El drama de los desahucios continúa creciendo en Huelva
Los datos sobre desahucios no son cifras aisladas. Representan la tragedia de muchas familias que de un día para otro se ven en la calle y en muchos casos con una deuda que las perseguirá de por vida.
En Huelva, una ciudad con más de 8.000 viviendas vacías, Paula y sus dos hijos se quedaron sin hogar hace ocho meses. “Fueron momentos muy duros, de absoluta desesperación. Lo que más me quitaba el sueño era a dónde llevaría a mis hijos aquella noche” Paula no quiere que aparezca su nombre real ni su apellido porque se siente avergonzada por no haber podido ofrecer a su familia algo tan básico como un hogar: “Mi hijo mayor ha recibido todo tipo de comentarios despectivos en el colegio, desde insultos como ‘eres un sintecho’ hasta no querer jugar con él en los recreos”, confiesa.
Esta situación refuerza la idea de que la violencia hacia las familias que sufren un desahucio va mucho más allá del propio desamparo por la falta de vivienda. “Nunca piensas que te va a tocar a tí pero cuando lo hace es desgarrador”, asegura Paula. “De la noche a la mañana tú vida cambia, sufres de ansiedad constantemente y las instituciones, cuando logras que te escuchen, te aseguran que tienen las manos atadas. Y no hablemos ya de los bancos”.
A pesar de la nueva legislación antidesahucio, las moratorias aprobadas por el Gobierno y el Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre por el que se prohíbe expresamente los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad, los desahucios no han dejado de producirse: “Soy víctima de violencia machista. Tengo una sentencia que lo prueba, dos hijos menores y nos echaron de casa igualmente, ¿qué más necesitan?”, se pregunta la joven.
Y es que, según los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un reciente informe, el número de desahucios ejecutados en todo el Estado durante el primer trimestre de 2021 alcanzó a un total de 10.961 hogares, lo que supone un crecimiento del 13,4 % con respecto a 2020.
Solo en la provincia de Huelva se han producido este año 521 ejecuciones hipotecarias de las cuales, 303 se han llevado a cabo sobre viviendas, según la estadísticas oficiales del CGPJ. Este dato supone un incremento significativo sobre las cifras obtenidas el pasado curso que cerró con 269 viviendas intervenidas acercándose a los 357 obtenidos en 2018, aunque lejos todavía del pico máximo de las cifras de 2017, cuando en plena crisis inmobiliaria, se alcanzaron los 616 hogares.
El dato positivo en la provincia lo recoge el número de viviendas que son propiedad de personas fiscas frente a las que pertenecen a empresas privadas. En 2020, tan solo 89 de los 303 viviendas que han sido objeto judicial pertenecen a personas que no han podido hacer frente al crédito hipotecario. Una cifra en descenso comparadas con las 174 de 2019 y las 202 de 2018. Este hecho es consecuencia directa, según explican desde la PAH, de la resaca de la crisis inmobiliaria en la que muchas personas pusieron una vivienda personale como aval para el préstamo hipotecario.
Entre los principales motivos de los lanzamientos, afirma el órgano constitucional, en primer lugar se encuentran aquellos que son consecuencia directa de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con un 72 % de los casos registrados y 7.862 ejecuciones; en segundo lugar, el impago de los préstamos hipotecarios con un 23,2 % y 2.548 casos. Por último, los 551 restantes, respondieron a "otras causas". Estos datos suponen un aumento del 6,5 % durante los primeros tres meses del año y, lo que es más preocupante, el primer repunte en términos interanuales desde 2015.
Por Comunidades Autónomas, Andalucía es el segundo territorio con mayor número de familias afectadas (1.778) solo superada por Catalunya con 2.437, una cifra que supone el 22,2 % del total del Estado. El caso catalán es, si cabe, más preocupante puesto que, a pesar de contar con una ley específica sobre el techo del precio del arrendamiento, más de un 75 % de los lanzamientos se producen a causa de impagos de alquiler (1.835). Le siguen el País Valencià con 1553 y Madrid, con 1.033.
Los desahucios se ensañan con las viviendas habituales
La crisis del coronavirus ha tenido un impacto decisivo sobre las viviendas habituales. Según los datos del INE, durante el primer trimestre del año, se produjeron 3.207 ejecuciones hipotecarias sobre este tipo de hogares, lo que supone un 84,1 %, la mayor cifra desde hace cuatro años. También aumentaron, aunque en menor medida, las de viviendas no habituales hasta situarse en 682, un 22,3 % más.
Estas cifras, sin embargo, sólo representan una parte de los desahucios en España, en concreto, los que corresponden a los impagos de hipotecas. La problemática es más amplia puesto que la mayoría de los desalojos en nuestro país se llevan a cabo en aquellas familias que viven en régimen de alquiler. En concreto, 7 de cada 10 desahucios son inquilinos arrendados lo que supone un 68 %, según los últimos datos ofrecidos por este mismo organismo.
Acerca de los desahucios por impago del crédito hipotecario, Andalucía fue el territorio más afectado con 576 lanzamientos ejecutados, seguido del País Valencià (468), Catalunya (407) y Murcia (263).
El drama de las viviendas habituales y el significativo incremento en los desalojos de estas se explica por el aumento de las dificultades económicas que atraviesan muchas familias, obligadas a elegir entre pagar la hipoteca o comer.
A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno central como la moratoria hipotecaria para flexibilizar las condiciones de pago (marzo de 2020) o la líneas de préstamo ICO con el aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), las medidas no han resultado efectivas para frenar la sangría de ejecuciones sobre las viviendas habituales de muchas familias.
Cabe aclarar, sin embargo, que estos datos aportados por el INE no se corresponden exactamente con desahucios. Las ejecuciones hipotecarias suponen un proceso a través del cual el prestamista reclama a la persona prestataria las cantidades adeudadas. Se inicia entonces un litigio en el que dichas personas pueden o no llegar a un acuerdo. Solo cuando no existe consenso entre ellas, el juzgado puede ejecutar dicha hipoteca y proceder al desahucio.
Más de 25.000 desahucios en 2022
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha advertido que se trata de “una situación crítica” para la estabilidad de muchas familias. Con el fin de la moratoria hipotecaria prevista para el próximo 9 de agosto, la PAH calcula que se podría producir una verdadera hemorragia de desalojos en todo el Estado. En concreto la Plataforma estima que podrían producirse hasta 25.000 desahucios, entre los que se incluirían familias con menores o personas dependientes a cargo.
La PAH ha comenzado ya a movilizarse para evitar este panorama. En Catalunya, el territorio más afectado por esta lacra, el Parlament votará el próximo martes una nueva ley de medidas urgentes que palie la emergencia habitacional. La nueva legislación, que contará con mayoría parlamentaria suficiente gracias a los votos favorables de ERC, Junts, la CUP y En Comú Podem, recoge una exigencia histórica de la organización como es el alquiler social.
“La Ley recupera la obligación de ofrecer un alquiler social a familias vulnerables por expiración de contratos y, en algunos casos, de ocupación”, explica Lucía Delgado, portavoz de la PAH. Dichas demandas ya estaban incluidas en el Decreto 17/2019, tumbado por el Tribunal Constitucional, a petición del PP, por un defecto de forma.
A nivel estatal, la plataforma antidesahucios también está trabajando para impulsar la Ley por el Derecho a la Vivienda, una máxima del PSOE en campaña electoral. Desde la entidad entienden que, de aprobarse, la nueva legislación podría quedar “en papel mojado” si no se atienden algunos elementos básicos tales como la necesidad de asegurar y ampliar el parque público de alquiler social, la regulación del precio de los alquileres o la modificación de la ley de arrendamientos urbanos para proteger a los inquilinos dentro del Estado.
