La Junta modifica el Plan del Medio Físico y prioriza la minería a costa de la agricultura

La Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía tiene abierto un procedimiento para modificar el Plan del Medio Físico de la provincia de Huelva que impedía los proyectos mineros en una docena de áreas agrícolas singulares. Los tentáculos mineros se plantan ya a las puertas de Gibraleón, Beas o Escacena y afectan al desarrollo agrícola del Andévalo. La colisión es inevitable.

Era cuestión de tiempo que dos de las grandes locomotoras de la economía de la provincia chocaran. Porque la minería y la agricultura tienen muy difícil convivencia y sus intereses son contrapuestos en zonas donde compiten unos agresivos desarrollos mineros y áreas de regadíos. Los primeros generan aguas ácidas y los segundos requieren aguas limpias.

Así ha sucedido en el proyecto de presa de Alcolea, paralizado desde hace varios años, tras surgir dudas razonables sobre la contaminación de sus aguas por drenajes ácidos de mina. Un líquido que iba a regar, según las previsiones, miles de hectáreas de nueva creación en el Andévalo minero y otros territorios.

Ahora la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio que dirige Marifrán Carazo acaba de publicar la modificación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y catálogo de espacios y bienes protegidos de la provincia de Huelva que bendice a la minería a costa, en muchos casos, de la agricultura. La superficie afectada es enorme y afecta a una docena de, hasta ahora, Paisajes Agrícolas Singulares repartidos de norte a sur y de este a oeste de Huelva.

Los tentáculos de la minería llegarán ya hasta los olivares y campos de Gibraleón y Beas, en plena campiña de Huelva, por el sur; y a Rosal de la Frontera y Aroche, por el norte, donde acaba de despegar la siembra de arándanos. En medio, territorios de Valverde, Sanlúcar de Guadiana, El Granado, Castillejos, Villanueva de las Cruces, La Granada de Riotinto, Santa Bárbara, Santa Olalla o Cala.

En el Andévalo, muchas de estas tierras han sido adquiridas en los últimos años por importantes grupos agrícolas del levante español y cooperativas del entorno de Doñana afectadas por la ‘sequía’ hídrica del acuífero 27. Buscan su expansión y nuevas tierras de cultivo.

El Plan original ahora modificado databa de 1986 aunque en abril de 2017 un oficio de la (socialista) Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo dirigido al Servicio de Minas de la Dirección General de Industria solicitaba iniciar los trámites correspondientes para instar la modificación del Plan Especial de Protección del Medio Físico. Una petición que era bendecida también por la (entonces) Consejería de Medio Ambiente. Se abría la puerta de par en par a la modificación del expediente de innovación del PEMF, lo que se trasladó a la Dirección General de Urbanismo para su tramitación.

Este entuerto normativo dejaba a las claras que la solicitud se justificaba en la actual prohibición por parte de la normativa urbanística del citado instrumento de actividad minera en los ámbitos de Paisajes Agrarios Singulares delimitados y en el cambio de situación de esta actividad en la Faja Pirítica Ibérica de Huelva. Destacaba el texto el crecimiento de las inversiones mineras actuales (2017) respecto al momento de redacción del Plan, cuando la minería estaba en franco declive. (A finales de los 80 se cerraban minas a pares).

La propuesta era modificar el Plan del Medio Físico para, dice el BOJA; “compatibilizar la protección establecida por el instrumento urbanístico con la explotación de los recursos mineros y de esta manera no hipotecar el futuro desarrollo de la minería en la Faja Pirítica Ibérica de la provincia de Huelva”.

Estaba claro que para el potente y bien relacionado negocio minero la figura legal de los Paisajes Agrarios Singulares suponía una rémora y bloqueaba sus futuros proyectos en varias comarcas: el Andévalo, la Cuenca Minera, la Sierra sur y también el Condado onubense. Porque en el apartado 2ª de la citada norma relativa a Paisajes Singulares se establece que “en estos espacios se prohíben explícitamente las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras e instalaciones anexas.

Así que mediante una orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de noviembre de 2017 se autorizó la consulta previa referente a la “innovación” necesaria en los planes del medio físico.

En la orden se estableció “en cuanto a la necesidad y oportunidad de la innovación que la regulación actual de los Paisajes Agrícolas Singulares del Plan Especial de Protección del Medio Físico impide el aprovechamiento de los recursos mineros de la Faja que tienen la consideración de interés general para la Comunidad Autónoma”. Asimismo, se establece que la nueva regulación de este uso debe cumplir con los requisitos de no producir un impacto paisajístico y de no suponer una merma de los valores ambientales de los ámbitos afectados”.

Ahora se ha agilizado toda esta tramitación que beneficia a las mineras. El pasado 18 de febrero de 2021 la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo propuso la formulación de la modificación del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la provincia de Huelva.

Textualmente, la normativa modifica la regulación de usos “para posibilitar las actuaciones de extracción subterránea de los recursos mineros de la Faja Pirítica en los Paisajes Agrícolas Singulares siempre y cuando una evaluación ambiental y paisajística lo permita”.

La tramitación del expediente está en manos de la Ordenación del Territorio y Urbanismo a la que corresponderá la aprobación definitiva del mismo.

Esta modificación del Plan del Medio Físico supone un espaldarazo a varios proyectos mineros pendientes de desarrollo en la provincia de Huelva pero lastrará también el desarrollo agrario en varias zonas.

Superar los escollos judiciales: la sentencia que detonó los cambios

Uno de los proyectos y piedra de toque de este asunto es el permiso de investigación minera de La Romanera. Allí los ayuntamientos de Puebla de Guzmán y Paymogo negaron en principio la concesión del permiso de investigación porque entienden que la actividad minera es "incompatible" con las normas de planeamiento municipal. Los terrenos afectados por este desarrollo minero poseen la clasificación de suelo no urbanizable de especial protección por la legislación específica que afecta a la Dehesa de Paymogo.

Precisamente el Ayuntamiento de Paymogo recurrió a que el Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva dejaba claro que "se prohíben en estos espacios las actuaciones de extracción de áridos y arenas, mineras, instalaciones e infraestructuras anexas".

Una decisión que colisionó con las intenciones de Emeritas Resources en La Romanera.

Pero esta colisión no ha afectado solo a Emerita Resources. Ya en 2017 la minera MATSA salió escaldada de sus intenciones de desarrollar proyectos mineros en zonas agrícolas. Entonces fue el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que en verano de 2019 se pronunció al respecto y dejó claro que "se prohíbe a partir del artículo 42 del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva la extracción de arenas, actuaciones mineras e instalaciones e infraestructuras anexas". Un fallo que tocaba en la línea de flotación a las empresas mineras.

Está por ver qué pasará en zonas históricamente agrícolas como Escacena. En pleno corazón del Condado, y muy cerca de la mina de Aznalcóllar. Aquí la firma canadiense Pan Global investiga sobre unas 6.000 hectáreas de terreno donde asegura haber encontrado cobre de alta ley.

El desarrollo que se pretende puede colisionar con los agricultores acogidos a la Indicación Geográfica Protegida Garbanzo de Escacena e importantes cooperativas agrícolas de esta parte del Condado, verdadero motor económico de estos pueblos hasta el momento.

Sin olvidar, claro está, los proyectos de Magtel y Tharsis Mining en otras áreas de la Faja Pirítica y que se ubican en Tharsis, La Zarza y mina de San Telmo.

Asimismo, Tharsis Mining ya pidió a la Junta de Andalucía que le concediera los derechos mineros de la finca Ángeles, de 2.500 hectáreas y ubicada entre Paterna del Campo, Escacena del Campo y Berrocal, todos ellos en la provincia de Huelva. Se trata de una propiedad privada, actualmente con uso agrícola, que es rica en cobre.

Las comunidades de regantes aun no se han pronunciado y eso que tienen en previsión, por ejemplo en el Andévalo Fronterizo y Minero, el desarrollo de más de 6.000 hectáreas entre Puebla de Guzmán, Tharsis, Alosno, El Almendro, Villanueva de los Castillejos o Paymogo.