Máxima tensión en las aulas 73 días después del inicio de curso

Han pasado 73 días desde que abrieron las aulas y la incertidumbre se ha convertido, para muchos, en una verdadera pesadilla. Rara es la semana (por no decir el día) en la que no se escucha un nuevo caso de Covid-19 en los centros de la provincia. Lo que al principio era noticia, ahora ya forma parte del día a día.

Cada vez son más habituales los casos de contagio entre la comunidad educativa y, en consecuencia, las protestas lejos de acallarse, dos meses después, están más vivas que nunca.

Según los últimos datos aportados por la Junta a fecha de 10 de noviembre, el 97,3% de los centros educativos andaluces están libres de coronavirus. Se han producido 4 cierres totales de centros en el cómputo global de la comunidad andaluza (de un total de 7.099 -un 0,15%-); 187 aulas (de 78.024 aulas -un 0,23%-) y 253 reaperturas.

En Huelva, permanece cerrada la Escuela Infantil La Jara, en Aracena. Este sería, según la Junta, el único cierre total que ha habido en la provincia onubense a causa de la pandemia (un 0,02%). Por su parte, se ha llevado a cabo el cierre parcial de 7 aulas de un total de 5.170 (0,13%) y 10 reaperturas.

Sin embargo, lejos de estos datos, diferentes colectivos critican con dureza la falta de claridad y el desfase informativo existente entre la Administración andaluza y los centros educativos, en relación al impacto real del virus y al número de casos.

Para María Jesús Valle, representante de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) en la provincia de Huelva, "el desfase informativo viene ocasionado por la falta de efectividad del Protocolo Covid. Y ese protocolo no puede cumplirse por la gran descoordinación que existe entre la Consejería de Salud y la de Educación. Los enlaces no son efectivos porque es imposible trabajar cuando no existe planificación. Ambas consejerías tienen que trabajar conjuntamente y están demostrado que hoy por hoy eso no sucede", explica.

La también representante de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí (FAMPA Huelva), no entiende el modo de proceder que está llevando a cabo la Consejería de Salud. "Salud dice que se acabó confinar las clases, alegando que si eso sucede es imposible la conciliación. Por eso, ahora únicamente los más allegados a las personas afectadas son los que tendrán que aislarse. Y esto es inadmisible. El compañero de mi hijo está confinado pero a mi hijo no lo avisan ni toman medidas. Se echa la culpa a la juventud, pero, en realidad, el foco está en los centros. No se puede parar la educación por garantizar la conciliación", critica.

La representante del colectivo de padres y madres en Huelva agradece el esfuerzo del personal docente y del alumnado durante estos meses. "Si el alumnado no estuviera demostrando la responsabilidad que está demostrando, los contagios no serían 200 al día, serían miles. Ellos están haciendo cuanto está en sus manos para contener la pandemia. La Junta, después de dos meses, no ha hecho nada", sentencia.

Desde el colectivo Marea Verde en Huelva (plataforma que agrupa a asociaciones de padres, sindicatos y estudiantes de la educación pública onubense) también han querido hacer un balance de este tiempo convulso en los centros educativos.

"Lamentablemente teníamos razón cuando desde junio veníamos denunciando que no se estaba planificando un curso con garantías de seguridad y del ejercicio del derecho a la educación presencial. Si a ello sumamos la propuesta borrador de decreto de ampliación de los conciertos a bachillerato y FP, podemos afirmar con rotundidad: este Gobierno no está defendiendo el servicio público, sino todo lo contrario, aprovecha tiempos de crisis para aumentar sus políticas de hacer negocio a costa del dinero público, de lo que debería ser una garantía universal con derechos para todas", aseguran desde Huelva.

Para denunciar la situación en la que se encuentran, desde Marea Verde emprendieron ayer una huelga educativa a través de una caravana de vehículos, que partía a las 18 h., desde la Avenida Andalucía para exigir una solución contra la precaria situación en las aulas.

"Llevamos varias semanas con un incremento incesante de casos en los centros educativos, tanto de infantil como primaria, secundaria o bachillerato y FP. Eso ocurre independientemente de la zona o localidad. En todas las zonas tenemos un diagnóstico con aulas confinadas, equipos directivos confinados en su totalidad, alumnado contagiado. Aún así se sigue tendiendo a echar balones fuera dando estadísticas. Sólo un porcentaje minoritario se ve afectado. A lo que nosotras decimos: cada vida importa, cada contagio importa, … porque cada centro se convierte en un lugar que amplifica potencialmente los casos. Ya no solo en las aulas, también en los servicios complementarios de transporte escolar, aulas matinales, comedor, extraescolares, …", recogen.

En cuanto a la semipresencialidad, critican que se está demostrando que es "a costa de incrementar el trabajo del profesorado y de disminuir la calidad educativa". Lamentan que al optar, en muchos centros a partir de 3º de la ESO por la semipresencialidad, alternando 50% de los grupos, se tiene que ralentizar casi al 50% los contenidos. "Cada 50% vive un proceso educativo distinto con el mismo profesorado, que luego además tiene que mantener una plataforma educativa (en muchos casos privada) suponiendo además que de facto se tienen 2 grupos de clase como si fuera uno sólo. Se ha desdoblado a coste cero, prácticamente", afirman.

Además, afirman que la inversión para el curso actual está siendo, rotundamente, insuficiente: "Pedíamos un plan extraordinario de contratación de personal educativo y de espacios que permitieran desdoblar grupos para tener ratios seguras. A día de hoy en toda la geografía se tienen ratios por encima de 25 en primaria y de 30 en secundaria. Las inversiones y puestos nuevos se han asignado en muchos casos como medidas de “apaga fuegos” ante las movilizaciones y protestas de las comunidades educativas. No se ha trabajado en un escenario como el que estamos viviendo que es lo que se prometió".

Una reivindicación a la que se sumaron ayer  doce organizaciones que agrupan a la totalidad del ámbito educativo (alumnado, madres/ padres y personal educativo, tanto docente como no docente) convocando una huelga general de educación en toda Andalucía.

Una de estas acciones de protesta también se llevó a cabo en el IES La Orden de la capital. Miembros de la plataforma Docentes por la Pública dejaban patente "el maltrato" que está sufriendo la educación en mitad de la segunda oleada de contagios.

"Creemos que es un ataque directo a la educación pública con pandemia mediante. Se debería haber bajado la ratio, garantizado las distancias de seguridad en las aulas...y todo eso, 72 días después del inicio de curso, no se ha hecho", aseguraba a este medio Rafael García, representante de Docentes por la Pública en Huelva y profesor del IES La Orden.

El profesor del IES onubense asegura que en su clase tiene a 3 alumnas que han dado positivo y a otras varias en cuarentena. "Este es el día a día que tenemos que soportar. La educación se ve interrumpida continuamente por los casos de contagio y este no es el funcionamiento idóneo de una educación de calidad", lamenta.

"La huelga del 12 de noviembre es una muestra de unidad sindical en defensa de la escuela pública y trabajaremos para que esa unidad siga creciendo. De hecho, desde Docentes por la Pública seguiremos con la huelga indefinida que comenzamos el pasado 15 de septiembre, como instrumento de protección a todos los trabajadores docentes", explica el representante del colectivo en la capital.

¿Qué reivindican, dos meses después, padres, profesores y trabajadores de los centros?

Las diversas plataformas educativas han puesto de manifiesto las razones de las movilizaciones que han protagonizado desde principio de curso. Piden a la Junta de Andalucía:

• La bajada de ratio a 15 alumn@s por aula (y que se mantenga tras la pandemia);
• La contratación de 20.000 profesores (uno por cada 7 alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y un orientador por cada 250 alumnos).
• La habilitación de los espacios públicos necesarios para garantizar un entorno seguro
• La oposición a la política de privatizaciones (con la consiguiente eliminación de los conciertos educativos)
• Fin de la precariedad (no a la contratación precaria de asociados en los centros universitarios, condiciones dignas de trabajo para el profesorado y personal no docente)
• Aplicación urgente del artículo 8.1 de la Ley de Bioclimatización (que incide en la calidad del aire interior de las aulas y espacios educativos, de cara, entre otras cosas, a reducir el riesgo de contagios por aerosoles)
• Exigencia de que la nueva Ley de Educación – LOMLOE- cuente con la participación de los colectivos educativos
• Ampliación de los contratos de refuerzos COVID para todo el curso 2020/21
• Oposición enérgica a la semipresencialidad a costa del tiempo lectivo y del currículum (entendiendo que vulnera derechos fundamentales y que siembra aún más desigualdad)
• Aumento significativo de la financiación y dotación de recursos de los centros educativos (con el objetivo de que la presencialidad se acompañe de seguridad)
• Reducción de las tasas universitarias (no al tasazo) y derogación del Decreto de Escolarización.

Desde Marea Verde consideran que la situación es de máxima urgencia y no sólo desde el punto de vista sanitario. "Es necesario defender hoy la educación pública andaluza como bien esencial que es; de nada servirá lamentarnos mañana, cuando ya sea demasiado tarde”, sentencia el colectivo.