Varapalo judicial de Europa a las abusivas extracciones de agua para Matalascañas

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión (TUE) Juliane Kokott ha concluido en un informe que las extracciones "desmesuradas" de agua subterránea en el Espacio Natural de Doñana son contrarias a la legislación comunitaria porque contravienen la directiva sobre hábitats. Sin embargo, este informe no es vinculante y resta por conocerse la sentencia del tribunal de Luxemburgo.

A juicio de la Abogada General Kokott, "la Comisión no ha acreditado que haya aumentado el uso excesivo ni, por tanto, la infracción de la prohibición de deterioro".

No obstante, según sus consideraciones, "España ha infringido la Directiva marco sobre el agua en la medida en que, en el marco de la evaluación exigida de las repercusiones de las actividades humanas en el estado de las aguas subterráneas en el Espacio Natural de Doñana, no ha tenido en cuenta, al estimar las extracciones de agua subterránea, ni la captación de agua potable (que asciende al fin y al cabo al 4-5 % de las extracciones legales con fines agrícolas) ni las extracciones ilegales".

Se entiende que "sin estos factores no puede evaluarse correctamente el estado de las aguas subterráneas ni es posible prever si serán suficientes las medidas para combatir las extracciones ilegales. En cambio, la alegación de que hay demasiado pocos puntos de medición no ha sido suficientemente respaldada por la Comisión".

La Directiva marco sobre el agua también resulta infringida, según este informe jurídico, por el hecho de que, en el Plan Hidrológico 2016-2021 para el río Guadalquivir, "España no haya previsto ninguna medida dirigida a evitar los efectos negativos que las extracciones de agua para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas", situado en las inmediaciones, tienen sobre una serie de tipos de hábitat protegidos en la zona de conservación de Doñana.

En cuanto a la Directiva sobre los hábitats, la Abogada General Kokott defiende la tesis de que la Comisión ha demostrado suficientemente la probabilidad de que "los tipos de hábitat protegidos en las tres zonas de conservación de Doñana, Doñana Norte y Oeste y Dehesa del Estero y Montes de Moguer sufran repercusiones negativas significativas como consecuencia de las extracciones de agua que se llevan a cabo actualmente en el Espacio Natural de Doñana desde mediados de 2006 (desde que se aplica la prohibición de deterioro de la Directiva sobre los hábitats)".

"Dado que España no ha podido desvirtuar esta alegación y que la posible justificación de las repercusiones negativas en las zonas de conservación basada en la existencia de intereses socioeconómicos no puede prosperar por el mero hecho de que no ha habido una evaluación adecuada de los efectos de las extracciones de aguas subterráneas en dichas zonas, España ha incumplido la prohibición de deterioro de la Directiva sobre los hábitats", insiste en análisis de la abogada general previo a la sentencia definitiva.

La Comisión Europea llevó a España ante el TUE en enero de 2018 tras considerar que no había tomado las medidas oportunas para proteger las masas de agua subterránea que alimentan el humedal de Doñana ni para evitar el deterioro de los hábitats protegidos en estos humedales. En sus conclusiones, Kokott propone al Tribunal de Justicia que estime parcialmente el recurso del Ejecutivo comunitario.

El coordinador de WWF para Doñana, Juan José Carmona, se ha mostrado partidario de "cerrar de una vez por todas las hectáreas ilegales y acabar con los 'agropiratas'" en Doñana. En declaraciones a diariodehuelva.es tras conocer la resolución de la Abogada General ha mostrado sus cautelas con la sentencia definitiva que aun no ha salido.

Carmona recuerda el trabajo de WWF, que lleva más de una década advirtiendo de la situación hídrica en Doñana, por lo que "hay que ordenar el territorio adecuadamente". "La administración andaluza tiene que ponerse de una vez por todas en el cierre de las hectáreas ilegales". Carmona exige a las administraciones que recuperen el acuífero de Doñana, que viene sufriendo agresiones durante los últimos 20 años a todos los niveles, desde regadíos abusivos hasta campos de golf o abastecimientos ilegales que no tienen en cuenta la normativa europea.