viernes. 29.03.2024
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Opinión

La minería y el agua en la provincia de Huelva (y II): Dimensión actual del problema

Los profesores de la UHU y de la Universidad de Sevilla, Juan D. Pérez Cebada y Félix Talego sostienen que "la contaminación de los ríos supone ya un obstáculo al crecimiento del regadío y del turismo provincial, y una amenaza al Parque Nacional de Doñana".
La minería y el agua en la provincia de Huelva (y II): Dimensión actual del problema

 

Félix Talego y Juan D. Pérez Cebada*

Ofreceremos ahora algunos datos fundamentales de esa contaminación minera en Andalucía Occidental, y de la que puede sobrevenir si se realizan los proyectos mineros en ciernes. Mostraremos también que la contaminación de los ríos supone ya un obstáculo al crecimiento del regadío y del turismo provincial, y una amenaza al Parque Nacional de Doñana.

Estudios recientes documentan que, desde la cuenca del Guadiamar, afluente del Guadalquivir, hasta las cuencas de los ríos Cobica y Chanza, afluentes del Guadiana, existen más de 4800 hectáreas de botaderos, cortas, presas de lodos y otras instalaciones mineras, correspondientes a más de ochenta minas de sulfuros cerradas. Súmese a ello los pasivos ambientales que están produciendo las minas actuales. Solo las abandonadas suponen más de 200 millones de m3 de residuos, causantes en diverso grado de acidificación de las aguas superficiales, que superan casi todas las concentraciones que establece la Directiva 98/83/CE e incumplen las condiciones de la Directiva Marco del Agua (Macías, 2018).

Los elevados niveles de contaminantes y la gran extensión afectada impiden alcanzar a medio plazo, sea cual sea el procedimiento, un buen estado ecológico de estos ríos.

Por tanto, no hay en puridad descontaminación posible del drenaje ácido de mina en la escala que lo produce la minería industrial en Huelva y el oeste sevillano. En su defecto, se lo ha ocultado o justificado como “mal menor”.

En las últimas décadas, cumpliendo la legislación vigente, se almacenan las concentraciones más tóxicas en balsas de lodos (como lo hizo Aznalcóllar o sigue haciéndose en las colosales de Ríotinto), se encapsula en plásticos especiales tapados con capas de graba y tierra (Mina Las Cruces) o se deposita en galerías tras su explotación (Aguas Teñidas). Por tanto, las trazas metálicas, lejos de eliminarse, son almacenadas o desplazadas a otras regiones o al mar. Esto no es solucionar ni aminorar el problema, sino transferirlo a otra gente, como caso flagrante de injusticia ambiental, o a las generaciones futuras, como funesta deuda generacional.

La fabulosa publicidad de las corporaciones mineras repite ahora que, gracias a tecnología punta, su actividad es ya inocua. Es su estilo publicitario de decir que almacenan los residuos tóxicos: quizá la brevedad exigida en el marketing les impide especificar que esos residuos quedarán aquí después que se hayan ido (15 o 25 años).

Dos ejemplos bastarán a mostrarlo: First Quantum ha solicitado triplicar la extracción del acuífero Niebla-Posadas, reserva estratégica de agua del área metropolitana de Sevilla (de 1.000.000 a 3.300.000 m3/año), y casi triplicar los vertidos de agua residual, tras depuración, al Guadalquivir (de 900.000 a 2.340.000 m3/año). Pero esa depuración, suponiendo que sea eficaz, supone la generación de lodos de alta toxicidad, de los que nada dicen los anuncios. Por su parte, Atalaya Mining solicita estos días recrecer en 29 metros la balsa Cobre y en 42 metros la Aguzadera, que es incrementar un tercio su altura actual, lo que supondrá, de consentirlo las autoridades, que sus muros escalonados alcanzarán más cota que la pirámide azteca más alta.

Estas balsas de Río Tinto son ya las más grandes de la península: 182 millones de metros cúbicos de lodos, treinta veces lo que contenía la de Aznalcóllar. En 2019 fueron inspeccionadas por el geofísico Steven Emerman, que resaltó su alto riesgo de colapso. Y un estudio de geoquímicos del IGME reincide sobre su elevado riesgo de rotura (Rodríguez, R. et al, 2021). Y Atalaya Mining quiere recrecerlas. Esto por no hablar de los penúltimos desastres, como el de la rotura del dique de La Zarza, que vertió al Odiel 290.000 m3 de agua ácida en 2017.

La acumulación de pasivos ambientales en la Faja Pirítica Ibérica es ya hoy el límite principal al crecimiento de la agricultura de riego y el turismo.

Hagamos un recorrido por los embalses de la provincia para comprobarlo. Los principales en la Demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras suman 229 hectómetros de capacidad, cantidad muy baja en relación a la superficie de las cuencas y a los caudales medios. Esto se debe a que los embalses se encuentran en las cabeceras, cuando todavía sus cursos tienen escaso caudal. Los tramos medio y bajo del Tinto y el Odiel, cuando su potencial es mayor, carecen de presas: porque sus aguas bajan tóxicas, inaprovechables, dado que el coste de su potabilización, si fuera posible, es inabordable económicamente.

La presa de Alcolea, de construirse, tendría 247 hectómetros de capacidad, lo que duplicaría el potencial almacenable de la Demarcación. Pero las aguas, como hemos explicado, no son aptas. Los regantes de frutos rojos aseguran que el agua será potable y quieren que se construya. También el sector turístico y de la construcción quieren la presa. Pero es dudoso que esa agua alcance la potabilidad. Un estudio auspiciado por WWF y Fundación Nueva Cultura del Agua es inequívoco: el cálculo de costes del embalse realizado por ACUAES está subestimado y supone, sin  fundamento alguno, que el agua se hará potable sin necesidad de tratamiento, depositándose en el fondo los metales (Corominas et al, 2021).

Quienes se empecinan en la realización de Alcolea deberían aprender de lo ocurrido en el embalse vecino de El Sancho (río Meca), que recibe aguas similares a las que discurren por el Odiel: hasta 1994 albergaba peces, pero en 2018 solo contenía ya organismos extremófilos: “supone un caso extremo a nivel mundial de contaminación por drenaje ácido de minas” (Olías et al, 2018: 644). Es decir, evoluciona de embalse de agua a balsa de lodos.

Por tanto, el Tinto y el Odiel son ríos muy contaminados, lo que explica que los embalses fundamentales para consumo humano y riego estén en los afluentes del Guadiana: el Andévalo y el Chanza, que suman 975 Hm. Y tampoco están a salvo de contaminación minera: la rivera de Cobica y el barranco del Chorrito aportan aguas ácidas al embalse Andévalo, procedentes de las minas Lagunazo y Herrerías. El del Chanza tiene en la cabecera de su principal brazo portugués los residuos de Sao Domingos, mina principal de la faja pirítica portuguesa. Por si todo esto fuera poco, nos anuncian nuevas minas, algunas en los pocos espacios a salvo aún de drenaje ácido: como el proyecto Romanera, de Emerita Resources, en plena cuenca del embalse del Andévalo, la principal reserva de agua todavía medianamente potable en la provincia.

A finales del siglo XIX, agricultores, ganaderos y a veces los pescadores se vieron sometidos a una fuerte presión por las grandes empresas mineras.  De hecho, en los más importantes distritos mineros del mundo (incluido Río Tinto en 1880-1890), la resistencia más sostenida contra el dominio de las compañías mineras la protagonizaron agricultores y ganaderos (a veces pescadores). La contaminación minera de las aguas superficiales se convirtió en muchas ocasiones en el casus belli. Este tipo de conflictos entre agricultores y mineras siguen teniendo lugar en muchas zonas mineras del mundo, incluidos varios casos en Europa. Pero en Andalucía Occidental, la antigua oposición de agricultores a la gran minería, ha devenido en aceptación tácita del actual boom minero, o incluso en alianza de los dos sectores para exigir más fondos e infraestructura pública. Quizá se deba a que, como ha señalado Manuel Delgado (2021), la agricultura de riego a escala industrial es tan extractivista como lo ha sido siempre la minería de capital trasnacional.

Pese a todo, hay tiempo aun para reconsiderar qué nos dejarán y qué se llevarán los proyectos mineros en ciernes: es necesario un debate abierto, con menos publicidad corporativa, menos promesas gratis de puestos de trabajo, más información y más democracia.

* Profesores de las universidades de Huelva y Sevilla y Coordinadores del “Mapa de conflictos ambientales mineros de Andalucía y Portugal”