¿Se presentará Pablo Comas como acreedor del Recreativo?
La necesidad de conocer la cuantía y la estructura de la deuda del Recreativo mediante una auditoría forense, es el argumento más utilizado por el Ayuntamiento para continuar ajustándose a su hoja de ruta. Frente a esta posición inmovilista, cada día crecen las voces que solicitan al Consistorio un cambio de política, ante la certeza de que si no hay solución previa al cierre del mercado de fichajes de invierno, el equipo descenderá a Tercera División.
Expertos legales consultados por DiariodeHuelva.es, sin embargo, se muestran sorprendidos por la argumentación de los políticos. Entienden que ha habido tiempo suficiente desde el pasado 6 de octubre, cuando tomó posesión el nuevo Consejo de Administración, como para averiguar las cantidades exactas que se adeudan y el listado de acreedores.
Señalan que conocer la deuda con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social es un simple proceso burocrático, y lo mismo cabe indicar del dinero que se debe a técnicos, jugadores, canteranos y empleados. Sólo podría haber dudas con los acreedores privados, pero difícilmente justificarían que se aplazara la venta dada la situación de la entidad. Debe haber algo más y ese algo más podría ser Pablo Comas.
Los letrados se muestran convencidos de que el madrileño se presentará como acreedor del Recreativo y reclamará las cantidades que asegura haber invertido en el club durante su mandato, más aún cuando ha denunciado la expropiación de sus acciones como ilegal. La legislación vigente así lo permite y este no sería el primer ni el último caso de un empresario que obrara de este modo.
Cabe recordar que el representante de Gildoy España SL señaló ante el Juez que instruyó la querella del Trust que había invertido 6,4 millones de euros, si bien, su Señoría señaló en la instrucción que Comas no había aportado prueba alguna de ello. Y es de esperar que no cometa ese error dos veces. Esta circunstancia y la búsqueda de nuevos documentos para la denuncia de los trusistas explicarían la apuesta por la auditoría forense, aún a costa de asumir el riesgo de que el Recre esté sentenciado el 31 de enero.
