La crisis de la listeria obliga a aumentar los controles sanitarios en Huelva
A punto de empezar la campaña de ventas más potente de las industrias cárnicas, la crisis de la listeria en Andalucía ha alarmado al sector. La cría de ganado porcino (también bovino, ovino y caprino) para la posterior elaboración de productos derivados del cerdo es el sostén de los 31 municipios que conforman la Sierra de Huelva y parte del Andévalo así como la Denominación de Origen Jabugo ampara el control y la calidad de esos productos ibéricos.
Para los consumidores, en alerta por la listeria, que en Huelva ha afectado de forma grave a 17 personas y a más de 40 de forma leve, es esencial tener garantías del producto que adquieren. Por eso la organización Facua ha presentado un documento que afecta, y mucho, a las empresas de derivados del cerdo ibérico de Huelva y de toda España.
De momento, las autoridades han aumentado los controles sanitarios para la venidera campaña navideña. No quieren nin un susto más tras la crisis de ventas de algunos productos provocada a raíz de la venta de carne contaminada de la sevillana Magrudis.
Facua tiene claro que la crisis de la listeria provocada a raíz de la detección de carne contaminada La Mechá, de Magrudis (Sevilla), se podría haber evitado. Porque los cuerpos de inspección sanitaria de las administraciones están mal dotados y no pueden abarcar ni siquiera la geografía provincial de Huelva.
Una fuente del sector asegura que hay más control para controlar el número de veladores que se ponen en las terrazas que para realizar labores de inspección sanitaria en las fábricas y los negocios de alimentación ya sean supermercados o grandes superficies.
El listado de Facua lo encabeza la petición de exigir “un seguro de responsabilidad civil de cuantía proporcional a su volumen de negocio, cuya existencia y renovación anual será supervisada por las autoridad sanitaria de la comunidad autónoma donde tengan su sede social”. Una petición que afecta de lleno a las grandes superficies y también a los grandes productores del ibérico y mataderos asentados en la serranía onubense.
También cree necesario crear “un fondo de garantía mediante el que las empresas alimentarias tendrán que aportar al Ministerio de Sanidad una cantidad dimensionada sobre la base de su volumen de ventas para cubrir indemnizaciones en los casos en que se sobrepasen las cuantías establecidas en los seguros de responsabilidad civil”.
“Las asociaciones de consumidores representativas y los ayuntamientos serán incorporados a la red de alerta alimentaria para garantizar que reciban la información al mismo tiempo que las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, de manera que puedan contribuir a dar a conocer los casos”, apunta la organización.
Además, todas las empresas dedicadas a la fabricación o importación de alimentos informarán a través de sus páginas web de las alertas alimentarias que sean decretadas sobre sus productos, un extremo que no se ha ido actualizando en el caso de Magrudis.
Los establecimientos minoristas y hosteleros tendrán que informar mediante cartelería de las alertas alimentarias decretadas sobre alimentos que hayan servido al público desde el momento en que tengan conocimiento de las mismas, propone Facua. Una medida que evitaría el silencio sobre la marca en cuestión.
Para Facua, las administraciones competentes en materia sanitaria y de protección al consumidor dimensionarán sus cuerpos de inspectores sobre la base del número de empresas existentes en sus territorios para garantizar la suficiente capacidad de control. En el caso de Huelva, les obligaría a casi triplicar el personas dedicado a ello bien retirando trabajo burocrático, aumentando plazas o redimensionando las plantillas de otros quehaceres más livianos.
Facua pide que los organismos competentes de los ayuntamientos informen “con carácter inmediato a las autoridades sanitarias de las solicitudes de licencias de actividad o la presentación de declaraciones responsables por parte de empresas alimentarias para que verifiquen si cuentan con los debidos registros sanitarios y las incorporen a sus protocolos de inspección”.
En cuanto a las autoridades sanitarias, la organización de consumidores sugiere que “informen a los organismos competentes de los ayuntamientos de las solicitudes de registros sanitarios que formulen las empresas alimentarias para verificar si cuentan con las preceptivas licencias de actividad o, de no ser éstas necesarias por sus características, han presentado las debidas declaraciones responsables”.
Además, “las administraciones sanitarias y agroalimentarias cruzarán sus datos con carácter periódico para verificar si las empresas alimentarias de las que tengan conocimiento están dadas de alta en sus respectivos registros y comprobar la veracidad de los datos incluidos en los mismos”. El punto diez del panel de exigencias incluye la “regulación de los plazos en los que las autoridades sanitarias deberán inspeccionar a las empresas alimentarias en función de los niveles de riesgo de su actividad, los cuáles serán de obligado cumplimiento. La inobservancia de dichos plazos podrá dar lugar a responsabilidad de la administración por mal funcionamiento de los servicios de control oficial”.
Los laboratorios a los que las empresas alimentarias encarguen analíticas tendrán la obligación legal de comunicar con carácter inmediato a la autoridad sanitaria competente los resultados positivos en cualquier riesgo biológico (virus, bacterias...), añade el documento.
También el número de tomas de muestras de alimentos que tendrán que efectuar para su análisis las autoridades sanitarias cada año se redimensionarán sobre la base del número fabricantes, mayoristas, establecimientos minoristas y de hostelería existentes en sus respectivos territorios.
“Las autoridades sanitarias, agroalimentarias y de protección al consumidor publicarán en sus páginas web todas sus resoluciones sancionadoras”, subraya Facua.
En el fondo, Facua exige transparencia total para que la información llegue rápida al consumidor para evitar así que se sigan consumiendo durante días productos contaminados.
El registro sanitario contendrá información sobre la categoría de la empresa en función del riesgo y sobre las inspecciones y controles realizados, con sus fechas, resultados y medidas adoptadas y la revisión de los protocolos de control epidemiológico y su aplicación para garantizar la seguridad alimentaria son las última exigencias presentadas por Facua.
