Denuncian la "impunidad" y la no aplicación de leyes a los usurpadores de caminos públicos
La asociación serrana “Los Pies en la Tierra”, junto a algunos grupos políticos, sindicatos y otros colectivos, han querido denunciar públicamente la "total impunidad" que tienen algunos grandes y medianos propietarios en la Sierra de Huelva, ya que hasta el momento ni las denuncias reiteradas ni las protestas ciudadanas hecho cambiar la situación de "apropiación indebida" de caminos públicos y vías pecuarias en la provincia de Huelva y en toda Andalucía.
Para el portavoz de la Asociación serrana, Antonio Abad Morano, "el Gobierno Andaluz acepta y apoya esta situación y habiendo ya legislación no se aplica. Se archivan cientos de denuncias y otras ni llegan a las instancias oportunas; siempre dependiendo del nivel de poder del propietario de la finca".
Tanto es así que "los guardas de estas fincas o sus propietarios, expulsan con frecuencia a las personas que, ejerciendo sus derechos, quieren transitar libremente por estos caminos". En ocasiones, estas expulsiones se realizan con maneras agresivas y amenazadoras, pero nadie hace nada y las denuncias no sirven para disuadirlos, ya que "se archivan sistemáticamente".
Desde Los Pies en La Tierra, denuncian que no se aplican las leyes existentes en esta materia, "no la acatan los propios Ayuntamientos, ni las Delegaciones de Medio Ambiente, ni la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ni los propietarios, ni siquiera la Fiscalía hacen nada para frenar y poner fin a esta situación".
Desde estas instituciones se "exige irónicamente, la colaboración ciudadana", pero, asegura la Asociación," no sirve de nada. No le hacen caso y quedan expuestos a amenazas y represalias de los propietarios y sus 'matones', como ya ocurrió en Grazalema (Cádiz) con el caso del histórico ecologista Juan Clavero".
La asociación Los Pies en la Tierra argumenta que no son los ciudadanos los que tienen que velar, protestar, manifestarse, etc., para que se cumplan las leyes ya existentes en dicha materia, que es la Fiscalía, Ayuntamientos, y el Gobierno Andaluz quiénes tienen que preocuparse por aplicarlas, no exponiendo la seguridad de la ciudadanía ante los casos de usurpación y cerramientos de caminos públicos.
Aquí se presenta una prueba de una denuncia que se puso ante el cuartel de la Guardia Civil de Aracena en el mes de Febrero, exponiendo como un guarda de una conocida finca de Cortelazor expulsa de manera violenta (verbalmente) a un ciudadano y una ciudadana que transitaban por un camino público. La respuesta del juzgado fue que el caso queda archivado y sobreseído, sin que se considere delito alguno la actuación de guardas y propietarios que, además de cometer un delito penal (artículo 246 del código penal), atentan contra el derecho de libre tránsito por la geografía del país a cualquier ciudadano (artículo 19 de la Constitución Española) por una vía pública.
Para la Asociación Pies en La Tierra, "no se puede permitir que en una democracia ocurran estas cosas, contradictoriamente en la Sierra de Huelva se promueve el turismos y después se permiten que se usurpen Caminos Públicos y Vías Pecuarias, sin que las instituciones que tienen que velar por este patrimonio de titularidad pública y que puede generar riqueza en la provincia, no muevan un dedo al respecto.
La Asociación asegura que, a pesar de innumerables reuniones, acuerdos, hojas de ruta y promesas de las instituciones publicadas en medios de comunicación (Delegación, Consejería, Ayuntamientos, etc….), la situación ha empeorado. Muchos miembros de Los Pies en La Tierra trabajan en el terreno, se “patean” los caminos uno a uno y comprueban que cada vez existen más cancelas ilegales con candados y alambradas ocupando el dominio público, el patrimonio de todas las personas.
