La fuga económica de la riqueza agrícola
La pujanza agrícola de la que disfrutan Almonte y Lepe no ha podido contrarrestar el que se encuentran entre los 20 municipios, de más de 20.000 habitantes, que lideran el ranking de los más pobres de España, según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Que la renta anual por habitante en Lepe sea de sólo 7.678 euros anuales ha sorprendido poderosamente a los ciudadanos, cuestionando la fuerza motriz de la agricultura para generar y redistribuir la riqueza entre la población.
En el Condado, 80.000 puestos de trabajo dependen de un sector que mueven medio centenar de empresas que soportan el 80% del Producto Interior Bruto (PIB) de la comarca, produciendo anualmente casi 300.000 toneladas de fruta que, sólo en la exportación, garantizan la entrada de 500 millones de euros a municipios como Almonte, Rociana del Condado, Moguer, Bonares y Lucena del Puerto.
La pregunta emerge sola: ¿cómo municipios que facturan y generan ingresos tan mastodónticos pueden estar entre los más pobres de España? ¿Por qué no repercute esa riqueza en un mayor poder adquisitivo de la población autóctona? Y, más aun, ¿cómo en dichas localidades pueden darse tasas de paro por encima del 20%?
La respuesta es poliédrica, y con muchas aristas. Un profundo análisis de la realidad social y económica nos lleva a la conclusión de que gran parte del valor añadido que generaría la transformación de esa fruta en yogures, batidos o derivados se va fuera de nuestras fronteras onubenses. A esto cabe sumar los gastos en royalties que se pagan por las variedades de fruta plantada; la maquinaria, los abonos o el gasto energético que rinden beneficios a empresas forasteras. El otro factor clave es la necesidad de ‘externalizar’ la recolección de fruta en la población no autóctona; lo que se explicaría por los bajos sueldos que se paga en el sector y que, en muchas ocasiones, es consecuencia directa de los paupérrimos precios que recibe el agricultor por la fruta adquirida en origen.
El trabajo en el campo es duro y el atractivo económico escaso. El salario de un peón recolector de frutos rojos experimentó este año una subida del 2% después de unas duras negociaciones entre la patronal y los sindicatos. El sueldo quedó estipulado en 47,59 euros brutos por la jornada de seis horas y media de duración. Además, las necesidades de recolección obligan a trabajar domingo y festivo, pues una fruta tan sensible como la fresa, la frambuesa y el arándano no puede esperar más de 24 horas a ser recolectada.
Con estos antecedentes, la población prefiere cualquier otra alternativa de trabajo, priorizando incluso los almacenes de manipulación donde, al menos, no se ejerce bajo condiciones climatológicas tan adversas: frío intenso y paralizante en invierno; e intenso y sofocante calor en primavera.
En la última década las macro ofertas de trabajo de los empresarios y organizaciones agrarias han tenido escaso éxito. La campaña de recogida de frutos rojos precisa unas 90.000 personas. La respuesta a las ultimas grandes ofertas de trabajo fueron descorazonadoras, aun cuando en Huelva existen unos 9.200 desempleados adscritos al sector agrícola.
Toda esta concatenación de factores obligan a las contrataciones en origen que son otra de las razones de la fuga de riqueza en las poblaciones donde se asientan las explotaciones agrícolas.
Los contratos en origen, una ‘fuga’ de capital de más de 90 millones de euros.
La Subdelegación del Gobierno en Huelva cifró a principios de campaña en 14.000 el número de temporeras marroquíes que desembarcarían en Huelva para la recogida de los frutos rojos, mientras que otras 2.800 quedarían “en reserva por si las necesidades de mano de obra así lo precisan. Este año y frente a las tensiones con Marruecos el Gobierno de España ha firmado un acuerdo con Honduras que permitirá garantizar la mano de obra para 2021-2022.
En esta campaña el contingente de mujeres desembarcó en España con contratos de seis meses mínimo. Según las estimaciones de los empresarios, en condiciones normales estas trabajadoras echaran unas 140 peonada por campaña, a razón de 47,59 euros por día. Groso modo, cada una de ellas se embolsan en torno a unos 6.800 euros, que multiplicado por los 14.000 contratos que se formalizan en origen suman un total de 95 millones de euros. La mayor parte de estos fondos terminan en los países de origen, puesto que el empresario corre con los gastos del trasporte y la vivienda.
Al contrario que los ciudadanos marroquíes y de los países del Este que se han asentado en los municipios condales y residen en la localidad, bien de alquiler o bien tras adquirir una vivienda, la mayoría de los extranjeros con contratos en origen mandan todos sus ahorros a sus países de origen, donde podrán vivir de manera holgada el resto del año.
La política pasa de puntillas
Cuando se dio a conocer los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el alcalde, de Lepe, Manuel González, mostró su sorpresa de la posición de su municipio en el ranking, máxime teniendo en consideración la fortaleza de sus empresas y las altas en la Seguridad Social.
Es cierto que tanto Lepe como Almonte han visto cómo el turismo se resentía enormemente por el Covid 19 y, con ello, toda la industria anexa que vive de él. Las restricciones de movilidad se han dejado notar especialmente en las playas de La Antilla y Matalascañas; así como en la aldea de El Rocío, donde se suma, además, un importante y crucial factor: la ausencia de la Virgen en su Santuario Marismeño.
A pesar de todo, el peso de la agricultura debería de haber ejercido una mayor fuerza de tracción para sostener la renta de los ciudadanos de no ser por las razones anteriormente mencionadas.
Este diario ha tratado, sin éxito, de conocer la opinión de María del Mar Castellano, la regidora municipal de Almonte, sobre las razones que están detrás de esta ‘pobreza’ de la ciudadanía. La alcaldesa tampoco se le conoce declaraciones públicas sobre una materia llena de tabúes, controvertida y sobre la que cualquier pronunciamiento es políticamente incorrecto.
La única formación política que ha hecho público sus análisis de las razones del descalabro del poder adquisitivo de Almonte y Lepe ha sido Podemos Huelva. El partido denuncia que “existe una actividad sumergida” que escapa a las “estadísticas” oficiales. Es por ello que aboga por “cambiar el modelo productivoy que la inspección de trabajo sea implacable para dignificar el trabajo de los temporeros y generar riqueza local que revierta en la población”. En este sentido, mantiene que el trabajo en ‘negro’ es consecuencia de que la ciudadanía onubense “lo que deseas es llegar a final de mes y pagar sus cuentas, y a veces, la alternativa pasa por trabajar en una actividad no declarada, puesto que el capital tiene la sartén por el mando y no da opciones dignas para que los trabajadores lleven un sueldo decente a sus familias”.
Estas declaraciones han sentado muy mal en el seno de la patronal. Los empresarios consultados por este periódico afirma que la situaciones es la contraria: “existe un déficit de mano de obra” que provoca que “muchos trabajadores quieran coger las peonadas necesarias para tener acceso al paro agrario” y, posteriormente, “dejan los tajos a mitad de la campaña”. En paralelo, retan a que indiquen “con nombres y apellidos qué empresas no hacen contratos a sus trabajadores pues no se puede manchar a todo el sector que cumple escrupulosamente con la Ley”.
