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Ratifican el archivo del caso de la compra del campo de golf de Matalascañas

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Esta petición había sido formulada por algunos de los implicados en el caso contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma.

El Ministerio Fiscal se ha adherido de nuevo a la petición de sobreseimiento provisional formulada por algunos de los implicados en el caso de la compra del campo de golf de Matalascañas, en Almonte (Huelva), contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Palma del Condado, encargado de la causa, que finalmente ratificó los indicios de delito por presunta prevaricación y fraude en la contratación pública por parte del exalcalde socialista de Almonte Francisco Bella y de los concejales de su equipo de gobierno, y de antiguos socios del espacio.

Según reza en el escrito judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal sostiene que los concejales no cometieron el delito de prevaricación, ya que “sólo queda acreditado que los recurrentes actuaron atendiendo a los informes del secretario y del interventor del Ayuntamiento, los cuales no plantearon objeción alguna ni tacha de legalidad a lo actuado, de forma que ello impide apreciar que el acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 8 de abril de 2009 pueda ser tildado de arbitrario”, a lo que añade que “no se aprecia una connivencia entre los concejales y los socios de la empresa”.

De igual modo, vuelve a rechazar que los hechos puedan ser constitutivos de delito de fraude en la contratación pública y argumenta que el informe pericial que estudia la comparación del valor de la fincas permutadas en la aldea de El Rocío y el pago en metálico por el campo de golf, que es “muy superior” al de la empresa Exclusivas Doñana, “no ha sido sometido a contradicción y es criticado por los recurrentes al entender que no tiene soporte técnico adecuado”.

Entre otras cuestiones, la Fiscalía entiende además que el hecho de que el secretario y el interventor del Ayuntamiento presentasen informes favorables suponen elementos que “eximen” a los ediles implicados de que pudieran haberse tomado decisiones al respecto.

Por último, el fiscal ha puntualizado en su escrito que entre los concejales y los propietarios “no ha habido connivencia dado que incluso salieron perdiendo en la operación al haberse sobrevalorado las fincas que fueron permutadas”.

Cabe recodar que el pasado mes de marzo el fiscal emitió su primera petición de sobreseimiento de este caso y que en ese mismo mes el juez desestimó hasta cuatro recursos presentados por algunos implicados en esta causa contra el auto de procesamiento dictado en septiembre de 2013. Así, consideró “suficientes los indicios que existen por el momento” y anunció que continuaría con las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado.

En el citado auto judicial de septiembre, el juez descartó la malversación de fondos públicos, no obstante por la posible comisión de los otros dos delitos el juzgado ordenó la continuación de la tramitación de las presentes diligencias. A su vez, descartó la declaración como imputados del secretario e interventor del Ayuntamiento almonteño al considerar que su actuación “fue meramente accesoria”

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