CSIF pide al Gobierno que apruebe la subida salarial para los 30.000 empleados públicos de Huelva
El sindicato CSIF ha protagonizado esta mañana una concentración de protesta para exigir al Gobierno que cumpla y garantice la subida salarial pactada de un 2% a partir del 1 de enero del próximo año para todos los empleados públicos, un colectivo que supera los 30.000 trabajadores en la provincia de Huelva y que asciende a más de dos millones y medio a nivel nacional. La movilización, que se ha repetido de forma simultánea en todas las capitales de provincia del país, ha tenido lugar frente a la Subdelegación del Gobierno y supone la primera de una batería de iniciativas y manifestaciones para pedir el cumplimiento de las mejoras laborales y salariales acordadas en 2018.
El pasado mes de octubre, el presidente del Gobierno envió una carta a los sindicatos en la que condicionaba la subida salarial a que el Ejecutivo “esté en plenas funciones”. CSIF valora este gesto pero advierte de que “los empleados públicos no van a tolerar que se retrase ni un día una subida salarial que está firmada y pautada desde el año pasado”.
En este sentido, la central sindical ha reclamado en la concentración que aunque el Gobierno esté en funciones se haga efectiva la medida por la vía del Real Decreto ya está facultado para dictar esta norma; por este motivo, la central sindical entiende que “la prometida mejora queda al arbitrio de su voluntad política”. En esta línea, se pronunciaba el presidente provincial de CSIF en Huelva, Juan Manuel Quilón, asegurando que “no vamos a tolerar que los trabajadores paguemos el pato de nuevo ni que nuestras condiciones laborales se vean perjudicadas por la falta de acuerdo para formar un Gobierno estable. El panorama es aún más preocupante si consideramos que los empleados públicos todavía arrastramos una pérdida de poder adquisitivo de más del 20% pese a que hemos sostenido sobre nuestros hombros el funcionamiento del Estado durante la crisis con profesionalidad, dedicación y sobreesfuerzo por la falta de personal y de inversiones”.
Deterioro de los servicios públicos
En la concentración de hoy también se ha puesto el foco “en la situación de deterioro que afrontan los servicios públicos por la parálisis del Gobierno central y la inercia que se traslada al resto de administraciones públicas”, explicaba Quilón. Respecto al empleo público, “se ha producido un parón en las convocatorias, lo que supone más temporalidad y precariedad y un paso atrás en la calidad de los servicios públicos por la falta de plantillas”. En concreto, sólo se han llevado a cabo el 20% de las convocatorias para las 250.000 plazas acordadas en 2017.
