El techo constitucional
Ayer me decía una jurista que el derecho de la propiedad es después de el derecho a la vida, un derecho difícilmente quebrantable. Lo hablábamos tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, conocida ya como ley antidesahucios.
¿Qué reparos judiciales tan consistentes pueden existir para suspender una ley antidesahucios?
Me he dado una vuelta por las páginas de nuestra Carta Magna para intentar comprender cómo pueden colisionar, si es que esa fuera la razón, los derechos de vivienda y propiedad de manera que prevalezca el "tener" y no el "deber".
Es curiosamente contradictorio y más aún en tiempos de crisis que las nuevas políticas habitacionales y urbanísticas, no estén encaminadas a ampliar el alcance del derecho a una vivienda digna olvidando establecer como prioridad real la situación de los más vulnerables y, sobre todo, haciendo la vista gorda a los actos especulativos y antisociales más graves acontecidos en esta joven democracia española.
Y es curioso que bajo el "paraguas del recurso de inconstitucionalidad" se pongan trabas a las iniciativas normativas que nacen desde las Comunidades Autónomas para paliar el ya familiarizado mensaje de "ni gente sin casa, ni casa sin gente".
El espíritu con el que se redactó nuestra Constitución aún tiene rastro de este derecho en la estela de su articulado. Y si bien es cierto, más allá de los nuevos tiempos políticos, de las ideologías neoliberales o de las políticas mercantilistas, existen cuestiones de tal calado que como seres humanos no deberían depender del gobierno de turno y de su programa electoral. El tiempo, la coyuntura de crisis, en la que vivimos necesita de políticas que aspiren, como indica Pisarello, "a concretar, en el ámbito de la vivienda y del urbanismo, el mandato constitucional de promoción del principio del Estado social (art. 1.1 CE), de la igualdad real (art. 9.2 CE), de la solidaridad territorial (art. 138.1) y de la sostenibilidad ambiental (arts. 45, 46, 47), así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado español en materia de derechos habitacionales y residenciales". Se trata de querer, de intencionalidad y de voluntad política en pro de las personas que más lo necesitan.
¿Por qué este gobierno copia políticas económicas de otros países y no toma como referencias actuaciones en materia de vivienda social también de otros países? Por citarles un ejemplo, en Escocia existe una ley de 2003 sobre personas sin hogar 'Homelessness Scotland Act', que obliga a los gobiernos
a asegurar una vivienda digna para todas las personas que lo necesitan, como primer paso para asegurar este derecho fundamental. Y como este caso podemos encontrar otras iniciativas en Europa y en nuestro propio país encaminadas a resolver, al menos de manera urgente, la situación de emergencia en la que se encuentran muchas familias en un país que se dedica sólo a presumir de cumplir el déficit.
Es posible que no sea la Constitución la mejor excusa para poner trincheras a la búsqueda de soluciones para "los de abajo". Y es posible, que esta iniciativas normativas sean simplemente cortafuegos coyunturales que nos lleven a un análisis profundo de nuestra carta de derechos y deberes, y a una más que necesaria reforma constitucional. Al fin y al cabo, para contentar los intereses del capital sólo fue necesaria una cita nocturna del bipartidismo para reformar el artículo 135.
¿Acaso no puede convertirse nuestra Constitución en un techo para los más necesitados? ¿Se pronunciaría el Tribunal Constitucional si todos los partidos políticos de este país estuvieran de acuerdo con la ley antidesahucios? O es que igual este "déficit" no interesa. A qué espera este país para construir el techo constitucional que cobije a los más necesitados, a los vulnerables, a los desahuciados...
@yo_soydelsur