Atalaya niega las acusaciones del ecologista Antonio Ramos y solicita una rectificación pública
La empresa minera responde a la carta publicada por el representante de Ecologistas en acción en este medio y pide, desde el respeto al papel de las organizaciones ecologistas, que se eviten las afirmaciones falsas en contra de una empresa y de todo un sector, y reitera su compromiso con la excelencia en materia ambiental y el fiel seguimiento de las leyes, normativas y resoluciones en materia ambiental y de seguridad.
El pasado 5 de abril se publicó en este medio una carta de D. Antonio Ramos en la que se vertían graves acusaciones contra Atalaya Mining basadas en informaciones, como poco, sacadas de contexto. Desde el máximo respeto al papel de las organizaciones como la representada por el Sr. Ramos, la compañía se ve en la obligación de reiterarle la petición para que se retracte de afirmaciones falsas realizadas en un medio público. Dicha petición se le realizó por escrito y de forma privada con el ánimo de que corrigiese dichas declaraciones que ponen en duda la honorabilidad y buen hacer de nuestra empresa.
Aunque sería muy extenso entrar en cada uno de los puntos tratados por el Sr. Antonio Ramos, si queremos aclarar algunos aspectos que pueden causar alarma social. En las acusaciones realizadas por el Sr. Ramos se afirma que se han vertido aguas de forma no autorizada, lo que es rotundamente falso y queremos desmentir totalmente. Todas las aguas del proceso y de la mina se gestionan de acuerdo a la legalidad y son reutilizadas gracias a la planta de tratamiento existente.
De igual modo queremos reiterar nuestra petición al Sr. Ramos para que rectifique en relación a dicha planta tratamiento de aguas que él afirmó que no existía lo que, de nuevo, es rotundamente falso y fácilmente comprobable.
Queremos reiterar que la compañía Atalaya Riotinto Minera SLU así como su matriz Atalaya Mining Plc tiene como premisa fundamental para el desarrollo de su actividad el respeto al medio ambiente y el fiel seguimiento de las leyes y normativas en materia ambiental y de seguridad, así como las resoluciones de las administraciones competentes.