El vertido de aguas ácidas de la mina de Aznalcóllar amenaza otra vez a Doñana
Hoy se cumplen 22 años de una de las mayores catástrofes ambientales de España. La rotura de la balsa de residuos de la multinacional Boliden en las minas de Aznalcóllar, a 60 kilómetros al norte de Doñana, originó el mayor vertido tóxico de nuestra historia.
WWF acaba de denunciar que la amenaza de este proyecto continúa porque "las intenciones de la Junta de Andalucía para reabrir la mina de Aznalcóllar desde 2013 no han hecho más que afianzarse hasta la actualidad".
Según WWF, la aprobación el pasado 9 de marzo por el Gobierno de la Junta de Andalucía del Decreto Ley 2/2020, por el que facilitan los permisos mineros, abre el camino para poder abrir minas en Andalucía con menos garantías. “Reclamamos a la Junta de Andalucía que recuerde lo ocurrido en 1998 y abandone el proyecto de reapertura de Aznalcóllar por sus riesgos para los ecosistemas del Guadiamar y Doñana y al Ministerio de Transición Ecológica que no permita nunca más este despropósito”, declara Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Doñana.
La sombra de Aználcollar vuelve a proyectarse sobre Doñana.
Según informa WWF en una nota de prensa, el proyecto de reapertura de la mina fue adjudicado en 2015 por la Junta de Andalucía a las empresa Minorbis (Minera los Frailes) y Grupo México, esta última arrastra un historial contaminante similar al de Aznalcóllar en el estado de Sonora, en México. Ahora, para reabrir la mina, el consorcio minero debe emprender acciones que suponen un grave riesgo ambiental. Por ejemplo, las adjudicatarias
necesitarían que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, les autorice previamente el vaciado de la corta minera a cielo abierto de los Frailes, abandonada desde 2001, insiste WWF. En este espacio se acumulan 14 millones de metros cúbicos de aguas ácidas (el doble del volumen de lo que se derramó en el accidente de hace dos décadas), que se verterían al espacio protegido de la Red Natura 2000, el Corredor Ecológico del Guadiamar, advierte WWF.
Para tratar estas aguas contaminadas, la empresa adjudicataria propuso un procedimiento de depuración que fue puesto en duda por organizaciones ecologistas, que alertaron de que no era suficiente y que las aguas que se
vertieran al Guadiamar y a Doñana llegarían contaminadas.
Esta denuncia ha sido ratificada recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica (CHG), que ha denegado, por ahora, este vertido a la empresa adjudicataria, por contener sustancias peligrosas para el Dominio Público Hidráulico que generarían impactos negativos para el Espacio Natural de Doñana.
Para WWF, esto demuestra una vez más que este proyecto minero es muy peligroso para Doñana y que la reapertura de la mina supone un riesgo inasumible para uno de los espacios naturales más importantes del mundo.
A pesar de ello, WWF mantiene que la Junta de Andalucía sigue apostando por un sector que acumula
sentencias en su contra. En este último año, WWF ha denunciado ante la UNESCO y el Consejo de Europa los peligros que para Doñana significan los proyectos industriales como la reapertura de la mina de Aznalcóllar o el almacenamiento de gas en el subsuelo del Espacio Natural, y ha solicitado a ambos
organismos internacionales que pidan al estado español la retirada de los mismos.
El último movimiento de la Junta en favor de la minería industrial ha sido la aprobación del Decreto Ley de Mejora y Simplificación de la Regulación para el Fomento de la Actividad Productiva en Andalucía (DL 2/2020), por el que se elimina la obligación de elaborar Planes Especiales y Proyectos de Actuación en Suelo No Urbanizable para la implantación de minas, sustituyéndolos por un mero informe. "La aprobación de este Decreto Ley por la Junta de Andalucía supone un retroceso ambiental histórico que introduce cambios legislativos y normativos que pueden provocar importantes daños ambientales y territoriales", explica Juanjo Carmona.
Este Decreto no solo ha hecho saltar las alarmas de las cinco principales organizaciones ambientales, entre ellas WWF, sino que se han anunciado diversos recursos de inconstitucional en su contra. La Junta, de momento, solo ha mostrado intenciones de modificar algunos aspectos para evitar su paralización judicial.
Según WWF, "veintidós años después, la Junta de Andalucía parece haber olvidado una catástrofe que liberó al cauce del Guadiamar 5,5 millones de metros cúbicos de lodos y 1,5 millones de metros cúbicos de aguas ácidas, con un alto contenido en metales pesados y otros elementos tóxicos. Un vertido que envenenó la llanura de inundación del río Guadiamar en más de 60 kilómetros y llegó hasta el Espacio Natural de Doñana. Una catástrofe de la que no hubo culpables y en la que además la empresa Bolidén se fue sin pagar los más de 90 millones de euros que la Junta de Andalucía le reclamó por la limpieza del vertido y la recuperación del Guadiamar y Doñana.
Denuncia Ecologistas
Por su parte, Ecologistas en Acción registró el pasado lunes un escrito de alegaciones al Juzgado nº3 de instrucción de Sevilla, dentro de las Diligencias Previas 975/2015 donde se investigan los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales en la resolución del concurso minero que adjudicó al consorcio Minosbis-Grupo México los derechos para intentar la reapertura de las mina de la Aznalcóllar.
En esas alegaciones, Ecologistas ha dado traslado de dos importantes informes a los que ha tenido acceso recientemente, uno del área de calidad de aguas de la CHG y otro del Instituto Geológico Minero de España (IGME). Ambos forman parte del expediente de solicitud de vertido de la empresa Minera Los Frailes a la cuenca del Guadiamar, y ambos informan desfavorablemente ese vertido, por sus consecuencias tóxicas.
En las bases del concurso minero se establecía la prohibición de “incluir la construcción de un depósito de lodos, ni de un acúmulo de residuos líquidos tóxicos que puedan producir un vertido contaminante” y también incluía la siguiente obligación expresa: “las labores mineras no afectarán a los espacios naturales protegidos, en particular al Paisaje Protegido Corredor Verde del Guadiamar ni producirán un menoscabo de la cuenca de este río.
Sin embargo, según Ecologistas, las autoridades y funcionarios investigados por el Juzgado, informaron en 2015 favorablemente la propuesta que Minorbis-Grupo México presentaba como “vertido cero”, pero que debió ser inadmitida por incumplimiento flagrante de las bases del concurso destinadas a proteger el Corredor Verde del Guadiamar.
La empresa Minera Los Frailes, sin presentarse siquiera al concurso minero, advierte Ecologistas en una nota de prensa, se comporta de manera fraudulenta como titular de una concesión minera que ni siquiera existe todavía, y tramita de hecho una solicitud para verter 14 millones de m3 de aguas contaminadas a la Zona de Especial Conservación Corredor Ecológico del Guadiamar, incumpliendo de manera radical lo establecido en las bases del concurso.
Ahora hemos conocido, y hemos trasladado al Juzgado nº3 de instrucción de Sevilla, que el IGME afirma -en un informe solicitado por la CHG- que existe una conexión hidráulica entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas de los acuíferos del río Agrio/Crispinejo/Los Frailes y del río Guadiamar, por lo que el vertido afectaría a esas aguas subterráneas. Y en consecuencia, los técnicos de la CHG concluyen que, dado su contenido en sustancias peligrosas, mercurio y cadmio, este vertido no puede ser autorizado por la legislación española.
Esto confirma que la propuesta de Minorbis-Grupo México, en la que Minera Los Frailes se ampara, se trataba realmente de un falso “vertido cero”, y por ello Ecologistas en Acción solicita al Juzgado la declaración del Presidente de la CHG y del técnico de la CHG redactor del informe desfavorable sobre el vertido propuesto.
Ecologistas en Acción considera además que el Juzgado nº3 de Sevilla no ha dado cumplimiento completo al último Auto de 6 de febrero de 2020 de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla cuyo ponente fue la Jueza Mercedes Alaya.
