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El Defensor del Pueblo considera urgente la defensa, conservación y recuperación de vías pecuarias
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El Defensor del Pueblo considera urgente la defensa, conservación y recuperación de vías pecuarias

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El informe de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz (DPA) correspondiente a 2017 marca una serie de recomendaciones sobre las vías pecuarias que conviene resaltar. No es un fenómeno nuevo la usurpación de caminos, cañadas reales, ejidos y zonas de abrevadero de ganado. Lo que sí llama la atención es que muchas de estas apropiaciones transitorias en el pasado se han convertido ya en ocupaciones casi perpetuas, incluidos no solo caminos sino también orillas de riberas y arroyos, cuyas cuencas han pasado a formar parte de las fincas que atraviesan, provocando no pocos conflictos vecinales en medianías y usufructos sobre terrenos a los que no se tiene derecho alguno de disfrute y sí privilegios y servidumbres de paso.

La Oficina del DPA no es ajena a este problema, por lo que en su informe considera “urgente la defensa, conservación y recuperación de vías pecuarias ante un proceso de usurpación por parte de infinidad de propietarios privados”.

El Defensor entiende que “ello ha sido posible por la entidad de estas vías (dispersas, de difícil vigilancia y control legal, vía catastro en mano), lo que hace compleja su protección” pero señala “la pasividad de la Administración autonómica que debe defender este patrimonio, que es de todos, utilizando, sin disimulo, todos los medios existentes en derecho”.

“Consideramos  muy necesario y urgente que se reactive, con medios, compromiso y determinación, el programa de recuperación de vías pecuarias que en la actualidad se encuentra en abandono”, explica la Oficina. Según el Defensor, “no es de recibo que una y otra vez se imponga la vía de hecho sobre el régimen jurídico protector de estos bienes de dominio y uso público, obstaculizando, limitando y, con frecuencia, impidiendo que la ciudadanía pueda disfrutar de su uso y utilización”.

Entra de lleno el Defensor en las cada vez más visibles protestas sociales que recorren el mundo rural.

La usurpación de caminos afecta sobre todo a áreas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche aunque se extiende a toda la provincia, siendo más evidente la situación que se da en zonas protegidas que se supone son sometidas a mayor vigilancia y control de las autoridades.

La Asociación Los pies en la Tierra lleva advirtiendo este problema desde hace años y alerta de que muchos de estos caminos ocupados y usurpados se destinan a cotos de caza. La Asociación se queja de que las denuncias no prosperan. Hasta asegura que hay caminos que han desaparecido de los registros catastrales.

Las quejas del colectivo llaman mucho la atención: caminos vallados hasta con telas cinegéticas que incluso impiden el paso a los servicios contra-incendios forestales, policiales de vigilancia y auxilio. Por no hablar de la existencia de embalsamientos de agua unilaterales para aprovechamiento ganadero que provocan hasta modificaciones en los cauces.

No se entiende cómo existen centenares de sanciones por construcciones ilegales tramitadas por las autoridades del Parque de la Sierra y luego no se actúa con la misma diligencia en la apropiación particular de terrenos comunales.

Los pies en la Tierra ha pedido la implicación de los partidos políticos en el asunto para que hagan visible la problemática en las instituciones.

Izquierda Unida acaba de llevar el asunto a la Diputación de Huelva, a través de una moción presentada por su portavoz, Pedro Jiménez, que utiliza un amplio informe elaborado por la plataforma Los pies en la Tierra después de recorrer decenas de senderos usurpados. El portavoz es Antonio Morano, concejal de IU en la localidad serrana de Castaño del Robledo y activista de la  Asociación Los Pies en la Tierra.

Morano calcula que en toda la provincia de Huelva puede haber cerca de un millar de caminos rurales usurpados y alerta de que, según “las denuncias que nos llegan, la usurpación de caminos se extiende por toda la provincia de Huelva, aunque se da con especial virulencia en la Sierra, como ocurre, por ejemplo, en Jabugo donde todos sus caminos rurales, excepto dos, están cortados por los propietarios de las fincas que atraviesan”.

Izquierda Unida ha reclamado a la Diputación Provincial que pida a todos los ayuntamientos de la provincia de Huelva que realicen un inventario de sus caminos rurales públicos, para proceder a recuperarlos, eliminando las barreras de todo tipo que los mantienen cortados. Para ello hace falta que la Diputación aporte medios y no solo se quede en los registros plenarios como moción aprobada sin desarrollarse.

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El próximo 20 de mayo, Los Pies en la Tierra ha convocado la décima marcha senderista y para ello que recorrerá un camino usurpado situado en el término municipal de Cortelazor.

El inventario de los caminos rurales públicos es una medida fundamental, “pues sólo los municipios de Zufre y Santa Ana la Real tienen inventariados los suyos, lo que no sucede en el resto de municipios, por lo que es seguro que hay cientos de kilómetros de caminos públicos usurpados, donde los propietarios de las fincas que los tienen cerrados llegan a construir hasta instalaciones fijas como almacenes o hasta edificios agropecuarios”, según la denuncia de Antonio Morano.

La iniciativa de Izquierda Unida, que no ha sido apoyada por el PSOE en el Pleno, incluye la exigencia a la Junta de Andalucía para que ayude a esta tarea y “se ocupe de la vías pecuarias, usurpadas también, que son de su competencia y propiedad”.