sábado. 20.04.2024
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Constituido un grupo con los afectados de las denegaciones de registro de pozos por la CHG

Los afectados son pequeños agricultores/as y ganaderos/as hasta ahora de los municipios de Chucena, Manzanilla y Escacena del Campo a los que se les ha denegado la inscripción de los pozos muchos años después de haberlos solicitado.
Constituido un grupo con los afectados de las denegaciones de registro de pozos por la CHG

En la tarde de ayer se mantuvo un encuentro en el municipio de Chucena en el que se dieron cita La alcaldesa de Chucena, Encarni Castellano, el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, el alcalde de Escacena del Campo, Eulogio Burrero, los concejales de agricultura de los Ayuntamientos de Chucena y Manzanilla, Antonio Manuel Rubio y Antonio González, el secretario general de UPA Huelva Manuel Piedra y el técnico de UPA Huelva David Solís, así como un nutrido grupo de agricultores/as y ganaderos/as afectados por la denegación de expedientes de inscripción de pozos que se nutren del acuífero ES050MSBT00055101.

El motivo del encuentro, que tuvo las correspondientes limitaciones de aforo y acondicionamiento para adaptarse a las medidas de prevención por COVID-19, fue para informar de la reunión mantenida el pasado día 23/03/2021 con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para tratar el tema.

Este acuífero fue declarado por el Consejo de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir como “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo” y así fue publicado en el BOE el pasado 24/08/2020. Este tipo de declaración conlleva a nivel jurídico la denegación de los expedientes de inscripción de pozos, pero según según se recoge en la Ley de Aguas, los plazos para resolver y notificar la resolución en los procedimientos regulados en esta Ley son de 18 meses en lo relativo a este tipo de expedientes y la mayoría de ellos son solicitudes de varios años atrás.

Esta es precisamente la controversia generada entre los pequeños agricultores/as y ganaderos/as afectados/as, dado que se dan casos de expedientes presentados incluso anteriores a 2018 que ahora han sido denegados bajo el argumento de que el acuífero ha sido declarado en 2020 en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. Esto quiere decir que se está aplicando la norma con carácter retroactivo con un período superior a esos 18 meses en los que se deberían haber resuelto los expedientes.

Además, resulta también surrealista la contradicción que los expedientes sufren debido a las contradicciones entre administraciones. UPA Huelva no puede comprender como la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidad de Huelva que tiene las competencias de la captación de aguas concede el permiso según sus competencias y da un plazo de 6 meses para ejecutar las obras y sin embargo el uso del agua llega denegado varios años después por la CHG con el dinero de la obra y las inversiones ya gastado.

En la reunión mantenida, los representantes de la CHG argumentaron que se había hecho una consulta a la abogacía del estado y que había jurisprudencia a favor de la aplicación de la retroactividad así como que las medidas que contempla la Ley de creación de una Comunidad de Usuarios por Masa de Aguas Subterráneas (CUMAS) y el correspondiente informe técnico de la Oficina de Planificación Hidrológica arrojará luz a la situación de estos expedientes. No obstante el resultado práctico hasta ahora es que hay afectados al menos 40 familias de agricultores/as y ganaderos/as de la zona que han invertido su patrimonio en sus explotaciones y que ahora no pueden regar por la denegación del permiso.

Hay que destacar que el perfil de usuarios/as afectados es el de explotaciones muy pequeñas (pozos tipificados como domésticos inferiores a 7.000 metros cúbicos por el artículo 54.2 de la Ley de Aguas) en los que se permitía hasta ahora la extracción de agua una vez solicitado el permiso y sin autorización expresa, precisamente porque su volumen de consumo era muy reducido y ahora, cuando las inversiones ya están realizadas y las explotaciones en funcionamiento, es cuando les llega la denegación del permiso de inscripción del pozo varios años después de su solicitud.

Durante la reunión mantenida, tanto los representantes de las corporaciones locales, los agricultores/as y ganaderos/as asistentes y los miembros de UPA Huelva han acordado constituir un grupo de trabajo encargado de estudiar las actuaciones a realizar de forma coordinada. En esa línea, los representantes de las corporaciones locales ya han registrado una solicitud de reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para buscar soluciones y a la que asistirá también UPA Huelva.

UPA Huelva hace un llamamiento a los agricultores/as y ganaderos/as de la zona que puedan estar afectados/as por la misma situación y que no pudieron asistir a la reunión a que acudan a su Ayuntamiento y soliciten información de cara a poder contabilizar a la totalidad de expedientes denegados y llevarlos al grupo de trabajo que se ha creado.