Un juzgado de Ayamonte abre diligencias penales por el presunto intento de comprar la Alcaldía de Cartaya
Un juzgado de Ayamonte ha abierto diligencias penales por el presunto intento del PSOE de comprar la alcaldía de Cartaya. Además, el juez ayamontino ha declarado la causa compleja, ante la previsión de que la investigación se prolongue, al menos, durante 18 meses. Esta situación se justifica por el retraso que acumulan los diferentes juzgados que suman el habitual con el debido al cierre por el estado de alarma, que ha provocado que las citaciones para declaraciones se estén retrasando ya hasta finales de año.
El magistrado Rafael Pascual Vargas ha recogido esta decisión en un auto, fechado a finales del pasado agosto, en el ordena la incoación de diligencias previas en respuesta a la denuncia que en su día, al destaparse el escándalo y las grabaciones que atestiguan el presunto intento de soborno, interpuso la víctima, Manuel Barroso, portavoz del PP en ese consistorio y alcalde hasta este mismo verano.
Barroso se enfrentó entonces a la moción de censura que promovió Alexis Landero, que se convirtió así en alcalde pero fue forzado a dejar el cargo por la situación acontecida.
En la resolución, como adelanta El Mundo de Andalucía, el titular del Juzgado de Instrucción 5 de Ayamonte da por personado a Barroso y le requiere para que entregue el teléfono móvil con el que realizó las grabaciones en las que se escucha cómo Landero y quien fue su número tres en la lista de las anteriores elecciones municipales, Antonio Escudero, le ofrecen al denunciante un empleo para él y otro para su mujer, además de ayuda para su empresa. El aparato será analizado por los expertos de la Guardia Civil del Equipo de Delitos Telemáticos.
También ha requerido al Ayuntamiento de Cartaya para que le entregue certificaciones de los plenos de constitución de esa corporación de 2011, 2015 y 2020, a los efectos de determinar la condición de funcionario público de quienes tuvieron algún papel en el presunto intento de soborno.
Es así, como el juez da pistoletazo de salida a la investigación judicial por el presunto intento de los socialistas de comprar al candidato del Partido Popular para evitar que formase una alianza con otros partidos que impidiese gobernar al PSOE, como finalmente sucedió al rechazar Barroso la oferta.
