidad a su palabra frente a la palabra del propio funcionario”.

Del mismo modo, desde Vox venimos denunciando desde el principio que los funcionarios de prisiones siguen sin ser considerados agentes de la autoridad, a pesar de que llevan mucho tiempo reivindicando las modificaciones legales oportunas para tal consideración, lo cual conllevaría una mayor relevancia penal de agresiones como la acontecida, y que seguramente ayudaría a reducir de manera importante incidentes de este tipo.

Otra de las reivindicaciones de Vox es la equiparación salarial de todos los funcionarios de prisiones con los trabajadores penitenciarios de Cataluña, una demanda que ha centrado numerosas iniciativas en el Congreso.

En esta línea, y tras los hechos acaecidos el pasado 12 de octubre en La Ribera, Fernández Ríos preguntará al Gobierno si la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias va a incrementar la plantilla de funcionarios del centro para garantizar una mínima seguridad en su normal funcionamiento, así como si el Gobierno piensa sentarse a negociar con las organizaciones sindicales profesionales un nuevo protocolo específico de actuación contra las agresiones en los centros penitenciarios, en el que el mayor perjudicado no sea el funcionario de prisiones.