Huelva es la provincia andaluza que menos cumple la legislación sobre depuración de aguas residuales

La organización Ecologistas en Acción viene publicando desde hace un lustro un balance de situación provincial del saneamiento y la depuración de aguas residuales en Andalucía. Para ello, el trabajo que firma Antonio Amarillo, utiliza los datos facilitados por la Consejería de Medio Ambiente andaluza, además de un estudio comparativo y analítico con la evolución de las depuradoras y la calidad de las aguas que se vierten a cauce público y al litoral. En su último informe publicado en el que compara datos desde 2013 hasta 2016, el de 2017 aún no se ha revisado, constata importantes deficiencias en municipios de Huelva de todas las comarcas, incluidos espacios protegidos, parajes naturales, zonas catalogadas como Bien de Interés Cultural o Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, además de parques naturales como el de la Sierra de Aracena o Doñana.

En la provincia onubense el número total de depuradoras asciende a 74 de las que 43 han facilitado datos para el estudio y 31 no. Atendiendo a esta información, el trabajo de Ecologistas subraya que las depuradoras que cumplen con la normativa son las de Alosno, Aracena, Ayamonte, Cala, Cortegana, Cumbres Mayores, El Rompido, Higuera de la Sierra, Hinojos, Jabugo, Paymogo, Puebla de Guzmán, Puente Esuri (Ayamonte), Punta Umbría, San Bartolomé, San Juan del Puerto, Santa Olalla, Tharsis, Valverde, Villablanca, Villanueva de los Castillejos, El Almendro y Zalamea.

Por el contrario, las depuradoras que no estarían cumpliendo con las normativas establecidas son las de El Rocío, Aroche, Bollullos, Bonares, Almonte, Rociana, Condado de Huelva II, Encinasola, Galaroza, Gibraleón, Huelva, Isla Cristina, La Antilla, La Palma, Lucena, Matalascañas, Mazagón, Moguer, Niebla, Rosal de la Frontera, Villalba del Alcor y Villarrasa. Como se ve, los incumplimientos se dan en zonas muy sensibles protegidas por figuras como las de Paraje Natural, Parque Natural, Paisaje Protegido o Lugar de Interés Comunitario, por poner algunos ejemplos.

En otras zonas no hay ni siquiera depuración de aguas, tal y como ocurre en Riotinto, Nerva y algunas aldeas de la Cuenca Minera que vierten directamente sus aguas negras sin depurar al río Tinto. Como es sabido, Paisaje Protegido, incluido en Red Natura 2000 y Lugar de Interés Comunitario además de Bien de Interés Cultural en su cabecera.

La razón principal de incumplimiento, según el trabajo de Ecologistas, se debe a que varias muestras en el año sobrepasan los límites máximos permitidos de contaminación o no alcanzan un porcentaje mínimo de reducción de esta establecidos en el RD 509/96 (la forma de medición se concreta en las Autorizaciones de Vertidos). En menor medida, el incumplimiento se debe a las cantidades de nitrógeno y fósforo total, más que nada porque estos dos parámetros son analizados en muy pocas depuradoras, solo las que vierten a zonas sensibles

Hay que tener en cuenta que este informe se redactó antes de los últimos temporales que han dejado inservibles algunas depuradoras y sus colectores, como ocurrió en Mazagón, y afectado a algunas redes de alcantarillado de muchos municipios, por lo que la situación ha podido empeorar sensiblemente.

Atendiendo a este amplio informe de Ecologistas, en el último año con datos disponibles (2016) siguen siendo Córdoba y Sevilla las provincias con mayor grado de cumplimiento de las actuales normativas, entre el 70% y el 80%. Por el contrario, las provincias de Almería y Huelva apenas superan el 50% en el grado de cumplimiento y eso a pesar de que se aprecia una leve mejoría de la situación a nivel andaluz. Huelva tiene incluso menor porcentaje de cumplimiento que el año anterior, con la salvedad de las muestras de 2014 que mejoró un 12,4% con respecto al año 2013.

La conclusión es clara: Huelva y Almería son las provincias con peores registros en el cumplimiento de las normativas de depuración de aguas residuales municipales.

Respecto a la inversión comprometida por la Junta de Andalucía en Huelva, el montante anunciado alcanza casi 60 millones de euros, de las que no se han ejecutado inversiones por valor de 32 millones de euros. En Huelva, apenas el 55% de la inversión se ha ejecutado. Esta cantidad supone que sea tras Almería la segunda provincia andaluza con mayor porcentaje financiado a través del Canon Autonómico de Depuración.

El panorama que presenta Huelva es más que preocupante. La Consejería solo ha facilitado datos de nueve actuaciones comprometidas. Las otras 23 obras de las que no hay datos para contrastar y analizar se supone, advierte el informe de Ecologistas, que no están ni siquiera redactadas las actuaciones. Según el informe, solamente en la provincia de Sevilla es posible saber la situación de la depuración en todos sus municipios. En lo referente al litoral andaluz, solamente la provincia de Granada cumple lo exigido por la normativa, siendo una vez más Huelva, Almería y en este caso Cádiz las provincias con más problemas de depuración en la costa.

Últimamente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha publicado las licitaciones de contratos para la redacción de seis proyectos de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) para ocho localidades de  Huelva. La población potencial beneficiada con las infraestructuras será de unos 9.000 habitantes de El Granado, Sanlúcar de Guadiana, El Cerro de Andévalo, Calañas, La Zarza-El Perrunal, Campofrío, Rosal de la Frontera y Galaroza.

La inversión es de 833.239,21 euros. Las previsiones de la Junta de Andalucía pasan por disponer de los proyectos a mediados de 2019. La Dirección General de Infraestructuras y Explotación del Agua parte de un presupuesto base de licitación de 590.368,01 euros para las EDARs de El Granado, Sanlúcar de Guadiana, El Cerro de Andévalo, Calañas, La Zarza-El Perrunal y Campofrío. Por otro lado, a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAYA) y con un presupuesto base de licitación de 242.871,42 euros, se redactarán los proyectos de las estaciones de Rosal de la Frontera y Galaroza.

“Para la Junta es una prioridad cumplir con la directiva europea en esta materia, de ahí que vaya más allá de sus propias competencias”. Así opina el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Antonio Cortés, quien ha recordado que la Junta ha llevado a cabo actuaciones para corporaciones locales en materia de saneamiento y depuración con una inversión de más de 1.300 millones de euros en toda Andalucía.

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio actúa en ocasiones sobre depuradoras que se encuentran en mal estado para habilitar instalaciones prácticamente nuevas. Serán los casos de las EDARs de Sanlúcar de Guadiana, El Granado, Rosal de la Frontera y Galaroza. En otros, en cambio, las infraestructuras son inexistentes, de ahí que la Junta proyecte una depuradora para El Cerro de Andévalo, Calañas y La Zarza-El Perrunal, que aglutinan a 7.000 habitantes. En la misma situación se encuentra Campofrío, que demanda una instalación que evite la evacuación al dominio público hidráulico.

Medio Ambiente: Huelva, a las puertas de la plena depuración

“En la actualidad, más del 90 por ciento de la población andaluza cuenta con una infraestructura que le permite depurar a sus aguas frente al 28 por ciento que la tenía en 1992. En Huelva, el porcentaje sube algunas décimas y estamos a las puertas de la plena depuración”, ha declarado el delegado territorial de Medio Ambiente.

La propia Consejería reconoce que las obras para ejecutar una depuradora “pueden durar entre 4 y 6 años, ya que esas infraestructuras requieren de un trabajo técnico de especial envergadura, desde el diagnóstico de la situación de cada aglomeración urbana, hasta la redacción de los documentos técnicos y proyectos constructivos que deben ser aprobados antes de la contratación de la obra”. También “influyen otros factores como la determinación de caudales y cargas contaminantes; coordinación con la administración local receptora de la infraestructura; coordinación con otras administraciones competentes en distintas materias (carreteras, ferrocarril, medio ambiente,…); superar el trámite ambiental y el procedimiento de expropiación; la posible presencia de restos arqueológicos; convenios con entes locales; y la fiscalización de la obra para su posterior licitación, adjudicación y contratación”.

De momento, según el informe de Ecologistas, la Comisión Europea ya tiene abierto contra España 5 procedimientos de infracción, dos de ellos han llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se han incumplido todos los plazos para implementar la Directiva y hay aglomeraciones urbanas señaladas por Europa que siguen sin estar ejecutadas o funcionando correctamente. Andalucía es la región que más depuradoras tiene señaladas por lo que urge la solución a estos problemas y el ritmo para cumplir no es todo lo rápido que se desearía. Además, Ecologistas en Acción ha puesto énfasis en aquellas depuradoras que estando funcionando, no son conformes a la normativa española. Ha llevado los distintos casos a Fiscalía y, tras un periodo de diligencias de investigación, ya están notificando las consecuencias de las mismas.

Con respecto a las actuaciones declaradas de interés por la Junta de Andalucía en 2010, el balance a 31 de diciembre de 2016 indica unos ingresos por canon autonómico de 444.069.801,80 €, de los que solo se ha ejecutado poco más del 36% (160,4 millones €), lo que supone una disminución de 8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Además, si a lo que se ha ingresado por canon y no se ha ejecutado le restamos la inversión en ejecución comprometida (a financiar por el canon de mejora), nos queda una cantidad de más de 106 millones de euros que no están previstos ejecutar por ahora. Un dato que se ha duplicado respecto al balance publicado el año anterior, subraya Ecologistas.

De las 300 actuaciones declaradas de interés, solo hay datos de 155, de las que el 40 % están ejecutadas y el 50 % están en ejecución. El resto más el porcentaje de las actuaciones sin datos, da un resultado aproximado de 57,8 % de actuaciones sin iniciar, lo que supone una reducción en 4,7 puntos porcentuales respecto al balance publicado el año anterior.