¿Proyecto E-Justicia?
Creo recordar que fue en 2009 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), concretamente la Comisión de Organización y Modernización Judicial, apostó por la incorporación de las nuevas tecnologías a través del proyecto E-Justicia, con objeto de mejorar la imagen de la Justicia y dar un mejor servicio a los ciudadanos.
La rapidez al acceso a la información, la inmediatez a la comunicación, la seguridad en el traspaso y envío,…entre otros, deberían ser los parámetros de sensibilidad, protección, amparo, resguardo, salvaguardia y defensa de los valores esenciales en el trabajo de jueces y magistrados, y que al mismo tiempo proporcionarían adecuados recursos para un mejor servicio a la ciudadanía española, ¿pero realmente es así?
Si no me falla la memoria la comisión citada ut-supra perseguía como objetivo primordial dar cumplida respuesta al Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia para que en un corto espacio de tiempo, se diera un vuelco sustancial en la mejora de la imagen de la Justicia y de los Jueces, liderando un cambio hacia la modernización y situando al sistema judicial en la era de la sociedad de la información: ¿quién se cree esto después de los Gurtel, Eres, Blesa, Bárcenas, Urdangarín, Infanta Cristina, Mata,…?
La ciudadanía no comparte esta idea y yo tampoco. No hay más que recordar, entre otros, los casos como el de Mari Luz y de Marta del Castillo que ni hubo vuelco ni se ha completado, ni mucho menos, la idea inicial del CGPC.
Podríamos preguntarnos: ¿si no se hubiese producido estos hechos luctuosos el Poder Judicial estaría tan inquieto?
La Carta de Derechos de los Ciudadanos habla de una Justicia electrónicamente avanzada y ágil, una Justicia en la que de la interacción se pueda pasar a la transacción. La Administración de Justicia tiene la obligación de asumir y adaptarse a las nuevas tecnologías, pero para ello tiene que haber un cambio de las estructuras organizativas.
A pesar de que el CGPJ ha apostado fuerte por la incorporación de las nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas en el ámbito de la Administración de Justicia, englobándolas en el mencionado proyecto integral, no veo que en nuestro país se imparta una justicia como Dios manda, sin distinción entre pobres y ricos para la rapidez o lentitud, respectivamente, en la ejecución de una sentencia.
Mi reflexión es:
¿Por qué han tardado tanto los jueces en darse cuenta de que existen las Nuevas Tecnologías cuándo no tenían más que adaptar el modelo informático del Ministerio de Hacienda, que ¡funciona y demasiado bien!?
Permítanme sus señorías: humildemente creo que el proyecto E-Justicia debe ser la garantía de un sistema integrado de gestión de los procesos judiciales, y hay que cambiar el chip, y hablar de Tecnologías de la Información y de la Comunicación y dejen de utilizar el término de nuevas tecnologías ya que, como sigan así no tendrán más opción al continuo lamento y luchen por mejorar lo trascendental para la ciudadanía: UNA JUSTICIA JUSTA CON O SIN NUEVAS TECNOLOGÍAS.