El TSJA activa la cuenta atrás para que la Junta conceda la nueva AAU a la mina de Riotinto
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado firme, con fecha 13 de enero de 2020, la sentencia que anulaba de facto la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la mina de Riotinto y los permisos de reinicio de actividad de la instalación que gestiona Atalaya Riotinto Minera. El Alto Tribunal Andaluz se da por enterado de la resolución del Supremo tras recibir todo lo relativo al expediente administrativo, lo que conlleva la activación de la cuenta atrás para dar cumplimiento a la sentencia.
La diligencia de Ordenación del TSJA obliga a la tramitación en dos meses de la nueva AAU que debe conceder la Junta de Andalucía para devolver la seguridad jurídica al Proyecto Río Tinto, cuestionado por sendas sentencias judiciales ratificadas por el Tribunal Supremo. Si en dos meses la Junta no resuelve la AAU definitiva puede ejecutarse la sentencia, lo que conllevaría al cierre de la actividad minera en la cuenca de Riotinto.
El fallo judicial origen de esta diligencia se produjo a mediados del pasado mes de noviembre de 2019 y desde entonces la mina mantiene la actividad con los permisos cuestionados por la Justicia y sin que los responsables de Medio Ambiente y Minas de Andalucía hayan concedido la nueva AAU. Este proceder ha provocado inquietud en la empresa y en los trabajadores. La primera reclama al Gobierno andaluz seguridad jurídica para un proyecto que lleva consumidos decenas de millones de euros y está sometido a continuos vaivenes en bolsa. Y los trabajadores han llevado la situación al Parlamento Andaluz y a los distintos partidos y estamentos regionales con el objetivo de acelerar la regularización de la mina.
Ahora se activa por tanto la cuenta atrás, a juicio de la parte denunciante del procedimiento (Ecologistas), para que el Gobierno andaluz resuelva la nueva AAU tras el periodo de información pública y las alegaciones presentadas: riesgo de colapso en las balsas de residuos de Gossan, Cobre y Aguzadera, estudio de rotura, informes de expertos presentados por Ecologistas en Acción y aportación de informes sobre posibles impactos en la cuenca del Odiel desde Riotinto hasta la desembocadura en la ría de Huelva por Gibraleón, Corrales y Aljaraque.
Antecedentes judiciales
Cabe recordar que la Sección Primera de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ya había dictado una sentencia que estimó la demanda de Ecologistas en Acción y anuló la resolución de 23 de enero de 2015 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de autorización de reinicio de los trabajos y del plan de restauración en la concesión de explotación de sulfuros polimetálicos en Minas de Riotinto, promovida entonces por Emed Tartessus, actualmente Atalaya Riotinto Minera.
Una sentencia que era consecuencia directa de la que dictó el Tribunal Supremo el pasado 21 de marzo de 2019, que confirmó la firmeza de otra sentencia de la misma sección y sala del TSJA, del 19 de septiembre de 2018, que anuló la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de 27 de marzo de 2014 del proyecto de explotación.
Desde Ecologistas se hace responsable a Atalaya Riotinto Minera de la inseguridad jurídica creada en torno a su proyecto minero. “Desde el principio, tanto la AAU como la autorización minera exigían un espesamiento de los lodos al 50%, que nunca se ha realizado”, explica Isidoro Albarreal, del área de Minería de Ecologistas. Y añade que “no habrá seguridad jurídica mientras no haya seguridad ambiental y ésta pasa por la puesta en marcha de plantas de espesamiento de lodos, inexistentes. Y por supuesto no puede verter hasta que cumpla con esa exigencia de espesamiento de lodos al 50%”.
Los datos que desde Ecologistas han trasladado a Medio Ambiente y Minas también exigen que se dé solución a “los procesos de erosión interna que se están produciendo en los muros de las balsas, procesos que facilitan la contaminación de los arroyos del Tintillo, Rejoncillo y El Escorial”.
Albarreal ha explicado que también han dado traslado a la consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, y a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de los riesgos de rotura de las balsas por la erosión interna que sufren y el proceso de licuefacción apuntado en los informes del profesor Steven Emerman.
Fotos aéreas: Ecologistas en Acción
