Investigaciones judiciales del caso
De las investigaciones realizadas, el juez asegura que se puede llegar a la conclusión de que los imputados por prevaricación --exalcalde y concejales-- "se habrían valido de su condición para adoptar una decisión arbitraria, es decir adquirir para el Consistorio municipal una empresa deficitaria entregando a cambio bienes inmuebles y una cantidad dineraria que superaba los dos tercios el valor real de la entidad, sin seguir la tramitación prevista por la legislación". A su vez, señala que esta actuación "le habría generado al resto de imputados un beneficio económico, resultando perjudicado el Ayuntamiento".
Sin embargo, el fiscal considera que "no se aprecia el elemento subjetivo de actuar con la intención de perjudicar al Ayuntamiento", por lo que no ve ni prevaricación ni fraude de contratación en los hechos.
El caso arrancó en abril de 2012 cuando el juzgado admitió a trámite la denuncia que interpuso a principios de marzo el Ayuntamiento de Almonte, gobernado por el PP, contra el anterior equipo de gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por la compra en el año 2009 del campo de golf de Matalascañas por 7,5 millones de euros, "a pesar de que el valor real de las instalaciones deportivas no superaba los tres millones", según alegó el propio Consistorio.
El Ayuntamiento presentó esta denuncia en relación al acuerdo de pleno de 8 de abril de 2009, de permuta de parcelas y adquisición de participaciones sociales de Exclusivas Doñana S.L., adoptados "al margen del procedimiento legalmente establecido y en cumplimiento del protocolo suscrito en noviembre de 2008 con el Ayuntamiento de Almonte", según informó el propio Ayuntamiento almonteño.
